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El V Aniversario de la II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos

Los Frutos de Viena

Hace un lustro los derechos humanos de las mujeres quedaron consagrados en un documento avalado por la comunidad internacional bajo la denominación de Declaración y Programa de Acción de Viena. El documento, producto de largos debates y tratativas, fue aprobado por los 160 países que acudieron a la convocatoria de las Naciones Unidas para participar en la II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos realizada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993.

Este año se cumplen cinco años de la realización de esta Conferencia que produjo cambios importantes en el ámbito de los derechos de las mujeres y que hoy en el marco del cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adquiere mayor significado. ¿Qué representó para las mujeres esta Conferencia, y cuáles son sus logros más evidentes en el tiempo?

En primer lugar, el reconocimiento de que los derechos humanos son "un patrimonio innato de todos los seres humanos", principio recogido en la Declaración y Programa de Acción de Viena que establece que "los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales", y que "la violencia y todas las formas de acoso y explotación sexual, inclusive las derivadas de prejuicios culturales y del comercio internacional, son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas".

En el terreno de las concreciones, la II Conferencia Internacional de Derechos Humanos, permitió y/o impulsó la creación de tres importantes instrumentos que han ampliado las posibilidades de acción de las ONG, y los movimientos de mujeres en América Latina y el Caribe. Estos instrumentos son: la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General de las Naciones Unidas cinco meses después de la Conferencia de Viena (diciembre de 1993); el nombramiento de una Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (marzo de 1994) y la aprobación por la OEA de la Convención Interamericana, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (junio 1994).

Antecedentes

Este largo proceso tiene una historia que se origina en 1985 a raíz de la III Conferencia Internacional sobre la Mujer realizada en Nairobi. En esa oportunidad, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas acordó una serie de resoluciones en contra de la violencia y discriminación hacia la mujer; además, meses antes de la realización del evento de Viena, sugirió que se incluyera en las discusiones el tema de la discriminación de género. Igualmente, otra instancia del sistema de las Naciones Unidas, como la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, recomendó que los derechos de las mujeres fueran parte integrante del programa de la Conferencia. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sugirió que en esta Conferencia se pusiera de relieve que la igualdad de la mujer es un importante tema de derechos humanos y que se examinara la eficacia de los tratados de derechos humanos en la promoción de la igualdad. Finalmente, el aporte de UNIFEM se orientó a potenciar estas acciones a través de las ONG de mujeres. A ello debe agregarse el activismo de las ONG y movimientos organizados de mujeres en diversas partes del mundo que trabajaron durante tres años para llevar propuestas a la Conferencia de Viena, donde realizaron una labor de cabildeo y gestión con las delegaciones de gobiernos, representantes de organizaciones de derechos humanos y de organismos internacionales.

Un antecedente igualmente a rescatar es la Declaración de San José sobre Derechos Humanos, producto de la Reunión Regional para América Latina y el Caribe celebrada en enero de 1993, en San José, Costa Rica. En esta Reunión, preparatoria de la Conferencia de Viena, los gobiernos reiteraron que el Estado debe otorgar prioridad a las acciones que contribuyan al reconocimiento de los derechos de las mujeres en toda su extensión.

El punto de partida que marca el proceso post Viena es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer aprobada por las Naciones Unidas el 1º de diciembre de 1993 y que en lo central califica la violencia contra la mujer por parte del Estado o por particulares, como una violación de los derechos humanos. Esta es la primera vez que las Naciones Unidas aprueban una declaración que afecta el ámbito privado de la familia. La resolución define la violencia contra la mujer "como todo acto de violencia basado en la diferencia de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada".

La Relatora en acción

Uno de los logros más efectivos de Viena fue la creación por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del cargo de Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, nombramiento que recayó en la abogada de Sri Lanka, Radhika Coomaraswamy en junio de 1994. El nombramiento de esta Relatora fue una demanda y un logro de los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe a esta Conferencia.

La labor de Coomaraswamy, cuyo mandato de tres años fue ampliado en 1997 hasta el año 2000, se ha centrado en recabar información a los gobiernos, investigar sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y recomendar medidas para acabar con este flagelo. Desde el comienzo su labor fue avalada tanto por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como por su Secretario General, que han pedido a todos los gobiernos que presten su colaboración y asistencia a la Relatora en el desempeño de su trabajo.

En su primer informe de 1995 ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Coomaraswamy puso énfasis en señalar que "la inercia de los gobiernos es la primera causa de los avasallamientos sufridos por las mujeres: la tolerancia y la permisividad que circundan los abusos de los cuales ellas son víctimas hacen que el fenómeno frecuentemente sea invisible. En el contexto de las normas recientemente adoptadas por la comunidad internacional, el Estado que no toma medidas para reprimir los actos de violencia contra la mujer es tan culpable como sus autores. Los Estados tienen la obligación de impedir, investigar y castigar los delitos inherentes a la violencia contra la mujer".

Entre 1996 y 1997, Radhika Coomaraswamy visitó Europa del Este, Asia y Africa. También estuvo en algunos países de América Latina y el Caribe para obtener información sobre situaciones de violencia doméstica, violencia contra las trabajadoras migrantes, tráfico de mujeres y violencia contra las refugiadas. En este marco visitó Brasil a invitación del gobierno de ese país. Cabe destacar que el informe de 1997 tuvo como eje el tema del Tráfico de Mujeres y Trabajo Forzado, particularmente sensible a las organizaciones de derechos humanos y a los movimientos de mujeres del continente. (En cuadro aparte destacamos algunos aspectos de este documento).

En 1998, Radhika Coomaraswamy centrará su trabajo en la violencia perpetrada o tolerada por el Estado: torturas, situación en los centros carcelarios y en instituciones siquiátricas. Incluirá además la situación de pobreza en que viven miles de mujeres como producto de los programas de ajuste estructural, ya que la pobreza ha sido tipificada como violencia económica contra las mujeres. En este sentido, la Relatora ha hecho un llamado especial a todas las organizaciones de mujeres y ONG del continente para que colaboren con ella, enviando información sobre estos aspectos.

El peso que tiene este tipo de acción de monitoreo y vigilancia sirve para sacar a luz ciertas situaciones escasamente conocidas o que son invisibilizadas, como el caso de las mujeres migrantes que ingresan al servicio doméstico. Precisamente el informe de 1996 de la Relatora toca este ámbito. Según ella, el problema de la violencia contra este sector adquiere proporciones cada vez mayores. "En parte, dice en su informe, el silencio que rodea a la violencia contra estas trabajadoras resulta de la falta de voluntad, tanto de los Estados de origen como los de destino, para admitir su responsabilidad respecto de ellas, a causa de los beneficios económicos que reporta la mano de obra migrante y de la falta de documentación sobre este tipo de violencia". A esto se agrega su situación de aislamiento respecto de su propia comunidad y familia, además de las formas de sexismo, racismo y clasismo a que se ven sometidas y que agravan más su condición.

Unica en el mundo

Un avance en materia legislativa a favor de las mujeres de la región después de la Conferencia de Viena es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, llamada también Convención de Belém do Pará porque fue en ese estado de Brasil donde la OEA la aprobó por unanimidad. Sancionada en junio de 1994 es considerada única en el mundo.

Según la abogada argentina Susana Chiarotti, varios elementos hacen que esta Convención "sea un instrumento sumamente valioso para trabajar no sólo por la eliminación de la violencia, sino también por la erradicación de la discriminación contra la mujer". Según Chiarotti, actual Coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, un primer elemento de peso es el que plantea "el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y el derecho a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación" (Art. 5). Un segundo elemento se refiere a la responsabilidad del Estado de los actos de violencia cometidos contra las mujeres, tanto directamente a través de sus agentes, como indirectamente por particulares. Y no sólo por acciones sino por omisiones.

Un tercer y último elemento señalado por Chiarotti es la posibilidad que tienen las organizaciones y las personas de acudir, por hechos u omisiones que violen esta Convención, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con peticiones que contengan denuncias o quejas. Esto quiere decir que una mujer u organización de mujeres puede denunciar ante esta instancia los vacíos y la discriminación en las leyes y la forma cómo se implementan las legislaciones. A la fecha un total de 23 países de la región han firmado y ratificado la Convención, la que según Rhonda Copelon, abogada y activista de los derechos humanos es el "primer pacto en el mundo que reconoce el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y que crea medios supranacionales para denunciar las fallas de los Estados en la prevención, sanción y medidas para eliminar la violencia de género".

Otro paso igualmente importante producido después de Viena, es el proyecto de Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Se trata de un procedimiento de denuncia ante el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Convención. Este instrumento actualmente se encuentra en la etapa de discusión por una comisión nombrada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

En síntesis, Viena posibilitó importantes cambios legislativos y dotó a las ONG y organizaciones de mujeres de estratégicos instrumentos para la acción.

Fuente:

Centro de Información y Documentación de Isis Internacional.
Correo Electrónico: isis@reuna.cl

TRAFICO DE MUJERES UNA REALIDAD

  • Se define como tráfico de mujeres a todos los actos en los que se utiliza el reclutamiento y el desplazamiento para trabajos o servicios, dentro y a través de fronteras nacionales, por medio de violencia o amenaza de violencia, abuso de autoridad o posición dominante, cautiverio por deuda, engaño y otras formas de coerción.
  • Las mujeres expuestas a esta situación tienen en promedio entre 18 a 45 años. No obstante, algunas investigaciones apuntan que las latinoamericanas son mayores: 30 a 45 años y que tienen hijos.
  • Las afrocaribeñas y las latinoamericanas se concentran en los trabajos peor pagados. Las mulatas o latinas de tez clara son preferidas a las mujeres negras.
  • Emigran con visa de turista o de trabajo. Algunas regresan una vez vencida la visa, pero otras se quedan ilegales o viajan a otro país.
  • Segœn una encuesta del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) de República Dominicana, el 19 por ciento de las mujeres reclutadas lo hacen a través de traficantes y redes operacionales.
  • En 1991 cerca de mil peruanas fueron llevadas a Holanda a través de un mecanismo de adopción simulada. La víctima entra legalmente al país, pero su "padre" puede someterla a condiciones de trabajo abusivas.
  • Se estima que cerca de 50.000 dominicanas se encuentran ejerciendo la prostitución en Holanda y Alemania.
  • Se calcula que cerca de 3.000 mujeres mexicanas ejercen la prostitución en Japón luego de ser reclutadas por una red de traficantes de ese país.

Fuente:
Informe Regional de América Latina y el Caribe sobre Tráfico de Mujeres y Trabajo Forzado, preparado para la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer. Autoras: Yamila Azize de Puerto Rico y Kamala Kempadoo de Estados Unidos. 


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Para mayor información, sírvase contactar a  Aparna Mehrotra, Punto Focal para la Mujer, Tel: (212) 963-6828 Fax: (212) 963-9545, e-mail:  mehrotra@un.org  

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