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Los derechos de las ciudadanas

El 8 de septiembre se celebra el Día de la Ciudadanía de las Mujeres. Esta fecha fue instaurada por los movimientos de mujeres de América Latina y el Caribe después de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, realizada en septiembre de 1995. Este año, la celebración se enmarca en la Campaña de las Naciones Unidas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas Una vida sin violencia, un derecho nuestro.

La fecha tiene la finalidad de realizar un efectivo ejercicio de ciudadanía a través de acciones propositivas que signifiquen dar seguimiento a las políticas adoptadas por los gobiernos en estos tres últimos años respecto a la Plataforma de Acción de Beijing. Y a su vez, enlazar este monitoreo con las diversas iniciativas a favor de los derechos humanos de las mujeres.

La Plataforma de Acción, aprobada en la Conferencia de Beijing, tiene un conjunto de medidas destinadas a superar las condiciones de discriminación en que se encuentran las mujeres, y en especial a eliminar la violencia ejercida contra ellas. Para esto las organizaciones de mujeres cuentan con un instrumento que es el Indice de Compromiso Cumplido, o Indice de Compromiso Ciudadano, mecanismo de fiscalización orientado a generar formas de participación ciudadana con capacidad de influenciar en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.

Ejercer ciudadanía es algo más que el acto de concurrir a votar. Como advierte la socióloga guatemalteca Ana Cecilia Escobar, para las mujeres, "la ciudadanía se ejerce en la medida que somos capaces de interrelacionarnos como sujetas, entre nosotras mismas y con los otros, con el Estado, con sectores de la sociedad civil. Esto pasa necesariamente por la politización de lo privado, que tiene que ver con los derechos individuales y la conciencia de la apropiación del propio cuerpo y el acceso al mundo considerado público".

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- afirma que para ello es esencial empezar a construir ciudadanía desde la niñez, lo que implica brindar una educación de calidad en igualdad de condiciones para niñas y niños, a fin de acceder a todas las áreas de estudio. "Reconocer a las niñas como ciudadanas, es otorgarles los mismos derechos a la participación y expresión de sus opiniones en la escuela, la familia, la comunidad, y a la protección contra toda forma de violencia". Además, "reconocer el vínculo entre la ciudadanía de la niña, la construcción de las bases de la equidad en la niñez, y la ciudadanía de las mujeres, es un punto clave en nuestra campaña hacia el futuro".

Región pionera en legislaciones

Una encuesta realizada, por tercer año consecutivo, por La Red de Mujeres para el Desarrollo y Medio Ambiente, WEDO (siglas en inglés), con sede en Nueva York, constató que más del 70 por ciento de los 187 gobiernos presentes en la Conferencia de Beijing, han elaborado planes para poner en práctica los compromisos asumidos.

En este informe, América Latina y el Caribe aparecen como región pionera en materia de legislación contra la violencia de género. El balance indica que cerca de 26 países tienen leyes para erradicar la violencia sexual e intrafamiliar.

México. Por ejemplo, aprobó una ley contra el incesto y la violación dentro del matrimonio. Colombia, que también ha legislado en este aspecto, reformó hace poco el Código Penal e incrementó las penas para los distintos delitos sexuales, en especial los cometidos contra menores de edad, y cambia la denominación de "pudor sexual y delitos contra la libertad", por la de "delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana".

Costa Rica aprobó en diciembre de 1995 la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. Uruguay, a través de la reglamentación de una norma contra la discriminación laboral, establece como forma grave de discriminación el acoso sexual en el trabajo. La ley habilita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a amonestar, multar o clausurar al establecimiento donde se haya producido un hecho de este tipo.

Otro importante logro es el aumento de las comisarías de la mujer. Un ejemplo es Ecuador cuyo gobierno firmó un decreto, en 1997, que incrementa el presupuesto para las comisarías, y prometió crear otras hasta llegar a cubrir las 21 provincias del país. En cuanto a mecanismos para canalizar denuncias y propuestas, están las Defensorías de la Mujer en Costa Rica y Perú. La Comisión de la Mujer del Gobierno Central y la Oficina de Asuntos de la Mujer de San Juan, Puerto Rico, inauguraron el año pasado las denominadas "líneas calientes", a las cuales pueden llamar las mujeres para denunciar hechos de violencia.

Iniciativas pioneras son los programas de capacitación en violencia de género para miembros de la Policía, implementados por el Servicio Nacional de la Mujer –SERNAM- de Chile, y los dirigidos al personal de administración de Justicia de los países andinos. En este caso, el programa lo inició y organizó la oficina de UNIFEM – Región Andina, con sede en Quito, y forma parte de su línea de trabajo para la prevención de la violencia de género.

En el ámbito de los municipios, la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, aprobada en 1996, es considerada de avanzada en lo referente a las demandas de las mujeres, porque incorpora una serie de capítulos referidos a la igualdad de derechos de mujeres y hombres ante la ley. Asimismo, reconoce como derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos y establece sanciones contra la violencia de género.

Obstáculos para la ciudadanía

Sin embargo, hay obstáculos para el cumplimiento de la Plataforma de Acción. El aumento de los niveles de pobreza y políticas de reestructuración económica en muchos países de la región, afectan principalmente a las mujeres e incide en la reducción de presupuestos estatales, lo cual va en detrimento de los programas dirigidos a mujeres y, en consecuencia, de sus posibilidades de ampliar el ejercicio de la ciudadanía.

La VII Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al Desarrollo Económico y Social, fue convocada por la CEPAL a fines de 1997, en Santiago de Chile, para evaluar los logros de la región después de Beijing y presentar recomendaciones destinadas a acelerar el proceso de cambios de acuerdo con lo dispuesto en el programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001. Como punto de partida, identificó aquellos obstáculos "que dificultan a las mujeres la efectiva práctica de la ciudadanía, particularmente respecto a la participación en el poder y la toma de decisiones, así como aquellos que emanan de la condición de pobreza, con miras a proponer medidas para su más pronta recuperación".

Previamente, representantes de 80 ONG de diversos países realizaron el Foro Las Mujeres y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, evento organizado por el Grupo Iniciativa Chile "De Beijing al 2000". Este Foro elaboró la Declaración Política de las Organizaciones No Gubernamentales, presentada a los gobiernos asistentes a la VII Conferencia Regional.

Entre los puntos más destacados de la Declaración están los referidos a la violencia de género como un elemento de atraso para el desarrollo de las sociedades. Por ello se llama a "promover políticas de superación de la pobreza que tomen en cuenta todos los factores que producen la pobreza, desde los más personales -falta de autoestima, autonomía y violencia contra la mujer- pasando por los de carácter social como el acceso a la salud, educación, hasta servicios técnico financieros".

Las estrategias a favor de la ampliación de la ciudadanía de las mujeres están en estrecha relación con las condiciones de subordinación en las que se encuentran. Precisamente este replanteamiento del concepto de ciudadanía sirve para que los grupos de mujeres que luchan contra la violencia en todas sus formas, den un contenido político a sus acciones. El slogan "democracia en el país y en la casa" ilustra la caracterización que las mujeres le dan a la violencia que se produce dentro del recinto privado. A su vez, esta reconceptualización de ciudadanía ubica a la pobreza, la falta de acceso de las mujeres a las decisiones de poder, y los crecientes índices de violencia sexista, como factores que distorsionan la construcción de una verdadera democracia porque no permiten generar y establecer un auténtico ejercicio ciudadano.

  Obstáculos para ejercer la ciudadanía

• En México, 19 millones de mujeres son jefas de hogar con empleos precarios.

• En América Latina y el Caribe, el salario femenino está por debajo del masculino en un 27 por ciento.

• Las mujeres de la región dedican entre 31 y 41 horas al trabajo doméstico, mientras que los hombres dedican de 5 a 13 horas.

• Según el Instituto Brasileño de Estadísticas, de cada 100 desempleados en Brasil, 60 son mujeres.

• Las mujeres paraguayas ganan un 30 por ciento menos que los hombres.

• Según un informe de las Naciones Unidas, en las áreas rurales las mujeres trabajan el 20 por ciento más del tiempo que los hombres.

• De acuerdo con una encuesta, los hombres de negocios de República Dominicana, preferirían contratar a hombres antes que a mujeres. .