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Los derechos de las ciudadanas
El 8 de septiembre se celebra el Día de la Ciudadanía de las
Mujeres. Esta fecha fue instaurada por los movimientos de mujeres de América Latina y el
Caribe después de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, de Beijing, realizada en
septiembre de 1995. Este año, la celebración se enmarca en la Campaña de las Naciones
Unidas por los derechos humanos de las mujeres y las niñas Una vida sin violencia, un
derecho nuestro.
La fecha tiene la finalidad de realizar un efectivo ejercicio de
ciudadanía a través de acciones propositivas que signifiquen dar seguimiento a las
políticas adoptadas por los gobiernos en estos tres últimos años respecto a la
Plataforma de Acción de Beijing. Y a su vez, enlazar este monitoreo con las diversas
iniciativas a favor de los derechos humanos de las mujeres.
La Plataforma de Acción, aprobada en la Conferencia de Beijing, tiene
un conjunto de medidas destinadas a superar las condiciones de discriminación en que se
encuentran las mujeres, y en especial a eliminar la violencia ejercida contra ellas. Para
esto las organizaciones de mujeres cuentan con un instrumento que es el Indice de
Compromiso Cumplido, o Indice de Compromiso Ciudadano, mecanismo de fiscalización
orientado a generar formas de participación ciudadana con capacidad de influenciar en el
mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres.
Ejercer ciudadanía es algo más que el acto de concurrir a votar. Como
advierte la socióloga guatemalteca Ana Cecilia Escobar, para las mujeres, "la
ciudadanía se ejerce en la medida que somos capaces de interrelacionarnos como sujetas,
entre nosotras mismas y con los otros, con el Estado, con sectores de la sociedad civil.
Esto pasa necesariamente por la politización de lo privado, que tiene que ver con los
derechos individuales y la conciencia de la apropiación del propio cuerpo y el acceso al
mundo considerado público".
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF- afirma que
para ello es esencial empezar a construir ciudadanía desde la niñez, lo que implica
brindar una educación de calidad en igualdad de condiciones para niñas y niños, a fin
de acceder a todas las áreas de estudio. "Reconocer a las niñas como ciudadanas, es
otorgarles los mismos derechos a la participación y expresión de sus opiniones en la
escuela, la familia, la comunidad, y a la protección contra toda forma de
violencia". Además, "reconocer el vínculo entre la ciudadanía de la niña, la
construcción de las bases de la equidad en la niñez, y la ciudadanía de las mujeres, es
un punto clave en nuestra campaña hacia el futuro".
Región pionera en legislaciones
Una encuesta realizada, por tercer año consecutivo, por La Red de
Mujeres para el Desarrollo y Medio Ambiente, WEDO (siglas en inglés), con sede en Nueva
York, constató que más del 70 por ciento de los 187 gobiernos presentes en la
Conferencia de Beijing, han elaborado planes para poner en práctica los compromisos
asumidos.
En este informe, América Latina y el Caribe aparecen como región
pionera en materia de legislación contra la violencia de género. El balance indica que
cerca de 26 países tienen leyes para erradicar la violencia sexual e intrafamiliar.
México. Por ejemplo, aprobó una ley contra el incesto y la violación
dentro del matrimonio. Colombia, que también ha legislado en este aspecto, reformó hace
poco el Código Penal e incrementó las penas para los distintos delitos sexuales, en
especial los cometidos contra menores de edad, y cambia la denominación de "pudor
sexual y delitos contra la libertad", por la de "delitos contra la libertad
sexual y la dignidad humana".
Costa Rica aprobó en diciembre de 1995 la Ley Contra el Hostigamiento
Sexual en el Empleo y la Docencia. Uruguay, a través de la reglamentación de una norma
contra la discriminación laboral, establece como forma grave de discriminación el acoso
sexual en el trabajo. La ley habilita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a
amonestar, multar o clausurar al establecimiento donde se haya producido un hecho de este
tipo.
Otro importante logro es el aumento de las comisarías de la mujer. Un
ejemplo es Ecuador cuyo gobierno firmó un decreto, en 1997, que incrementa el presupuesto
para las comisarías, y prometió crear otras hasta llegar a cubrir las 21 provincias del
país. En cuanto a mecanismos para canalizar denuncias y propuestas, están las
Defensorías de la Mujer en Costa Rica y Perú. La Comisión de la Mujer del Gobierno
Central y la Oficina de Asuntos de la Mujer de San Juan, Puerto Rico, inauguraron el año
pasado las denominadas "líneas calientes", a las cuales pueden llamar
las mujeres para denunciar hechos de violencia.
Iniciativas pioneras son los programas de capacitación en violencia de
género para miembros de la Policía, implementados por el Servicio Nacional de la Mujer
SERNAM- de Chile, y los dirigidos al personal de administración de Justicia de los
países andinos. En este caso, el programa lo inició y organizó la oficina de UNIFEM
Región Andina, con sede en Quito, y forma parte de su línea de trabajo para la
prevención de la violencia de género.
En el ámbito de los municipios, la Constitución de la ciudad de Buenos
Aires, aprobada en 1996, es considerada de avanzada en lo referente a las demandas de las
mujeres, porque incorpora una serie de capítulos referidos a la igualdad de derechos de
mujeres y hombres ante la ley. Asimismo, reconoce como derechos humanos, los derechos
sexuales y reproductivos y establece sanciones contra la violencia de género.
Obstáculos para la ciudadanía
Sin embargo, hay obstáculos para el cumplimiento de la Plataforma de
Acción. El aumento de los niveles de pobreza y políticas de reestructuración económica
en muchos países de la región, afectan principalmente a las mujeres e incide en la
reducción de presupuestos estatales, lo cual va en detrimento de los programas dirigidos
a mujeres y, en consecuencia, de sus posibilidades de ampliar el ejercicio de la
ciudadanía.
La VII Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer al
Desarrollo Económico y Social, fue convocada por la CEPAL a fines de 1997, en Santiago de
Chile, para evaluar los logros de la región después de Beijing y presentar
recomendaciones destinadas a acelerar el proceso de cambios de acuerdo con lo dispuesto en
el programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe,
1995-2001. Como punto de partida, identificó aquellos obstáculos "que dificultan a
las mujeres la efectiva práctica de la ciudadanía, particularmente respecto a la
participación en el poder y la toma de decisiones, así como aquellos que emanan de la
condición de pobreza, con miras a proponer medidas para su más pronta
recuperación".
Previamente, representantes de 80 ONG de diversos países realizaron el
Foro Las Mujeres y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, evento organizado
por el Grupo Iniciativa Chile "De Beijing al 2000". Este Foro elaboró la
Declaración Política de las Organizaciones No Gubernamentales, presentada a los
gobiernos asistentes a la VII Conferencia Regional.
Entre los puntos más destacados de la Declaración están los referidos
a la violencia de género como un elemento de atraso para el desarrollo de las sociedades.
Por ello se llama a "promover políticas de superación de la pobreza que tomen en
cuenta todos los factores que producen la pobreza, desde los más personales -falta de
autoestima, autonomía y violencia contra la mujer- pasando por los de carácter social
como el acceso a la salud, educación, hasta servicios técnico financieros".
Las estrategias a favor de la ampliación de la ciudadanía de las
mujeres están en estrecha relación con las condiciones de subordinación en las que se
encuentran. Precisamente este replanteamiento del concepto de ciudadanía sirve para que
los grupos de mujeres que luchan contra la violencia en todas sus formas, den un contenido
político a sus acciones. El slogan "democracia en el país y en la casa"
ilustra la caracterización que las mujeres le dan a la violencia que se produce dentro
del recinto privado. A su vez, esta reconceptualización de ciudadanía ubica a la
pobreza, la falta de acceso de las mujeres a las decisiones de poder, y los crecientes
índices de violencia sexista, como factores que distorsionan la construcción de una
verdadera democracia porque no permiten generar y establecer un auténtico ejercicio
ciudadano.
Obstáculos para ejercer la ciudadanía
- En México, 19 millones de mujeres son jefas de hogar con empleos
precarios.
- En América Latina y el Caribe, el salario femenino está por debajo del
masculino en un 27 por ciento.
- Las mujeres de la región dedican entre 31 y 41 horas al trabajo
doméstico, mientras que los hombres dedican de 5 a 13 horas.
- Según el Instituto Brasileño de Estadísticas, de cada 100 desempleados
en Brasil, 60 son mujeres.
- Las mujeres paraguayas ganan un 30 por ciento menos que los hombres.
- Según un informe de las Naciones Unidas, en las áreas rurales las
mujeres trabajan el 20 por ciento más del tiempo que los hombres.
- De acuerdo con una encuesta, los hombres de negocios de República
Dominicana, preferirían contratar a hombres antes que a mujeres. .

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