Campaña Interagencial contra la Violencia

hacia las Mujeres y las Niñas

(UNIFEM - PNUD - UNICEF - FNUAP -CEPAL - ACNUR - ONU-SIDA -UNHCHR)

 

 

 

 

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PNUD

 

Proyecto Regional RLA/97/014

Informes Nacionales sobre la Situación de

la Violencia de Género contra las Mujeres

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME NACIONAL

ARGENTINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 1999

 

CREDITOS

 

Coordinación General del Proyecto Regional

Aparna Mehrotra (junio 1998 - junio 1999)

Coordinación Técnica del Proyecto Regional

Ana Isabel García Quesada

Asistencia Técnica

Ana Hidalgo Solís

Responsable PNUD del Informe de país

Gilberto Flores, Representante Residente PNUD/Argentina

Marta Carlevarino, Punto Focal de Género

Responsable de la Consultoría Nacional

Sylvia Chejter

Equipo asistente

Beatriz Ruffa

Paula Flores

Inicio y finalización de la Consultoría:

Noviembre 1998 – Febrero 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO

INTRODUCCION GENERAL

Introducción Metodológica

Marco Conceptual y alcances nacionales

Breve caracterización del país

 

CAPÍTULO l

INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La realidad y calidad de los datos

Datos y observaciones sobre las distintas prácticas de la violencia de género

Distribución geográfica de la casuística

Tipo de servicio solicitado/recibido

Registro, Procesamiento y Análisis de datos

 

CAPÍTULO II

POLÍTICAS Y /PLANES NACIONALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES

Politicas nacionales

Consejo Nacional de la Mujer

Propuestas legislativas

Ley de Prevención de la Violencia contra la mujer y la protección y asistencia integral a las víctimas.

Proyecto de igualdad real de oportunidades y de trato de las mujeres

Politicas sectoriales

Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales. Ministerio deInterior

Ministerio de Salud y Acción Social

Ministerio de Educación. Programa Nacional de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Área Educativa. Priom

 

CAPÍTULO III

MARCO LEGAL Y SISTEMA DE JUSTICIA

Normas Constitucionales

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Convención de Belem do Pará.

Leyes nacionales

Còdigo Penal- Delitos contra la Honestidad

Ley Nacional sobre Violencia Intrafamiliar No. 24.417 (ciudad de Buenos Aires)

Acoso sexual

 

Leyes provinciales

Ley Nro. 4.377, Provincia de Chaco

Protección y Asistencia a los Actos de Violencia Familiar. Ley 2.212. Provincia de Neuquén

Violencia Familiar, Ley Provincial. 11.529, provincia de Santa Fe

Córdoba Proyecto de Ordenanza

El sistema de justicia

 

CAPÍTULO IV

OFERTA DE SERVICIOS PARA LA DETECCIÓN, REFERENCIA Y ATENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y ACCIONES DE LAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y LA SOCIEDAD CIVIL

VIOLENCIA DOMÉSTICA

La oferta de servicios, a nivel gubernamental

Modelos de atención. Características principales

Modalidades predominantes de atención (Intervención) a nivel gubernamental en algunas ciudades y regiones del país

Oferta de Servicios de las ONGs. Modelos de atención y características principales

Objetivos de la intervención (OG y ONGs)

Perfil de la demanda

Características de las personas ofensoras

VIOLACIONES

Introducción

Antecedentes

Oferta de servicios

Enfoque de atención

Perfil de la demanda

Características de las personas ofensoras

Accesibilidad. Cobertura e impacto de los servicios

Mecanismos de evaluación, rendición de cuentas y participación de la comunidad.

Otras respuestas de la sociedad civil

Sostenibilidad

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES LESBIANAS

 

 

 

 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN PROSTITUCIÓN

Prostitución de niñas

Oferta de servicios

Embarazos en casos de violación. Un conflicto institucional.

CAPÍTULO V

PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Concientización-Capacitación

Campañas nacionales y/o sectoriales

Incidencia sobre los medios de comunicación

Investigaciones

CAPÍTULO VI

PROPUESTAS Y AGENDA PENDIENTE

 

CAPÍTULO VII

FUENTES DE INFORMACION

Organizaciones entrevistadas

Bibliografia consultada

 

 

ANEXOS

LISTADO DE ANEXOS

 

ANEXO A Experiencias Exitosas

 

ANEXO B Programa de la Reunión de Trabajo (16-12-98) y Formulario de Encuesta

 

ANEXO C Anexo Estadístico

 

 

 

 

ANEXO D Anexo Legal

 

 

ANEXO E Anexo de Proyectos

 

 

ANEXO F Programa de los Talleres de Capacitación de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina

 

ANEXO G Secuencia de Correspondencia enviada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION GENERAL

 

En marzo de 1998, varias agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), unieron sus esfuerzos para lanzar la Campaña por los Derechos Humanos de las Mujeres, cuyo lema es "Una vida sin violencia. Un derecho nuestro". Se trata del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrrollo (PNUD), el Fondo de Naciones Unidas para Actividades de Población (FNUAP), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONU-SIDA), el Alto Comisionado por los Derechos Humanos (UNHCHR), el Alto comisionado para los Refugiados (ACNUR), y la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). En varios países también se han unido otras agencias, como la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Programa de Gestión Urbana para América Latina y El Caribe de la Agencia Habitat (PGU-AL/HABITAT).

 

Esta Campaña se pensó como instrumento de sensibilización en el ámbito mundial sobre el flagelo de la violencia de género contra las mujeres, en el marco de la conmemoración de aniversario número cincuenta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el quinto de la Declaración y Plan de Acción surgidos de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), así como en cumplimiento de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

 

Estos instrumentos normativos y compromisos mundiales son de fundamental importancia para la lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Si bien la Declaración Universal expresa el carácter universal e indivisible de los derechos humanos de todas las personas, la Conferencia de Viena tuvo la virtud de reconocer que hablar de tales derechos no sólo implica los políticos, sino también los sociales, culturales y económicos. Es decir, a partir de Viena, la comunidad internacional reconoció que las personas tienen derecho a pensar libremente y a asociarse, pero también al desarrollo y a todos los derechos relacionados con éste (como la salud, la educación y vivir sin violencia...). Por su parte, la IV Conferencia de Beijing reiteró las conclusiones y compromisos asumidos en Viena en materia de derechos humanos de las mujeres, e identificó la lucha contra la violencia, como una de las doce áreas estratégicas de acción del Plan de Acción adoptado.

 

Específicamente relacionado con las mujeres, la Conferencia de Viena estableció la necesidad de éstas disfruten los derechos humanos en forma plena y en condiciones de igualdad con los hombres, y que ésta debe ser una cuestión prioritaria para los Gobiernos y para las Naciones Unidas. Entre otros aspectos importantes, esta Conferencia subraya la importancia de la plena participación de la mujer, como agente y beneficiaria, en el proceso de desarrollo; que la igualdad de condición de las mujeres y sus derechos humanos deben integrarse en las principales actividades de todo el Sistema de la ONU. Asimismo, enfatiza la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres y el extremismo religioso.

 

A partir de dicho marco normativo y referencial, las agencias del Sistema ONU mencionadas lanzan entonces la Campaña Interagencial "Violencia contra las Mujeres y las Niñas", la que ha producido, entre otros, varias publicaciones, un sitio en Internet, foros y talleres de sensibilización.

 

Además de participar en varias de las iniciativas de la Campaña, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió en junio de 1998, contribuir con la realización de un proyecto regional para América Latina y El Caribe, con el fin de contar con "Informes Nacionales sobre la Situación de la Violencia de Género contra las Mujeres" (Proyecto Regional RLA/97/014).

 

El objetivo general de este proyecto del PNUD consiste en la preparación de una serie de Informes Nacionales que recopilen, sistematicen, analicen y ofrezcan información actualizada sobre la situación de la violencia de género contra las mujeres en los diversos países, de manera tal, que oriente futuras acciones en este campo. Los objetivos específicos del proyecto son:

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinación General del Proyecto Regional ha estado a cargo del Bureau para América Latina y El Caribe del PNUD, con sede en Nueva York, en las personas de Aparna Mehrotra a quien se debe la concepcion, iniciacion y coordinacion del proyecto a nivel regional (entre junio de 1998 y junio de 1999) y de Danielle Benjamin (a partir de junio de 1999); en tanto la Coordinación Técnica del Proyecto Regional ha tenido como sede Costa Rica y ha sido encargada a Ana Isabel García Q., con la Asistencia Técnica de Ana Lorena Hidalgo.

 

La forma operativa de este proyecto ha consistido en la identificación por parte de las Representaciones nacionales del PNUD, de consultorías nacionales, las que, a partir de los términos de referencia preparados por el equipo de Coordinación Técnica del proyecto, han debido presentar un plan de trabajo antes de iniciar sus trabajos. En la mayoría de los casos, esta forma de trabajo ha supuesto una estrecha comunicación (a través de medios electrónicos) entre las entidades/personas consultoras nacionales, la Coordinación Técnica del proyecto y las/os funcionarios destacados para tal efecto en cada Representación del PNUD (en su mayoría, Puntos Focales de Género).

 

De acuerdo a los términos de referencia, esta metodología contemplaba el apoyo por parte de las consultorías nacionales a la Representación del PNUD, en la organización y realización de dos reuniones: a) una al inicio del proceso para presentar el proyecto, sus alcances y objetivos, y solicitar el apoyo de todos los entes involucrados; y b) otra reunión una vez se haya avanzado (60% - 80%) en la preparación del informe preliminar; el objetivo de esta segunda reunión ha sido el de analizar los alcances del mismo, compartir resultados preliminares, identificar posibles vacíos de información (como ejemplos de buenas prácticas), y, especialmente, para legitimar el informe ante todos los sectores (gubernamentales, no gubernamentales, de cooperación).

 

Se ha recomendado que ambas convocatorias fueran lo más amplias posible procurando que asistan, al menos, los siguientes sectores y entidades: Oficina Gubernamental de la Mujer, Ministerios de Salud, Educación, Trabajo, Justicia; Organizaciones de la Sociedad Civil especializados en la materia (incluyendo organizaciones de mujeres), Poder Judicial, Policía, Defensoría de los Habitantes (si existe), Agencias Sistema ONU, Gobiernos cooperantes y otros que se consideren relevantes a la problemática (seguridad social, organismos de protección a la infancia, entre otros).

Durante la primera reunión, la consultora habría analizado, junto a las personas participantes, los alcances de la investigación y sus principales ejes de análisis, a fin de identificar posibles áreas de estudio no contemplados y relevantes para el país. Asimismo, se habrían identificado fuentes de información y aportes posibles desde las instituciones para nutrir la investigación y recopilado la información básica inicial para completar la demanda informativa incluida en los términos de referencia del proyecto.

Dichos términos de referencia del proyecto, también han recomendado que, si se identificara como necesario, durante el proceso de preparación del informe podían realizarse tantas reuniones de trabajo con los sectores involucrados como fuera requerido. Pero se ha hecho fundamental hincapié en la importancia y la necesidad de que se realizara la reunión final para legitimar el Informe Nacional ante los diversos sectores.

 

Como se ha mencionado, de acuerdo a los términos de referencia del proyecto, a partir de esta reunión inicial, la consultora debería remitir una propuesta de investigación y un plan de trabajo, para comentarios, tanto a la Coordinación General Regional de la iniciativa en Nueva York, como a la Coordinación Técnica en San José, a través de la Representación nacional respectiva del PNUD. Todos los asuntos administrativos han estado a cargo de la Coordinación General, en tanto los aspecto técnicos y metodológicos han sido resueltos desde la Coordinación en San José.

 

Esta propuesta metodológica buscaba que los Informes Nacionales reflejen la multiplicidad de puntos de vista, acciones y entidades involucradas en la atención y prevención de la problemática, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, a través de entrevistas a informantes claves de todos los sectores, entrevistas o grupos focales de discusión, amplia revisión documental, etc.

 

La estrategia operativa y metodológica utilizada por cada consultora para preparar el Informe Nacional, aparece publicada en cada documento, así como un conjunto de anexos solicitados (personas/entidades entrevistadas, bibliografía, listado de organismos, etc.).

 

El trabajo de las consultoras nacionales ha consistido, fundamentalmente, en la recopilación, sistematización y análisis de toda la información documental y referencial disponible sobre el tema. Por ello, el proyecto solicitó a cada Representación nacional del PNUD, la identificación de la/s empresa o persona/s idóneas, para lo cual la Coordinación Técnica preparó un perfil y sugirió el envío de una terna para considerar la mejor opción.

 

Por otra parte, el proyecto contó con una propuesta de estructura para presentar los Informes, así como una guía para facilitar la comprensión de lo que se esperaba en cada acápite.

 

Desde el punto de vista contractual, las consultorías se han dado por concluidas hasta el momento que han sido incluidos todos los aspectos solicitados por la Coordinación Técnica, a partir de la revisión de las diversas versiones preliminares enviadas, según los casos.

 

La mayor parte de las consultorías han cumplido con estos requisitos establecidos por el proyecto regional, si bien, en algunos casos, los procesos de identificación y selección de las personas/entidades consultoras no contaron con la participación de la Coordinación Técnica del proyecto. Ello ha sido de fundamental importancia, pues, como se ha dicho, los términos de referencia de este proyecto han descansado, fundamentalmente, en la identificación de la persona/entidad idónea para cumplir en poco tiempo con la tarea a realizar, así como en la presentación de un plan de trabajo para su aprobación. La dificultad que ello ha representado en algunos casos, ha impedido que todos los Informes Nacionales cumplan con los requisitos antes enunciados, o bien, que estén presentados de acuerdo a otra estructura que la sugerida con fines de homogeneidad.

 

Ante esta situación, la Coordinación Técnica del Proyecto ha optado por respetar al máximo la presentación de los Informes Nacionales por parte de las entidades/personas consultoras nacionales, haciendo únicamente un trabajo de edición formal cuando así lo ha considerado necesario. Asimismo, se ha hecho un esfuerzo por presentar un resumen sobre el proceso llevado a cabo en cada país, a fin de que pueda visualizarse, entre otros, el involucramiento de los diversos sectores consultados y a los que se les ha presentado el Informe.

 

 

 

San José, octubre de 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción Metodológica

 

 

El presente Informe fue preparado por un equipo de consultoras independientes, coordinado por Sylvia Chetjer, quien contó con la asistencia de Beatriz Ruffa y Paula Flores. El estudio se inició en noviembre de 1998 y finalizó en febrero de 1999. Además, colaboraron en la recopilación de los datos las siguientes personas: Marcela Rodríguez (Buenos Aires), Alejandra Oberti (Buenos Aires), Alejandra Sarda (Buenos Aires), Liliana Fedullo y Cecilia Cortés (Córdoba), Malena López Dorigoni (Neuquén), Ana Patresi (Chaco) y Lidia Schiavoni (Misiones).

 

De acuerdo al informe de consultoría, las limitaciones que implica la disponibilidad de datos, obligó a que el informe se centrara en las respuestas institucionales a la violencia contra las mujeres en Argentina, específicamente en la ciudad y algunas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Missiones, Neuquén y Santa Fe. La consultora y su equipo explican que "si bien no se hará una presentación detallada ni de la evolución histórica ni de las características de esta evolución, se harán las referencias necesarias para poder comprender la calidad y características de las respuestas institucionales".

 

El Informe presenta separadamente las distintas manifestaciones de la violencia de género. Al respecto, la consultora explica que "como se verá en los capítulos siguientes, no tienen la misma "presencia social", (ni institucional) lo cual nada dice acerca de su magnitud, sino que habla de otros fenómenos de carácter socio-cultural-político que se traducen en que tienen diferente visibilidad social, lo cual requiere otro tipo de abordajes. Aunque ésta no es la única razón. Hay otra razón, muy importante, para tratar de modo diferenciado las distintas manifestaciones de violencia: se trata de la especificidad de los abordajes, de las respuestas institucionales y en consecuencia de la oferta de servicios. En este sentido hay que tener en cuenta:

 

Otras manifestaciones de la violencia, aunque atravesadas por las relaciones de género no son consideradas en esa especificidad de modo que, por ejemplo, en algunos casos los datos disponibles sobre maltrato infantil, no están discriminados por sexo. La prostitución de mujeres y mucho más la infantil, merece un capítulo en el que más que dar cuenta del fenómeno, se despliegan las dificultades y obstáculos, que no son por cierto, sólo metodológicos."

 

El equipo de consultores afirma que la articulación entre la acción gubernamental y no gubernamental ha sido un tema recurrente en muchas de las entrevistas realizadas y por tanto un tema central del informe, como también los son las definiciones, las conceptualizaciones de las diferentes prácticas de la violencia hacia las mujeres, el modo en que son asumidas por las distintas instituciones; las opciones -aparentes o reales- entre esos distintos enfoques, así como los énfasis en asistencia o en prevención; los desarrollos, avances, y vacíos con relación a determinadas prácticas; la responsabilidad social, institucional y estatal; las demandas de las mujeres afectadas por situaciones de violencia; el modo en que éstas son percibidas, evaluadas y respondidas por las diferentes instituciones; todos estos aspectos se desarrollan en el documento.

 

A fin de lograr una visión global de cada una de las manifestaciones de la violencia de género, el equipo de consultoras organizó el Informe temáticamente, presentando además para cada tema tanto el aporte gubernamental como el de las organizaciones no gubernamentales. De acuerdo a las consultoras, "esta forma de presentación hará más clara la exposición y permitirá mostrar las interrelaciones y la dinámica en cada área temática. Cabe aclarar que no en todas las temáticas se abordarán los distintos puntos planteados, debido a las características propias que asumen cada una de ellas o por la carencia de datos homologables".

 

De acuerdo al reporte de consultoría, el Informe cubre el período 1994-1998 y se basa en información:

 

Acerca de la guía utilizada para actualizar los datos, las consultoras explican que la inexistencia de estadísticas y de registros elaborados exigió construir un instrumento de recolección apropiado: "La guía resultó un instrumento adecuado para aquellas organizaciones que efectivamente tienen un trabajo amplio y un cierto registro (aunque no siempre sistematizado) de sus actividades. En algunos casos resultó muy adecuado; en otros resultó mucho más amplio que lo requerido; y en otros casos ni siquiera se pudo utilizar, dado el escaso desarrollo y visibilidad de la temática y la inexistencia de organizaciones o respuestas institucionales".

 

Para seleccionar las OG y las ONG a las que se les aplicó la guía, se tomó como punto de partida la lista de entidades del directorio confeccionado por la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos de este directorio fueron chequeados con otros (publicado a fines de 1998), al tiempo que se solicitó información a las personas entrevistadas.

 

Las consultoras señalan que "si bien y como se estableció inicialmente se habían seleccionado algunas regiones del país para realizar la tarea de actualización, (en esas regiones las entrevistas fueron realizadas por profesionales), en otros casos se utilizaron otras vías como un modo de ampliar lo más posible el campo de instituciones. Por otra parte cabe destacar que hay un grado muy grande de inestabilidad y discontinuidad en las acciones de muchas ONG, e incluso de muchos servicios que dependen de instancias gubernamentales. Y muchas de las ONG que figuran en el directorio que sirvió de base para confeccionar la lista utilizada por esta consultoría, no han podido ser localizadas pese a los esfuerzos por chequear su existencia."

 

Si bien hay OG y ONG cuyos datos no ha podido ser incluidos, las consultoras desean resaltar que:

 

 

Estas afirmaciones son válidas con relación a la violencia de género hacia las mujeres adultas. Este informe no cubre del mismo modo los diferentes tipos de violencia que afectan a las niñas: abuso sexual infantil, e incesto, de los cuales sólo se presentan algunos datos muy fragmentarios. Cabe señalar, por otra parte, que con relación a la violencia contra las niñas y niños, muchas veces los datos disponibles no están desagregados por sexo.

 

Con relación a otras prácticas de violencia que afectan a las mujeres, -violencia hacia las mujeres lesbianas, violencia institucional (de la institución médica, de justicia, policía, etc.) dada la carencia de datos, y el escaso nivel de desarrollo de las respuestas institucionales, tendrán un abordaje en este informe, acorde a esa realidad,

 

El equipo investigador afirma que "aunque los resultados de esta consultoría plasmados aquí seguramente pueden ser ampliados y completados, es posible afirmar con un alto grado de certeza que las tendencias y observaciones que se presentan, dan cuenta de la cantidad y calidad de las respuestas institucionales a la problemática de la violencia de género en Argentina".

 

 

Reunión de consulta con OG, ONG y organismos internacionales

 

De acuerdo al reporte de la consultora, el 16 de diciembre de 1998 tuvo lugar la reunión de consulta e intercambio convocada por la Representación del PNUD, la cual estuvo coordinadada por la consultora Sylvia Chetjer.

 

La convocatoria fue amplia. El equipo de la consultoría, y el Punto Focal de Género del PNUD, Marta Carlevarino, discutieron largamente los criterios para definir cómo debería realizarse la convocatoria, para que fuera lo más comprensiva posible y que tomara en cuenta:

 

     

  1. que era importante culminar con propuestas concretas, y para ello, debía ser una reunión con un número adecuado de integrantes, para favorecer el diálogo;
  2.  

  3. el breve tiempo que se contaba para la convocatoria, a lo cual se sumaba la época del año que hacía que muchas organizaciones estuvieran "cerrando las actividades del año".

 

Los criterios que se utilizaron para confeccionar la lista de invitaciones fueron:

     

  1. que estuvieran representadas el mayor número de ONG, OG y agencias del Sistema de las Naciones Unidas;
  2.  

  3. que estuvieran representadas al menos algunas de las organizaciones del interior del país,
  4.  

  5. que hubiera diversidad en cuanto a temas de trabajo, modalidades de intervención, población destinataria, etc.

 

Se enviaron invitaciones a todos los OG que tienen relación con la problemática, a las ONG de las regiones incluidas en la investigación y las agencias de la ONU. Para asegurar la presencia de algunas representantes del interior del país, se cursaron invitaciones especiales a algunas integrantes de organizaciones con larga trayectoria en el tema.

 

Junto con la invitación y el Programa de la reunión, se distribuyó una pequeña encuesta que se adjunta en el Anexo B. El objetivo de esta encuesta (de sólo tres preguntas) era facilitar el trabajo del "taller" previsto para la segunda parte de la reunión.

 

La apertura estuvo a cargo de Marta Carlevarino, Punto Focal de Género, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Luego, la consultora presentó los objetivos de la reunión y contextualizó la investigación. En primer lugar informó que la reunión era parte de las actividades llevadas a cabo para elaborar un informe que de cuenta de la situación de la violencia hacia las mujeres en Argentina, los avances, los puntos críticos; actualizar información acerca de los servicios y programas existentes, y conocer la opinión de quienes estaban en la primera línea de trabajo, sobre prioridades de acción, y recoger propuestas para articular las acciones de distintas instituciones y ámbitos y las experiencias exitosas.

 

La reunión estuvo organizada en dos partes: panel de apertura y taller de producción colectiva.

 

Panel de apertura: este panel estuvo integrado por representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales diversas. Los criterios para seleccionar las panelistas fueron que estuvieran representadas las distintas temáticas, perspectivas y experiencias, que estuvieran presentes mujeres del interior del país, o al menos que no todo quedara reducido a dar voz a las mujeres de Buenos Aires.

 

Las penalistas fueron: Cristina Zuccardi, del Instituto de Formación, Investigación y Participación de la Mujer, de Mendoza, como muchas mujeres, con otros roles también, ex diputada, política, autora de numerosos proyectos legislativos con relación a la violencia, entre ellos, un Proyecto de Prevención de la Violencia, cuando fue parlamentaria, proyecto sumamente interesante(Ver Capítulo 4); Marcela Rodríguez, codirectora del Centro Municipal de la Mujer de Vicente López, centro que acaba de recibir el premio de UNIFEM al mejor municipio gestor de los derechos de las mujeres; Gloria Galé, médica, psiquiatra, fundadora del centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, una de las primeras casas de atención a mujeres maltratadas, en Mar del Plata.

 

Taller de producción colectiva: Taller de producción colectiva: protección, reparación, prevención. Prioridades de acción, articulación entre la acción no gubernamental y la acción gubernamental, desafíos actuales y nudos críticos. La presentación del taller estuvo a cargo de Paula Flores, del equipo de consultoría.

 

Los objetivos del mismo fueron: la elaboración colectiva de las sugerencias (para lo cual se había elaborado una encuesta previa que debía ser entregada al inicio de la reunión) con relación a:

 

 

Respecto a la dinámica de la reunión, las encuestas fueron entregadas al inicio del encuentro y mientras se desarrolló el panel, el equipo de consultoría las leyó y sintetizó. Con esta información se abrió el taller, dividiéndose las integrantes en grupos pequeños con la consigna de elegir y fundamentar sus elecciones, sobre los puntos anteriores.

 

Al respecto, la consultora, en su informe indica que "si bien no es posible hablar de una "representatividad", geográfica, o institucional en sentido estricto, la heterogeneidad de las organizaciones presentes y la larga trayectoria de muchas de las participantes, permiten decir que las opiniones vertidas son significativas y cubren un amplio espectro de los grupos que trabajan por la no-violencia hacia las mujeres de la Argentina".

 

Las organizaciones asistentes a esta reunión de consulta fueron las siguientes:

 

 

 

Las preguntas sobre acciones prioritarias y propuestas para el futuro fueron incluidas en la Encuesta de actualización de datos, completada por todas las Organizaciones que figuran en el Anexo B.

 

La información recolectada, opiniones, sugerencias y demás fue debidamente considerada en la redacción del Informe Final, con el objetivo de garantizar la representatividad y legitimación de todos los sectores que trabajan por el tema de la violencia de género contra las mujeres en Argentina. De la misma forma, fueron incorporadas las observaciones y solicitudes que hicieran las Coordinaciones Técnica y General del Proyecto a la consultora.

 

Entre estas observaciones destaca la solicitud de la Coordinación Técnica a la Coordinación General del Proyecto (correo electrónico del 19 junio de 1999), en el sentido de prestar atención a la solicitud de la señora Gloria Báez (17 de junio), en una carta dirigida a Tanaz Pardiwala, con relación a la necesidad de ampliar la información sobre las acciones que desarrolla el Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud (Oficina Gubernamental de la Mujer en Argentina), las que consideraba incompletas (Anexo G).

 

La consultora explicó exhaustivamente en carta del 1 de julio de 1999, al Punto Focal de Género del PNUD/Argentina, los criterios utilizados para la elaboración del Informe, los que estuvieron apegados a los Términos de Referencia y objetivos del Informe, en tanto consistían en "brindar información actualizada…, visibilizar los vacíos y limitaciones en las respuestas institucionales y sociales al problema de la violencia de género contra las mujeres," entre otros. A partir de esos objetivos, la consultora indicó que no podía presentar "un listado pormenorizado de organizaciones, leyes y recursos sino que se trataba de una aproximación analítica. Lo cual implicaba, como se especifica en el punto 3 de los Términos de Referencia, "recopilar, sistematizar y analizar", es decir, dar cuenta de la significación de los datos disponibles.". Añade la consultora que "no se trataba de identificar el protagonismo de ciertos grupos o instituciones, sino de dar cuenta de la compleja dinámica institucional y de las múltiples acciones colectivas".

 

Finalmente, la consultora explicó que el resumen del Informe que circuló en la página Web del Proyecto, no permitía incluir toda la información recopilada, lo que pudo dar lugar a confusiones innecesarias (Anexo G). De todas formas, la consultora insistió en que la señora Báez fue entrevistada personalmente para efectos del Informe.

 

En atención a esta situación, el Representante Residente del PNUD/Argentina, Sr. Gilberto Flores, envió carta a la Sra. Báez agradeciendo su interés por completar y ampliar la información del Informe; explicando los objetivos y metodología del Informe y las personas entrevistadas, entre ellas la Directora Nacional y Jefa de Neuquén del Dpto. de Prevención de la Violencia Familiar de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia del Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud, de la cual se tomó también información.

 

Complementariamente, la Coordinación Técnica del Proyecto solicitó a Susana Sanz, del Consejo Nacional de la Mujer, información adicional sobre sus acciones en materia de violencia de género, la cual fue gentilmente suministrada por carta (Anexo G). El informe final incorpora todas las observaciones realizadas, y fue recibido a satisfacción, con la incorporación del apartado de experiencias exitosas, en mayo de 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción Metodológica

 

 

El presente Informe fue preparado por un equipo de consultoras independientes, coordinado por Sylvia Chetjer, quien contó con la asistencia de Beatriz Ruffa y Paula Flores. El estudio se inició en noviembre de 1998 y finalizó en febrero de 1999. Además, colaboraron en la recopilación de los datos las siguientes personas: Marcela Rodríguez (Buenos Aires), Alejandra Oberti (Buenos Aires), Alejandra Sarda (Buenos Aires), Liliana Fedullo y Cecilia Cortés (Córdoba), Malena López Dorigoni (Neuquén), Ana Patresi (Chaco) y Lidia Schiavoni (Misiones).

 

De acuerdo al informe de consultoría, las limitaciones que implica la disponibilidad de datos, obligó a que el informe se centrara en las respuestas institucionales a la violencia contra las mujeres en Argentina, específicamente en la ciudad y algunas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Missiones, Neuquén y Santa Fe. La consultora y su equipo explican que "si bien no se hará una presentación detallada ni de la evolución histórica ni de las características de esta evolución, se harán las referencias necesarias para poder comprender la calidad y características de las respuestas institucionales".

 

El Informe presenta separadamente las distintas manifestaciones de la violencia de género. Al respecto, la consultora explica que "como se verá en los capítulos siguientes, no tienen la misma "presencia social", (ni institucional) lo cual nada dice acerca de su magnitud, sino que habla de otros fenómenos de carácter socio-cultural-político que se traducen en que tienen diferente visibilidad social, lo cual requiere otro tipo de abordajes. Aunque ésta no es la única razón. Hay otra razón, muy importante, para tratar de modo diferenciado las distintas manifestaciones de violencia: se trata de la especificidad de los abordajes, de las respuestas institucionales y en consecuencia de la oferta de servicios. En este sentido hay que tener en cuenta:

 

Otras manifestaciones de la violencia, aunque atravesadas por las relaciones de género no son consideradas en esa especificidad de modo que, por ejemplo, en algunos casos los datos disponibles sobre maltrato infantil, no están discriminados por sexo. La prostitución de mujeres y mucho más la infantil, merece un capítulo en el que más que dar cuenta del fenómeno, se despliegan las dificultades y obstáculos, que no son por cierto, sólo metodológicos."

 

El equipo de consultores afirma que la articulación entre la acción gubernamental y no gubernamental ha sido un tema recurrente en muchas de las entrevistas realizadas y por tanto un tema central del informe, como también los son las definiciones, las conceptualizaciones de las diferentes prácticas de la violencia hacia las mujeres, el modo en que son asumidas por las distintas instituciones; las opciones -aparentes o reales- entre esos distintos enfoques, así como los énfasis en asistencia o en prevención; los desarrollos, avances, y vacíos con relación a determinadas prácticas; la responsabilidad social, institucional y estatal; las demandas de las mujeres afectadas por situaciones de violencia; el modo en que éstas son percibidas, evaluadas y respondidas por las diferentes instituciones; todos estos aspectos se desarrollan en el documento.

 

A fin de lograr una visión global de cada una de las manifestaciones de la violencia de género, el equipo de consultoras organizó el Informe temáticamente, presentando además para cada tema tanto el aporte gubernamental como el de las organizaciones no gubernamentales. De acuerdo a las consultoras, "esta forma de presentación hará más clara la exposición y permitirá mostrar las interrelaciones y la dinámica en cada área temática. Cabe aclarar que no en todas las temáticas se abordarán los distintos puntos planteados, debido a las características propias que asumen cada una de ellas o por la carencia de datos homologables".

 

De acuerdo al reporte de consultoría, el Informe cubre el período 1994-1998 y se basa en información:

 

Acerca de la guía utilizada para actualizar los datos, las consultoras explican que la inexistencia de estadísticas y de registros elaborados exigió construir un instrumento de recolección apropiado: "La guía resultó un instrumento adecuado para aquellas organizaciones que efectivamente tienen un trabajo amplio y un cierto registro (aunque no siempre sistematizado) de sus actividades. En algunos casos resultó muy adecuado; en otros resultó mucho más amplio que lo requerido; y en otros casos ni siquiera se pudo utilizar, dado el escaso desarrollo y visibilidad de la temática y la inexistencia de organizaciones o respuestas institucionales".

 

Para seleccionar las OG y las ONG a las que se les aplicó la guía, se tomó como punto de partida la lista de entidades del directorio confeccionado por la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos de este directorio fueron chequeados con otros (publicado a fines de 1998), al tiempo que se solicitó información a las personas entrevistadas.

 

Las consultoras señalan que "si bien y como se estableció inicialmente se habían seleccionado algunas regiones del país para realizar la tarea de actualización, (en esas regiones las entrevistas fueron realizadas por profesionales), en otros casos se utilizaron otras vías como un modo de ampliar lo más posible el campo de instituciones. Por otra parte cabe destacar que hay un grado muy grande de inestabilidad y discontinuidad en las acciones de muchas ONG, e incluso de muchos servicios que dependen de instancias gubernamentales. Y muchas de las ONG que figuran en el directorio que sirvió de base para confeccionar la lista utilizada por esta consultoría, no han podido ser localizadas pese a los esfuerzos por chequear su existencia."

 

Si bien hay OG y ONG cuyos datos no ha podido ser incluidos, las consultoras desean resaltar que:

 

 

Estas afirmaciones son válidas con relación a la violencia de género hacia las mujeres adultas. Este informe no cubre del mismo modo los diferentes tipos de violencia que afectan a las niñas: abuso sexual infantil, e incesto, de los cuales sólo se presentan algunos datos muy fragmentarios. Cabe señalar, por otra parte, que con relación a la violencia contra las niñas y niños, muchas veces los datos disponibles no están desagregados por sexo.

 

Con relación a otras prácticas de violencia que afectan a las mujeres, -violencia hacia las mujeres lesbianas, violencia institucional (de la institución médica, de justicia, policía, etc.) dada la carencia de datos, y el escaso nivel de desarrollo de las respuestas institucionales, tendrán un abordaje en este informe, acorde a esa realidad,

 

El equipo investigador afirma que "aunque los resultados de esta consultoría plasmados aquí seguramente pueden ser ampliados y completados, es posible afirmar con un alto grado de certeza que las tendencias y observaciones que se presentan, dan cuenta de la cantidad y calidad de las respuestas institucionales a la problemática de la violencia de género en Argentina".

 

 

Reunión de consulta con OG, ONG y organismos internacionales

 

De acuerdo al reporte de la consultora, el 16 de diciembre de 1998 tuvo lugar la reunión de consulta e intercambio convocada por la Representación del PNUD, la cual estuvo coordinadada por la consultora Sylvia Chetjer.

 

La convocatoria fue amplia. El equipo de la consultoría, y el Punto Focal de Género del PNUD, Marta Carlevarino, discutieron largamente los criterios para definir cómo debería realizarse la convocatoria, para que fuera lo más comprensiva posible y que tomara en cuenta:

 

     

  1. que era importante culminar con propuestas concretas, y para ello, debía ser una reunión con un número adecuado de integrantes, para favorecer el diálogo;
  2.  

  3. el breve tiempo que se contaba para la convocatoria, a lo cual se sumaba la época del año que hacía que muchas organizaciones estuvieran "cerrando las actividades del año".

 

Los criterios que se utilizaron para confeccionar la lista de invitaciones fueron:

     

  1. que estuvieran representadas el mayor número de ONG, OG y agencias del Sistema de las Naciones Unidas;
  2.  

  3. que estuvieran representadas al menos algunas de las organizaciones del interior del país,
  4.  

  5. que hubiera diversidad en cuanto a temas de trabajo, modalidades de intervención, población destinataria, etc.

 

Se enviaron invitaciones a todos los OG que tienen relación con la problemática, a las ONG de las regiones incluidas en la investigación y las agencias de la ONU. Para asegurar la presencia de algunas representantes del interior del país, se cursaron invitaciones especiales a algunas integrantes de organizaciones con larga trayectoria en el tema.

 

Junto con la invitación y el Programa de la reunión, se distribuyó una pequeña encuesta que se adjunta en el Anexo B. El objetivo de esta encuesta (de sólo tres preguntas) era facilitar el trabajo del "taller" previsto para la segunda parte de la reunión.

 

La apertura estuvo a cargo de Marta Carlevarino, Punto Focal de Género, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Luego, la consultora presentó los objetivos de la reunión y contextualizó la investigación. En primer lugar informó que la reunión era parte de las actividades llevadas a cabo para elaborar un informe que de cuenta de la situación de la violencia hacia las mujeres en Argentina, los avances, los puntos críticos; actualizar información acerca de los servicios y programas existentes, y conocer la opinión de quienes estaban en la primera línea de trabajo, sobre prioridades de acción, y recoger propuestas para articular las acciones de distintas instituciones y ámbitos y las experiencias exitosas.

 

La reunión estuvo organizada en dos partes: panel de apertura y taller de producción colectiva.

 

Panel de apertura: este panel estuvo integrado por representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales diversas. Los criterios para seleccionar las panelistas fueron que estuvieran representadas las distintas temáticas, perspectivas y experiencias, que estuvieran presentes mujeres del interior del país, o al menos que no todo quedara reducido a dar voz a las mujeres de Buenos Aires.

 

Las penalistas fueron: Cristina Zuccardi, del Instituto de Formación, Investigación y Participación de la Mujer, de Mendoza, como muchas mujeres, con otros roles también, ex diputada, política, autora de numerosos proyectos legislativos con relación a la violencia, entre ellos, un Proyecto de Prevención de la Violencia, cuando fue parlamentaria, proyecto sumamente interesante(Ver Capítulo 4); Marcela Rodríguez, codirectora del Centro Municipal de la Mujer de Vicente López, centro que acaba de recibir el premio de UNIFEM al mejor municipio gestor de los derechos de las mujeres; Gloria Galé, médica, psiquiatra, fundadora del centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, una de las primeras casas de atención a mujeres maltratadas, en Mar del Plata.

 

Taller de producción colectiva: Taller de producción colectiva: protección, reparación, prevención. Prioridades de acción, articulación entre la acción no gubernamental y la acción gubernamental, desafíos actuales y nudos críticos. La presentación del taller estuvo a cargo de Paula Flores, del equipo de consultoría.

 

Los objetivos del mismo fueron: la elaboración colectiva de las sugerencias (para lo cual se había elaborado una encuesta previa que debía ser entregada al inicio de la reunión) con relación a:

 

 

Respecto a la dinámica de la reunión, las encuestas fueron entregadas al inicio del encuentro y mientras se desarrolló el panel, el equipo de consultoría las leyó y sintetizó. Con esta información se abrió el taller, dividiéndose las integrantes en grupos pequeños con la consigna de elegir y fundamentar sus elecciones, sobre los puntos anteriores.

 

Al respecto, la consultora, en su informe indica que "si bien no es posible hablar de una "representatividad", geográfica, o institucional en sentido estricto, la heterogeneidad de las organizaciones presentes y la larga trayectoria de muchas de las participantes, permiten decir que las opiniones vertidas son significativas y cubren un amplio espectro de los grupos que trabajan por la no-violencia hacia las mujeres de la Argentina".

 

Las organizaciones asistentes a esta reunión de consulta fueron las siguientes:

 

 

 

Las preguntas sobre acciones prioritarias y propuestas para el futuro fueron incluidas en la Encuesta de actualización de datos, completada por todas las Organizaciones que figuran en el Anexo B.

 

La información recolectada, opiniones, sugerencias y demás fue debidamente considerada en la redacción del Informe Final, con el objetivo de garantizar la representatividad y legitimación de todos los sectores que trabajan por el tema de la violencia de género contra las mujeres en Argentina. De la misma forma, fueron incorporadas las observaciones y solicitudes que hicieran las Coordinaciones Técnica y General del Proyecto a la consultora.

 

Entre estas observaciones destaca la solicitud de la Coordinación Técnica a la Coordinación General del Proyecto (correo electrónico del 19 junio de 1999), en el sentido de prestar atención a la solicitud de la señora Gloria Báez (17 de junio), en una carta dirigida a Tanaz Pardiwala, con relación a la necesidad de ampliar la información sobre las acciones que desarrolla el Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud (Oficina Gubernamental de la Mujer en Argentina), las que consideraba incompletas (Anexo G).

 

La consultora explicó exhaustivamente en carta del 1 de julio de 1999, al Punto Focal de Género del PNUD/Argentina, los criterios utilizados para la elaboración del Informe, los que estuvieron apegados a los Términos de Referencia y objetivos del Informe, en tanto consistían en "brindar información actualizada…, visibilizar los vacíos y limitaciones en las respuestas institucionales y sociales al problema de la violencia de género contra las mujeres," entre otros. A partir de esos objetivos, la consultora indicó que no podía presentar "un listado pormenorizado de organizaciones, leyes y recursos sino que se trataba de una aproximación analítica. Lo cual implicaba, como se especifica en el punto 3 de los Términos de Referencia, "recopilar, sistematizar y analizar", es decir, dar cuenta de la significación de los datos disponibles.". Añade la consultora que "no se trataba de identificar el protagonismo de ciertos grupos o instituciones, sino de dar cuenta de la compleja dinámica institucional y de las múltiples acciones colectivas".

 

Finalmente, la consultora explicó que el resumen del Informe que circuló en la página Web del Proyecto, no permitía incluir toda la información recopilada, lo que pudo dar lugar a confusiones innecesarias (Anexo G). De todas formas, la consultora insistió en que la señora Báez fue entrevistada personalmente para efectos del Informe.

 

En atención a esta situación, el Representante Residente del PNUD/Argentina, Sr. Gilberto Flores, envió carta a la Sra. Báez agradeciendo su interés por completar y ampliar la información del Informe; explicando los objetivos y metodología del Informe y las personas entrevistadas, entre ellas la Directora Nacional y Jefa de Neuquén del Dpto. de Prevención de la Violencia Familiar de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia del Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud, de la cual se tomó también información.

 

Complementariamente, la Coordinación Técnica del Proyecto solicitó a Susana Sanz, del Consejo Nacional de la Mujer, información adicional sobre sus acciones en materia de violencia de género, la cual fue gentilmente suministrada por carta (Anexo G). El informe final incorpora todas las observaciones realizadas, y fue recibido a satisfacción, con la incorporación del apartado de experiencias exitosas, en mayo de 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I

|INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La realidad y calidad de los datos

 

El hecho que no haya estadísticas, excepto las judiciales y policiales, y sólo para ciertos casos, sumado al carácter fragmentario y diverso de los registros institucionales existentes establece una limitación inicial en cuanto a la posibilidad de cuantificar: no será posible determinar con cifras confiables la incidencia y la prevalencia de la violencia de género.

 

Por otra parte ¿cuáles son los datos existentes? ¿Qué registran las instituciones? En algunos casos aunque los datos son registrados, luego no son elaborados, y en muchos casos, ni siquiera contabilizados o clasificados.

 

Esta primer apreciación de ninguna manera indica que no se puedan establecer algunas aproximaciones para dar cuenta de la dimensión de la violencia de género en sus distintas manifestaciones. Simplemente es un manera de contextualizar cómo vamos a hablar en este punto.

 

Hay que puntualizar que: al no haber estadísticas, ni tampoco existir publicaciones con los datos para dar cuenta de los temas incluidos en este informe, se ha debido acudir a fuentes diversas: en algunos casos han sido obtenidos en instituciones comunitarias, privadas o gubernamentales que -directa o indirectamente- atienden o se ocupan de alguna/s de las situaciones de violencia. Se trata de algunas de estas manifestaciones, que han comenzado a "generar demanda" en instituciones: como la violencia doméstica, las violaciones, etc.. En otros casos, como por ejemplo, los de prostitución forzada y prostitución infantil, por su carácter clandestino se ha debido recurrir a otras fuentes: informantes, congregaciones de religiosas, investigaciones periodísticas serias, ya que estas prácticas no suelen llegar a las "instituciones" judicial, de salud, educativa, o cuando llegan, a menudo, no son ni reconocidas ni receptadas como existentes.

 

La calidad, característica de los datos, es una variable de la receptividad institucional que han tenido las distintas manifestaciones de la violencia. Por lo tanto, en los casos que esta ha sido significativa -como la violencia doméstica- vamos a poder dar cuenta de ciertos parámetros numéricos, en otros casos, como por ejemplo en prostitución forzada o infantil, tendremos que utilizar otro tipo de parámetros para dar cuenta de esas realidades.

 

Si bien hay quienes dirán que de este modo no es posible obtener conclusiones generalizables, claro que esto sería cierto si pensaramos en un modelo de conocimiento positivista en el que sólo el número puede dar cuenta de la realidad- creemos que se pueden realizar aproximaciones que permitan dar cuenta de la magnitud, así como del impacto de la problemática o al menos de algunas de sus dimensiones que dan cuenta de su existencia y modalidades.

 

De todos modos, siempre y cuando existan datos -numéricos o cualitativos-, éstos serán incorporados, tratando de contextualizarlos para poder de ese modo dar cuenta de su real significación. En otros casos se aportarán observaciones de personas directamente o indirectamente involucradas: tales como profesionales que intervienen en distintas instancias de la problemática -de equipos de salud, psicoterapeutas, asistentes sociales, abogadas/os; de integrantes de asociaciones civiles especializadas; de investigadoras/es, funcionarios judiciales, integrantes de asociaciones de derechos humanos, religiosas, periodistas, etc.- quienes desde sus prácticas profesionales, e institucionales, aportan información valiosísima sobre la existencia y modalidades de las prácticas coercitivas y abusivas.

 

Como ya se ha dicho, los datos disponibles no reflejan incidencia o prevalencia real del fenómeno, sino su "aparición", "visibilidad" o expresión en determinados contextos. Y sus oscilaciones, sobre todo, su aumento, está relacionado con distinto tipo de factores, entre los cuales es importante destacar el éxito de ciertas estrategias de concientización y prevención dirigidas a: 1) el mayor reconocimiento social del problema y su "desnaturalización" y 2) y el fortalecimiento de la decisión de las mujeres para denunciar, pedir ayuda o hacer pública su situación

 

Los datos son sobre todo reveladores y emergentes de esta dimensión, socio-político-cultural y toda afirmación acerca de su significación y validez debe tomar esto en consideración. Esto establece también límites en cuanto a la posibilidad de comparar la significación y/o importancia de unas prácticas en relación a otras. Ya que aunque se tengan datos cuantitativos en algunos casos, no pueden equipararse.

 

A modo de síntesis, es importante remarcar entonces que:

 

Aunque no se puedan hacer afirmaciones acerca de la incidencia o prevalencia se pueden hacer algunas afirmaciones acerca de la magnitud de la problemática, y su impacto en la demanda institucional o su presencia social.

Datos y observaciones sobre las distintas prácticas de la violencia de género

 

En todos los servicios e instituciones -gubernamentales y no gubernamentales: la capacidad de atención está permanentemente en su punto límite. Todos los servicios y programas tienen una altísima demanda, y los servicios atienden una gran cantidad de personas (o realizan un alto número de prestaciones), todas las posibles. A menudo se restringe la publicidad y difusión de un servicio para evitar que sea desbordado por el aumento de la demanda.

 

A título ilustrativo se extraen algunos de los datos de los servicios consultados:

 

Violencia doméstica:

 

 

 

 

 

Violaciones:

 

El porcentaje de casos de violación que llegan a los servicios gubernamentales y no gubernamentales, alcanza hasta un 10%: por ejemplo, en el Servicio de Violencia familiar del Hospital Alvear (ciudad de Buenos Aires) del total de consultas, el 5 % (85 sobre un total de 1700); 1 % (40 por años promedio) en el centro Municipal de Vicente López; Red Solidaria (Chaco) 4 % (21 casos sobre 500). En el nivel no gubernamental los valores son un poco más elevados: en el Centro de Fortalecimiento Familiar (Posadas), un 15 % (30 casos sobre 200); 10 % de los casos (6 sobre un total de 50); Trayectoria por una Vida sin Violencia (Buenos Aires); 7 % (10 sobre 150) Grupo de Mujeres de Córdoba.

 

Maltrato, abuso sexual infantil e incesto

 

Aunque hay pocos datos cabe consignar:

 

Los perpetradores:

(Datos leídos por el Dr Bossert, Juez de la Suprema Corte en la Apertura de la Jornada sobre Violencia y Abuso en Niños y Adolescentes, Universidad de Buenos Aires, agosto de 1998).

 

Otros datos sobre abuso sexual y maltrato

 

 

 

 

Prostitución y tráfico de mujeres

 

No hay cifras ciertas, en este tema. Sin duda, son altas y cada vez más altas. Dado que las fuentes son tan clandestinas como las propias prácticas, remitimos al capítulo en el que tratamos este tema. Aunque cabe consignar para no dejar en blanco este punto que se trata de "miles". Y que en los últimos dos años se ha producido:

 

 

 

 

Violencia institucional

 

Son muy escasos los datos existentes en torno a la violencia institucional. Del único aspecto sobre el que existen alguna información es de la violencia policial. Pero aún en este caso, es absolutamente limitado el material disponible. En este sentido desde el rechazo de recibir denuncias hasta burlas y maltrato a quienes concurren a efectuarlas, constituyen formas de victimización.

 

Violencias por parte de agentes de salud: aunque no existe casuística muchos de las personas que trabajan en servicios de violencia, expresan que suelen llegar mujeres que relatan violaciones y abusos recientes o de la infancia, por parte de profesionales principalmente ginecólogos, dentistas, anestesistas y pediatras. En los últimos meses una de estas situaciones salió a luz, cuando una mujer que estaba en terapia intensiva, fue violada por el enfermero. Si bien en los servicios especializados, en los consultorios de psciólogos y sobre todo en diálogos privados, estas situaciones son explicitadas, es uno de los tipos de violencias de género que menos "publicidad" tiene.

 

Violencias por parte de las/os funcionarias/os judiciales; los interrogatorios abusivos, inquisitoriales; las revisaciones de médicos forenses reiteradas, sin el cuidado que requiere una víctima de violación; hasta la violencia misma que implica el descreimiento de un relato de violación, son algunas de las situaciones más frecuentes.

 

Este tipo de violencias están ampliamente documentadas: sólo bastaría leer expedientes judiciales, leer informes de médicos forenses, escuchar a profesionales o familiares de personas que han hecho una denuncia policial o judicial, para tener múltiples testimonios de prácticas vejatorias, que en lenguaje técnico se denomina "victimización secundaria".

 

Simplemente a título ilustrativo de estas "violencias institucionales" se incluye un fragmento de una entrevista a una joven de 20 años, que relata su experiencia de niña, luego de haber sido abusada por su padre entre los 7 y 11 años. Si esta es la actitud con una niña, no hace falta ser muy sagaz para imaginar la actitud y el comportamiento de estos mismos funcionarios y peritos ante una joven o una mujer adulta.

 

 

 

 

La denuncia

"Cuando mi mamá hizo la denuncia ... vino la policía y se lo llevó a él y él todavía protestaba , decía que lo llevaban como a un delincuente, que vinieron tantos policías a llevarlo nada menos que a él ... a él que no había hecho nada".

 

Maltratos I

"Después tuvimos que ir nosotros a la Comisaría y ahí, entraba uno y preguntaba : -¿Qué te hizo, qué no te hizo? y llenaba un lista . Eso era las 10 de la mañana, a las 12 entraba otro y dice : -¿Por qué motivo estaban acá ? ... Y otra vez empezar a contar : ¿qué le hacía y qué no le hacía ? ¿Ya fueron al médico ? y que se yo...-bueno, vuelvan mañana, y mañana estaba el subcomisario ... otra vez a hacer declaraciones y era así una cosa de contar y contar y no se acababa nunca y después en tribunales también , las citaciones . Yo no podía ni concentrarme para las pruebas. El juicio fue en julio y nos tomaban prueba en el colegio y yo no podía hacer nada porque pensaba, esta semana seguro que nos llaman y todos los días así" .

 

Maltratos II

"Pero después que pasó el juicio nosotras nos sentíamos más culpables de haber hablado porque ya ahí había otra gente que sabía y decía que nosotras inventábamos... que porque el no se comportaba como buen padre. El tema era bastante manoseado no para ayudarnos sino para saber, todos querían saber . "¿qué pasó?, ¿qué hizo, que no hizo? , ¿por qué está preso?, ¿por qué van Uds. a Tribunales?". Pero no nos decían : "quédate en casa" o "te ofrecemos esto" o "no tenés que tener miedo"

 

Maltratos III

"Cuando teníamos que ir a los tribunales, la policía me iba a buscar al colegio, como si nosotras fuéramos los delincuentes.

 

 

Maltratos IV

Después la otra gente, no tenía confianza. Con los abogados.... yo decía : -No quiero hablar porque me pone mal el hecho de haber descubierto que era algo feo, que estaba mal. Cuando íbamos a tribunales nos retaban, no nos trataban bien, no nos decían : sí, te creemos. Era: -pero ¿estás diciendo la verdad? ¿puién te ha dicho que digas esto? ¿pué te dijo tu mamá que digás? ¿pué te dijo tu papá que digás?. Y después cuando ya estaba preso nos mandaron un asistente social y ella nos decía: -Si no tienen buen comportamiento los van a mandar a un reformatorio, al Hogar, le van a quitar la tenencia a tu madre. Entonces ella iba siempre a controlar, a ver si estabamos bien de comportamiento pero no de sentimientos. Por enfermedad sí,: -Se los ve bien, entonces llenaba un formulario y estaba bien. Y siempre amenazando ella también. Decía: -si a tu mamá la ven con otro hombre, si tu mamá tiene otra pareja, a ustedes se los

llevan" .

 

 

 

Maltratos V

"En tribunales hay como un consultorio donde pasan todas las personas por estos casos y yo no alcanzaba a poner la pierna en la camilla , quería que estire la pierna y yo no quería que me toque. A lo mejor me pasa lo mismo que me hizo mi papá . Entonces me decía : -mirá si no te ponés en la camilla, entra la policía y te lleva también presa. Era más miedo para mí ir a tribunales que le decía a mi mamá : -quedémonos acá, no quiero subir".

(Serie "Las mujeres cuentan su historia" (entrevistas narrativas videadas, CECYM, 1995)

 

 

 

Violencia policial

 

 

 

Cárceles de mujeres

 

 

 

 

 

 

 

Acoso sexual

 

 

Las cifras de violencia doméstica, violaciones o abuso y maltrato infantil (que provienen de demandas reales), son en sí mismas elocuentes de la magnitud de la demanda y de la necesidad de ampliar y fortalecer los servicios de atención. Asimismo las cifras y observaciones acerca de otras prácticas de violencia dan cuenta de esas otras realidades, al mismo tiempo muestran la dificultad de las instituciones para detectarlas y darles respuestas.

 

Demás está decir que los datos y observaciones volcados sólo dan cuenta de una mínima parte de los casos que se producen, ya que en todas las prácticas de las que este informe trata, es mucho mayor la cantidad de casos que nunca se hacen públicos que los que sí. En esto inciden muchos factores.

Por ejemplo para las relaciones de incesto, abuso sexual infantil, prostitución infantil, en tanto involucran la sexualidad, la violencia el poder, la transgresión, se caracterizan por compartir la clandestinidad, el silenciamiento o el secreto:

 

 

La prostitución adulta de mujeres es una de las prácticas tal vez más naturalizadas, y el nivel de discriminación que sufren las mujeres en prostitución hace que muy pocas veces estas lo expliciten: desde el cambio de nombres, alejarse de sus barrios o espacios habituales; la doble vida, etc.

 

Son estas características las que hacen que la información que llega a las instituciones -cuando llegan- sólo es una parte muy pequeña de la realidad de estas prácticas, y muchas veces llega de manera disimulada, y fragmentaria.

 

Pero aún más allá de este tipo de condicionantes, y a pesar de los avances alcanzados en cuanto a la visibilidad y reconocimiento social, sigue siendo cierto que muchos casos de violencia, -en cualquiera de sus expresiones- no sólo no llegan a las instituciones, sino que nunca son comunicados; y por lo tanto no son posibles de ser registrados. Por otra parte hay múltiples indicios e informaciones de que muchas mujeres y niñas que sí están dispuestas a comunicarlo, o desearían concurrir para alguna consulta relacionada con la situación que están viviendo, pero no tienen información sobre los servicios especializados; y cuando concurren a servicios generales no se registra el motivo real de la consulta.

 

Características de las personas afectadas (sexo, edad, escolaridad), profesiones, estado civil):

 

Dado lo dicho hasta ahora, no es posible determinar con precisión las características generales de la población afectada. Sólo es posible hablar en algunos casos de las características de las personas que llegan a los servicios. Por lo tanto remitimos al capítulos 6.

 

Debe señalarse por otra parte que no es posible establecer un perfil único de las personas afectadas por las distintas prácticas de la violencia sexista. Si bien en términos amplios se va sabiendo cada vez con más certeza que son problemáticas que afectan a las mujeres de distinta condición social y económica, ni todas las situaciones son iguales, ni en todos los casos las mismas prácticas tienen el mismo impacto en la vida personal de cada una. No creemos prudente establecer generalizaciones acerca de posibles "perfiles", como tampoco creemos que los perfiles que surgen de la demanda que llega a las instituciones sea un perfil generalizable.

 

Sobre las características de las personas ofensoras sucede igual que con el item anterior: sólo poseemos datos a partir de la información proporcionada a nivel de las instituciones: Ver capítulo 6

 

Distribución geográfica de la casuística

Los datos en los que se basa este informe provienen de la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, y las provincias de Chaco, Córdoba, Santa Fe y Neuquén, regiones muy diferentes en cuanto a desarrollo económico social. (Ver Capítulo 2)

 

Tipo de servicio solicitado/recibido

El análisis de la demanda no puede hacerse sin el análisis de la oferta, ya que debe tenerse en cuenta que la oferta modela las características de la demanda, o más bien que se producen complejas dinámicas entre "oferta y demanda". Se trata de la dinámica de la institucionalización de los temas, del modo en que fueron gestándose espacios para la recepción de una problemática que antes no formulaba demanda porque no había donde hacerlo. En términos generales cabe señalar que a medida que los equipos de trabajo iban acumulando experiencia iban redefiniendo sus enfoques y la calidad de servicios que ofrecían, y de este modo hoy, muchos servicios que empezaron solamente atendiendo violencia marital, fueron diferenciando el abordaje de la violencia física frente a la violencia psicológica, abrieron servicios para "testigos de violencia", para abusadores, etc.

 

Registro, Procesamiento y Análisis de datos

Como ya se ha dicho al inicio de este capítulo no existen registros centralizados acerca de ninguna de las distintas formas de la violencia hacia las mujeres y tampoco criterios homogéneos para el relevamiento de datos. Y se puede afirmar sin ninguna duda que la situación de violencia hacia las mujeres no se refleja en los diversos sistemas nacionales de estadística, porque no está incorporada, ni siquiera está categorizada.

 

Hay si, registros sectoriales:

 

Sistema de salud:

 

Si bien los hospitales deberían llevar estadísticas de atención, de los casos que les llegan a sus diferentes servicios -especializados o no- esto en la práctica no suele cumplirse por diversos motivos:

 

En el caso de servicios especializados (y esto también es válido para los servicios generales) puede haber razones operativas:

 

Otras situaciones de violencia, no dan lugar a consulta directa: por ejemplo la prostitución infantil, por ser tabú. El abuso incestuoso en la infancia, por el tabú y el secreto no llega, salvo muy tarde y excepcionalmente, a las instancias institucionales.

 

 

 

 

En el caso del acoso sexual, que sólo está tipificado para la administración pública y puede tener una instancia de resolución administrativa, no ha sido posible acceder a los registros, ni siquiera, a saber si estos casos quedan registrados.

 

El estado de situación en relación a los registros es el siguiente:

 

Las instituciones que reciben casos realizan algún tipo de ficha o recolección de información, aunque no siempre. Es frecuente encontrar respuestas acerca de que "saben de la importancia" de llevar registros pero no saben "qué" registrar ni "cómo" (carecen de formación o de recursos especializados).

 

En algunas organizaciones, las menos, hay fichajes muy ordenados y precisos de la casuística, pero no son elaborados, ni analizados.

 

De ninguna manera es posible establecer comparaciones entre las fichas, historias clínicas de las diferentes instituciones, aún para un mismo tema. Ni siquiera comparar los datos dentro de una misma institución de año a año porque modifican los criterios de recolección.

 

En algunos de los centros gubernamentales se están realizando esfuerzos para establecer criterios de registro que se esperan poner en marcha en 1999 .

También hay que señalar que en algunas instituciones hay resistencia no sólo a llevar registros sino también a atender casos. Un ejemplo puede ser ilustrativo: en 1993, un representante de OPS dejó planillas en un Hospital de Niños de la ciudad de Buenos Aires, para relevar datos con el objetivo de crear un Protocolo Internacional -Propuesta de Protocolo para el estudio del maltrato físico interpersonal de los niños. Las autoridades del hospital se negaron a utilizar estas planillas sosteniendo que no había casos. La realidad del hospital en ese momento era que estaba teniendo una demanda creciente de consultas por abuso sexual y maltrato infantil. Esta situación dio lugar a una denuncia ante el Asesor de la Cámara Civil y ante el Consejo Deliberante de la ciudad, por parte de los equipos que trabajaban con los niños maltratados y abusados.

 

Esto da cuenta que la dificultad de llevar a cabo estadísticas o registros tiene distintos niveles, que van de los más personales (las razones por las cuales las personas no hacen denuncias) hasta la negativa de las instituciones o de los profesionales que intervienen a hacerlas, por las implicaciones que pueda tener para ellos. En el caso de niños/as, dado que la denuncia es obligatoria, esto puede traer aparejado tener que ir a declarar a los Tribunales, preparar informes técnicos, quedar expuesto a demandas de "abusadores o agresores" denunciados, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II

POLÍTICAS Y /PLANES NACIONALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES

 

"Los Estados Partes.... convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia ..." Art. 7)

"Los Estados Partes convienen en adoptar en forma progresiva medidas especificas, inclusive programas. Entre otros compromisos:

D. suministrar los servicios especializados apropiados para la atencion necesaria a la mujer objeto de violencia por medio de entidades de los sectores públicos y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea el caso y cuidado y custodia de los menores afectados.

F. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente de la vida pública, privada y social.

H. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias, frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de valuar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios".

 

Politicas nacionales

Consejo Nacional de la Mujer

 

Este Informe se ocupará del tema de las Politicas Nacionales referidas a la violencia hacia las mujeres entre los años 1994 y 1998, pero particularmente desde 1995 luego de la Conferencia Internacional de Beijing, setiembre de 1995, que provocó a partir de 1994 dimisiones y cambios en la Direccion y conformación del Consejo Nacional de la Mujer, resultado de disensos sobre la representación de las mujeres argentinas en Beijing y la posición que asumiría en esa conferencia la delegación oficial.

 

En 1994 se promulgó un Decreto del Poder Ejecutivo, sobre acoso sexual en la administración Pública que correspondió a acciones emprendidas antes de este quinquenio. Asimismo el Decreto 235 del año 1996 que reglamentó la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, culmina un proceso anterior al período que nos ocupa, iniciado antes de 1994 en que se dicto la Ley.

 

En 1995 asume la Presidencia del Consejo la Lic. Ester Schiavoni, la cual establece los objetivos siguientes:

 

Como se puede apreciar, el tema de la violencia hacia las mujeres no aparece en este listado de manera específica, pero podría quedar enmarcardo en algunos de los objetivos mencionados más arriba.

 

Una de las primeras medidas que adoptó el CNM fue la creación del CFM -Consejo Federal de la Mujer- creado el 2 de Diciembre de 1996, un año después, con representantes de cada Provincia y la Ciudad de Bs. Aires, en calidad de vocales y de los Ministerios Nacionales en calidad de Directores.

 

Las funciones de este organismo son:

 

En este listado tampoco hay referencia específica al tema de violencia hacia las mujeres.

 

Sin embargo, en la primer jornada de trabajo de ese Consejo Federal se informa sobre el acuerdo de Cooperación establecido entre UNICEF y el CNM en 1996 para llevar a cabo un Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica sobre Violencia Familiar.

 

A pesar de la amplitud del título, se trata concretamente de la elaboración de un sistema de registro de casos de violencia intrafamiliar, que en 1999 se difundirá a todo el país a fin de que sea adoptado por los distintos organismos gubernamentales. Actualmente esta siendo revisado para su edición y difusión..

 

A pesar de que es imposible evaluar el Registro, (por no estar disponible) es importante señalar que está circunscripto a la violencia familiar, lo cual en principio, merece la misma crítica que ya hemos apuntado en otros puntos, con respecto a otras políticas, que no se trata de registros de violencia de género, lo cual a nivel del organismo de mayor nivel para las políticas públicas, es una falencia seria, ya que queda la violencia hacia a la mujer como subsidiaria y subsumida en una violencia sin distintivo genérico.

 

Otra iniciativa del CNM relacionada con la temática de este Informe, es la que se consigna en la Guía para la creación de áreas mujer municipales. Si bien esta guía no se ocupa específicamente de violencia, sugiere a cada municipio: "crear un área, sector, o programa dedicado a la violencia familiar, que brinde apoyo psicológico y orientación legal". Sólo se especifica la violencia intrafamiliar, dejando de lado problemáticas tan importantes como la violación, la prostitución, el acoso sexual y otras manifestaciones incluidas en la Convención de Belen Do Pará. Tampoco se ha podido detectar recomendaciones orientadas a promover acciones más amplias de prevención de la violencia, o propuestas legislativas específicas por parte de este organismo.

 

 

Además si bien el Consejo ha difundido la Convención de Belén Do Pará, no se ha podido registrar ninguna acción específica para profundizar sus recomendaciones, ya sea propuestas de adecuar la legislación nacional a lo que esta convención estipula, o tipo de programas o proyectos sugeridos por esa Convención.

 

Ni en términos presupuestarios, ni en términos de personal, las acciones o programas relacionados con la violencia hacia las mujeres tienen importancia: del total del presupuesto del Consejo, $3.940.943 el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica y Sensibilización en el tema de la Violencia contra la Mujer, cuenta solamente con $100.000, financiado por UNICEF.

 

En términos de personal, de las 40 personas que constituyen la estructura, solamente 3 están dedicadas, y de modo parcial, a este programa. Más de la mitad del presupuesto proviene de financiamiento internacional; de modo que el Estado argentino solo gasta $ 1.940.943 en el organismo que de diseñar y ser el promotor de las políticas públicas hacia las mujeres. Estas cifras dan cuenta que la relativamente escasa importancia que tienen éstas políticas en el contexto de las políticas estatales.

 

Retomando las prioridades del Consejo Federal:

 

Dentro de estas tres prioridades en consonancia con la preocupación dominante se afirma que de las tres, la primera, la referida al trabajo es prioridad absoluta. Prioridades que excluyen el tema de violencia. Excepto a las políticas de Fortalecimiento Institucional a las que nos referimos antes.

 

En materia de capacitación en el tema se pueden señalar dos eventos que tuvieron el auspicio del Consejo de la Mujer:

a) Convocatoria de dos ONG especializadas en violencia familiar en Posadas el 9 de mayo 1997; b) Jornada de capacitación sobre violencia familiar (conjuntamente con el Foro de Abogados de San Juan)

Con esto se puede dar por analizado lo referente a acciones encaradas por el CNM en materia de violencia hacia la mujer.

 

 

 

 

 

En síntesis:

 

En relación al diseño, puesta en marcha y desarrollo de políticas nacionales en relación a la violencia de género, no existe en la actualidad, en Argentina, una política nacional estatal.

 

El primer punto a señalar es que aunque la Argentina ha ratificado la Convención de Belén Do Para, hoy Ley Nacional, Nº 24.632/96, -y es este el marco más general que debe tomarse como punto de partida- se observa un significativo retraso en dar cumplimiento con las obligaciones del Estado establecidas en los artículos 7 y 8 de dicha Convención. Por otra parte y poco o nada se ha avanzado en hacer realidad los principios de esta Ley. No hay mecanismos de evaluación (al menos públicos) ni convocatorias participativas para este tipo de tarea.

 

Es por esta razón que se incluyen dos proyectos legislativos: 1) Ley de Prevención de la Violencia contra la Mujer y la Protección y Asistencia Integral a las Víctimas, 2) Proyecto de Igualdad Real de Oportunidades y Trato de las Mujeres. La incorporación de dos "proyectos" en este punto, es significativa del estado embrionario de las políticas estatales.

 

Propuestas legislativas

 

Ambas iniciativas parlamentarias toman en cuenta tanto las recomendaciones de la Plataforma de Beijing como la Convención de Belén Do Pará, y podrían ser la base de una política nacional que contemple las violencias de género, tanto en un aspecto amplio como específico.

 

Ley de Prevención de la Violencia contra la mujer y la protección y asistencia integral a las víctimas .

 

Si bien esta Ley, y todavía espera ser aprobada por la Cámara de Senadores, como propuesta de una política estatal responde al espíritu de la nueva Constitución de 1994 y adopta como principios fundamentales la Convención de Belén Do Pará. Por otra parte, en el proceso de elaboración de la misma intervinieron organizaciones de mujeres especializadas en el tema, que participaron activamente incluso en las discusiones de la Comisión Parlamentaria que debatió el proyecto.

 

Esta participación, sin duda, se percibe en el texto mismo de la ley que recoge muchas de las demandas y de los hallazgos del movimiento de mujeres, y propone líneas de trabajo posibles, y probadas.

 

Esta proyecto de ley (Ver anexo legal) establece que "el Estado a fin de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en las relaciones privadas, reconocidas en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales vigentes, mediante el organismo administrativo competente creará el Programa de Prevención de Violencia contra la mujer..." (Art. 2). La amplitud de sus objetivos así como la definición y encuadre de la violencia que incorpora, ya que incluye "cualquier conducta que cause muerte, daño, o sufrimiento físico, sexual, psicológico o emocional tanto en el ámbito público como privado" ubican a esta Ley como un instrumento acorde a la Convención de Belén Do Pará. Por otra parte esta ley promueve la articulación entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil y promueve acciones con el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema de justicia, las fuerzas de seguridad; con el Consejo Nacional de la Mujer y organismos provinciales correspondientes, con los medios de comunicación, y la recopilación de datos estadísticos. Finalmente establece que el organismo administrativo competente que aplicará la Ley deberá "convocar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas especializadas en la temática a fin de constituir el Consejo Consultivo. Prevé también la evaluación y supervisión del programa.

 

Proyecto de igualdad real de oportunidades y de trato de las mujeres:

 

Este proyecto presentado por la diputada Elisa Carriò es un proyecto integral de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato de las mujeres, en cumplimiento del artìculo 75 inc. 23 de la Constituciòn Nacional.

 

Entre las medidas propuestas se destacan, en relación con violencia de género y derechos humanos las siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

Politicas sectoriales

Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales. Ministerio deInterior

 

Es en marzo de 1998, que esta Subsecretaría lanza el Programa Mujer y Derechos Humanos PROMUDE, cuyos objetivos son "promover aquellas acciones que garanticen la no discriminación y la igualdad de oportunidades para todas las mujeres". En el momento de lanzamiento del programa se anunció que se iban a realizar actividades para garantizar y promover los Tratados de Derechos Humanos, en especial la Convención de Belen Do Pará.

 

De la documentación recogida surge que este organismo ha difundido -a a través de sus propias publicaciones- los contenidos de las Convenciones y Pactos Internacionales, así como otros documentos relacionados con la No violencia y los Derechos Humanos, aunque no se consignan otros tipo de acciones.

 

La Subsecretaría ha adherido este año a la Campaña de 16 días por la No Violencia, 25 de noviembre-10 de diciembre, con una convocatoria a actividades plásticas en distintas plazas del país, distribuyendo el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y calcomanías que reproducen el afiche con el mensaje "Cuando una mujer dice No, es No", del Centro de Encuentros Cultura y Mujer.

 

A partir del 25 de noviembre de 1998, inauguraron una línea telefónica de consulta (343-0880) sobre violencia hacia las mujeres, en la que se da información y en caso necesario derivan a otras instituciones. Esta subsecretaría no tiene presupuesto para programas de violencia

 

Ministerio de Salud y Acción Social

 

Durante el período en estudio, dos programas, ambos de violencia intrafamiliar, deben mencionarse en el ámbito de este Ministerio.

 

     

  1. Programa nacional de violencia
  2.  

    Creado por Resolución 31/95, en el ámbito de la Dirección de Promoción y Protección dependiente de la Subsecretaría de Programas de Prevención. Este programa focaliza en violencia intrafamiliar. Se propone diseñar estrategias de acción tendientes a la prevención a través de la elaboración y difusión de material informativo, gráfico, radial y televisivo y capacitar, fundamentalmente al sector salud. Asimismo busca desarrollar investigación sobre los factores de riesgo asociados a la violencia. La resolución establece la conformación de dos comisiones para la puesta en marcha del proyecto en todo el país. Sin embargo, este programa no alcanzó a desarrollar sus propuestas y quedó sólo en su formulación.

     

     

  3. Programa Piloto de Prevención y Asistencia a la Violencia contra la Mujer

 

Iniciado en agosto de 1997. Tiene financiamiento no reembolsable del BID, -que incluye a otros países (República Dominicana, Venezuela, México, y Paraguay); y se propone la preparación de un Plan nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar a ser consensuado con los referentes juridiccionales de los Ministerios de Salud provinciales. Aunque es nacional el programa está localizado en dos localidades de la provincia de Mendoza -Maipú y Guaymallén. Está prevista su finalización para 1999.

 

A partir de los resultados que se obtengan se prevé disponer de mayor conocimiento acerca del impacto de la violencia en la salud materno-infantil y definir el rol de los trabajadores de la salud pública en atender la problemática. Y es parte de los esfuerzos por mejorar el rol del sistema de salud en la detección y atención de la violencia intrafamiliar. Si bien el objetivo general de este programa es el de mejorar el rol del sistema de salud en la detección y atención de la violencia familiar, y si bien es cierto que queda mucho por hacer en este ámbito, no resulta clara la articulación de este programa con otros programas ya en marcha desde largo tiempo que tienen ya experiencias realizadas, ya que el sector salud es justamente, uno de los sectores que en términos relativos, dio cabido al mayor número de servicios y equipos de trabajo. Claro está que muchas veces sin el apoyo financiero y administrativo necesario.

 

Cabe mencionar, en el ámbito de este Ministerio, la actividad específica que se lleva a cabo en el Departamento de Educación para la Salud, que aunque no es un programa autónomo ni específico ha producido y publicado materiales de difusión, distribuidos en hospitales, escuelas y servicios de violencia familiar de distintos lugares del país, al igual que algunas actividades de capacitación y asesoramiento, en torno a la problemática (a equipos de salud) y funcionarios del área.

 

Ministerio de Educación. Programa Nacional de Promoción de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Área Educativa. Priom

 

El PRIOM fue una política que respondió a los compromisos asumidos por la Argentina ante las Naciones Unidas al ratificar la Convención para la Eliminción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Si bien no se trata de una política específica de violencia fue un hito en la promoción de políticas de equidad, que son políticas marco -o de base- en la promoción de la no violencia. "La prevención de la violencia estuvo incluida en la propuesta de contenidos curriculares, no de modo directo, sino al propiciar el aprendizaje de resolución de conflictos sin violencia.... buscando generar un curriculum que a través de diversos y sistemáticos estímulos permitiera la formación de subjetividades diferentes de varones y mujeres y alentara a una conviviencia basada en otros parámetros de reconocimiento de las diferencias, negociación, solidaridad, receptividad del otro,etc."

 

El Priom influyó en la elaboración de la Ley General de Educación, ley que se propuso adoptar un lenguaje no sexista y que incorporó "la necesidad de garantizar en la educación la igualdad de oportunidades y la erradicación de los estereotipos de genéro en los materiales didácticos". Esta política estatal, se vio truncada en 1995, cuando Gloria Bonder, ex Consejera del CNM y como tal coordinadoradel PRIOM, debió renunciar, al suprimirse los contenidos de género del curriculum.

 

A modo de síntesis

 

No hay una clara política nacional en relación a la violencia hacia las mujeres. Si bien como se ha dicho, Argentina ha ratificado algunas de las Convenciones más importantes, especialmente la de Belén Do Pará, todavía no se puede establecer que ha se hayan dado pasos importantes para traducirla en realidad por parte del Estado. Si bien pueden destacarse algunos logros, se trata de logros más generales en relación a la visibilidad de la violencia y la asunción de responsabilidades limitadas a nivel estatal y social.

 

En el tema de la violencia hacia las mujeres, en una perspectiva histórica más larga, las iniciativas a nivel estatal nacional no tienen aún la envergadura ni el impacto que la realidad de la violencia de género exigiría. Más aún, comparativamente han alcanzado mayor desarrollo a nivel provincial o municipal y del conjunto de las ONGs. En las instancias gubernamentales, los programas y servicios suelen estar sujetos a modificaciones y cambios ligados a factores de índole política que muchas veces anteponen objetivos ideológicos y estratégicos a los objetivos de una política para las mujeres. Esto se manifiesta en los momentos de cambios en la administración gubernamental: muchos servicios son sometidos a cambios que no siempre coniciden con cuestiones técnicas o del funcionamiento del servicio o programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III

MARCO LEGAL Y SISTEMA DE JUSTICIA

 

Una presentación del marco legal que regula los comportamientos encuadrados como violencia de género, debe no sólo identificar las principales normas sino también su aplicación. En este capítulo se incluyen 1) las normas constitucionales que son el marco más general que garantizan los derechos básicos, entre las que merecerá especial consideración la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta referencia lleva a explicitar un tema central en muchos debates actuales, tanto del movimiento de mujeres como del ámbito jurídico y legislativo: el tema de la importancia que pueden tener leyes generales, que si bien no regulan específicamente tal o cual comportamiento de violencia (enmarcable en tal o cual figura jurídica) buscan incidir sobre las relaciones estructurales que generan la violencia. Las consideraciones sobre esta convención que se hacen aquí puede resultar una herramienta fundamental en tanto política integral contra la violencia de género.

 

Normas Constitucionales

 

La Constitución Nacional reformada en 1994 otorga jerarquía constitucional a los siguientes tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, en las condiciones de su vigencia. Estos instrumentos reconocen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la igualdad y no discriminación, así como el acceso a la justicia y remedios efectivos para la tutela de sus derechos.

Ellos son:

 

 

También, la Constitución, establece un procedimiento para rconceder esta misma jerarquía a otros tratados internacionales sobre derechos humanos con el voto de dos tercios de las Cámaras.

 

 

Finalmente, establece que le corresponde al Congreso de la Nación, legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular para las mujeres, los niños, las mujeres y las personas con discapacidades (art. 75 inc.. 23).

 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Si bien la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer no hace un tratamiento explícito del tema de violencia de género, ésta ha establecido que "la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre", tal como la ha expresado el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General No. 19 (Recomendaciones General Nro. 19, NN.UU. Doc NO CEDAW/C/1992).

 

En efecto, el CEDAW, en dicha recomendación reconoce que la definición de discriminación contemplada en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incluye la violencia basada en el sexo. Así, el CEDAW afirma que la Convención se aplica a la violencia perpetrada por autoridades públicas, pero también la Convención establece que los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquiera personas, organizaciones o empresas. Así afirma que "en virtud del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización".

 

Cabe destacar la fundamental importancia de esta recomendación general, teniendo en cuenta los criterios de interpretación establecidos en relación a los tratados internacionales de derechos humanos. Así, en la aplicación de los tratados sobre derechos humanos, cabe tener presente el carácter de fuente interpretativa que la CSJN acuerda a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

Antecedentes jurisprudenciales

 

Este reconocimiento comienza con los precedentes "Servini de Cubría" (Fallos 315:1943) y "Ekmekdjian c/ Sofovich" (Fallos 315:1492), pero fue en el caso "Giroldi, Horacio y otro s/ recurso de casación", donde este principio afirmado con mayor nitidez.

 

Con relación al caso Ekmekdjian c/ Sofovich, se argumentó al momento de decidir una cuestión que involucraba la aplicación de un tratado internacional, debía seguirse la jurisprudencia de los órganos encargados de interpretar el instrumento internacional.

 

En relación a los nuevos principio constitucionales de interpretación que se incorporan a partir de la reforma de 1994, merece especial atención la doctrina sostenida uniformemente por la CSJN a partir del caso GIROLDI. Allí, la Corte interpretó: "Que la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente ‘en las condiciones de su vigencia’ (art. 75 inc. 22, 2 par.), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia debe servir de guía de interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana (cf. arts. 75 de la CN, 62 y 52 CA y art. 2 ley 23.054). Caso Giroldi H. S/ recurso de casación, CS, sentencia del 7 de abril de 1995, en JA, T.III.1995

 

Si esto es así, para la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deberá considerarse como es interpretada la misma por el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que es el organismo encargado de su monitoreo. De esta manera, el reconocimiento de la violencia como una forma de discriminación en el marco de la Convención, es una pauta interpretativa que deberá seguirse a los fines de aplicar esta Convención que cuenta con jerarquía constitucional.

 

Convención de Belem do Pará.

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue ratificada por la República Argentina y es ley No. 24.632/96

 

Existen algunos proyectos que proponen reconocer la jerarquía constitucional de la Convención de Belem do Pará en los términos del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.(Dolores Dominguez, Mary Sánchez y otros Expte. 3115-D-96; Marcela Bordenave Expte.1874-D-98) Sin embargo, estos proyectos no han recibido tratamiento aún por parte del Congreso de la Nación.

 

La Convención, un verdadero logro del movimiento de mujeres de América Latina en la cuestión de violencia contra las mujeres:

 

Leyes nacionales

 

El ordenamiento legal no ha dado una respuesta integral al problema de la violencia de género. Existen leyes parciales que atienden distintas manifestaciones de la violencia contra la mujer, en distintos niveles del ordenamiento. Algunas de estas leyes son de reciente sanción (leyes de violencia familiar, un decreto de acoso sexual para la administración pública), pero en la mayoría de los casos en los que están involucradas prácticas de violencia de género, el único recurso legal es el Código Penal Argentino.

 

Ni las leyes de reciente sanción ni el Código Penal han sido adecuados a lo dispuesto por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, -tal como lo dispone la misma Convención.

 

En este punto se presentarán de modo breve algunas consideraciones acerca de las principales normas: la ley 24417 sobre violencia intrafamiliar y leyes provinciales; el capítulo "Delitos Contra la Honestidad del Código Penal Argentino; y el decreto 2385/93 sobre acoso sexual en la administración pública nacional.

 

No se incluirán, los articulados correspondientes a las figuras de homicidio y lesiones figuras delictivas que son aplicables a los casos en que las víctimas sean mujeres, por que carecen de especificidad genérica.

 

Còdigo Penal- Delitos contra la Honestidad

 

El derecho penal argentino, al menos en lo que concierne a la violencia de género, está muy lejos de estar actualizado: ya la misma denominación "honestidad" como calificativo de los delitos que involucran la sexualidad, es un índice flagrante de una concepción del honor perimida .

 

El derecho penal argentino tiene su origen en la legislación española, que rigió en el país mucho tiempo después de la Independencia en 1816. El Código vigente data de 1921 -basado en el dictamen de una comisión que presentó un nuevo proyecto en 1906 y excepto que se eliminó el delito de "adulterio", no ha sufrido otras modificaciones significativas en estos 78 años de vigencia.

 

La figuras delictivas contempladas son:

 

El articulado de éste Título del Código Penal sobre delitos contra la honestidad fue merecedor de numerosas críticas. Entre las principales, además de la que propicia reemplazar la noción de honestidad por otras- libertad sexual, integridad personal, etc.- se pueden señalar:

 

En relación al Articulo 119:

Noción de acceso carnal: Esta definición (constitutiva de la violación) no se adecúa a la experiencia de las mujeres. La penetración fálica vaginal no es el exponente único de una acción vejatoria y no debe aceptarse que se restrinja la calificación de violación mediante esta noción, que excluye el fellatio, el uso de objetos, etc.

Noción de fuerza o intimidación: Así como esta redactado el artiulo 119, permite que se relativice los usos violatorios, en función de investigaciones sobre la vida privada, la "honestidad", de la persona vejada o del grado de "resistencia", ofrecido, es decir "la víctima debe probar que fue forzada" sin tener en cuenta el grado de fuerza o intimidación ejercido por el violador.

 

En relación al Artículo 120:

En su actual redacción permite que cualquier relación sexual libremente consentida entre novios, amigos ocasionales, con una menor de 12 a 15 años, autorice la condena por violación del varón. Aunque esta figura no se usa casi nunca en tales circunstancias, es incorrecta y permite abusos potenciales.

 

En relación al Artículo 132:

Consagra el casamiento del violador con su víctima como una forma de reparación. Además de que responde a una concepción anacrónica de la restitución del honor de la familia de la ofendida, ha probado ser una simple estrategia de los abogados de los violadores para evitarles la prisión, imponiendole a la joven ultrajada un casamiento consensuado formalmente, pero no libremente.

Hubo en los últimos años varios proyectos para reformar estos capítulos: en algunos casos se trató de propuestas de reformas parciales, que no tocan los conceptos de base, sino que agravan las penas; otros proyectos plantean cuestiones más de fondo, al proponer la redefinición misma de los comportamientos involcurados.

 

Luego de varios intentos fracasados, finalmente, en 1998 se aprobó un proyecto de ley que redefine estos deligos en términos de la integridad sexual de las personas, por la Cámara de Diputados que todavía no ha sido tratado por la Cámara de Senadores. (Ver el Proyecto completo en el ANEXO LEGAL).

 

Este proyecto propone una reformulación integral de los delitos encuadrados en el Título III del Código Penal -Delitos contra la honestidad. En primer lugar, se propone suprimir ese título y denominarlo "Delitos contra la integridad sexual de las personas": el nuevo encuadramiento que se propone pretende conceptualizar estos delitos teniendo como base que el bien jurídico tutelado es la integridad y la dignidad de las personas, independientemente de cualquier otra consideración. Por tal motivo, se han suprimido todas las referencias o connotaciones relativas a la honestidad de la víctima y se reconceptualiza el conflicto de acuerdo con el nuevo bien jurídico a tutelar: la integridad.

 

Se incorpora un tipo penal más amplio. La víctima o el autor pueden ser, según la nueva definición, de uno u otro sexo, dado que la gravedad de la ofensa no debe ser ligada al género de la víctima. Asimismo, la concepción de la acción es más amplia que en el Código actual, ya que permite incriminar como violación a todo tipo de penetración, incluyendo casos como la "fellatio in ore" y la penetración anal.

 

Asimismo, se contempla como una figura de abuso sexual calificado, situaciones de ultraje grave que no lleguen a la penetración, como el "cunnin lingus" y la utilización de otros instrumentos que no sean el órgano sexual masculino.

 

Esta ampliación tiene su justificación en la comprobación de que los efectos psicológicos y físicos, emocionales y sexuales sobre la víctima son los mismos en estos casos que en los que mencionaba la figura tradicional. La violación era definida por la ley como una ofensa heterosexual caracterizada por la copula genital. Sin embargo, los ataques sexuales no se limitan a la cópula genital forzada, ni es exclusivamente una ofensa de los varones contra las mujeres.

 

Asimismo, se revisan los conceptos de fuerza, intimidación o resistencia para dar lugar predominante al libre consentimiento y otros factores que pueden anularlo. Al revisar el acto para determinar si el crimen fue cometido, el concepto de consentimiento que se debate en la doctrina y la jurisprudencia se basa en si la víctima ofreció suficiente resistencia al ataque, si su voluntad fue realmente superada por el uso de la fuerza o la amenaza de daño físico.

 

El consenso no había sido definido en función del acuerdo, de la aceptación, sino en virtud de la ausencia de datos que confirmen el desacuerdo y de una serie de indicios acerca de un presunto acuerdo; exigiendo, por otra parte, que la resistencia haya sido constante.

Por ello, se amplían los factores que anulan el libre consentimiento más allá de la fuerza y la intimidación, incluyendo los supuestos de coacción, engaño, abuso de una relación de poder, autoridad o confianza, aún cuando fuera en el marco de relaciones conyugales o de concubinato e incorporando otras relaciones de autoridad y jerarquía que fuercen el consentimiento.

 

Se mantiene la figura del abuso sexual y se incorpora la figura del abuso sexual calificado, que es severamente penado, cuando el hecho implicase un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima ya sea por la dimensión o por las circunstancias o cualquier otra situación equivalente.

 

En cuanto a los agravantes establecidos, que aplican igual pena (de 8 a 20 años) a los casos de violación o de sometimiento sexual gravemente ultrajante, se amplían los supuestos incluyendo los casos en los que resultare un daño grave a la salud mental dado que no existe justificación alguna para limitarse a los daños físicos, cuando los perjuicios psicológicos pueden ser mucho más devastadores.

Asimismo, dentro de los agravantes se contempla el supuesto en el cual el hecho hubiere sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

 

Otro criterio reflejado por la modificación propuesta es que la ley debe reflejar más allá de los daños objetivos es la manera en la cual el asalto fue cometido. Así como la ley distingue entre un ataque contra la propiedad cometido con armas del cometido sin armas, así debe distinguirse entre una violación cometida con armas, en la cual la amenaza contra la vida de la víctima es evidente y manifiesta, a la cometida sin armas. De la misma manera se establece como agravante el hecho de que el delito hubiera sido cometido por personal de la fuerzas policiales o de seguridad. Finalmente, se incluye entre las agravantes, el hecho de que le autor sea portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y tuviere conocimiento de ello.

 

En el caso de estupro, se elimina el requisito de mujer honesta y se construye el tipo de modo tal que incrimina aquellas situaciones en las cuales existe un aprovechamiento de la inmadurez sexual, en razón de la mayor edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, teniendo en cuenta que lo que se encuentra comprometida es la capacidad para asumir libre y plenamente el consentimiento. Asimismo, se extiende a personas de uno u otro sexo.

 

Se incorpora la figura de rufianismo, castigando al que explotare el ejercicio de la prostitución de una persona, percibiendo ganancias que ella obtuviere por tal actividad, mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

 

Asimismo, se castiga severamente la utilización de menores para la producción de imágenes pornográficas.

 

 

 

Se elimina las referencias a la honestidad y estado civil de la víctima en la figura del rapto, reprimiendo al que sustrajere o retuviese a una persona mediando engaño, violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder o cualquier otro medio de intimidación o coerción, con la intención de menoscabar su integridad sexual.

 

Se elimina la eximente de pena por matrimonio de la víctima, sólo justificable en el marco conceptual en el cual el bien jurídico protegido era la honestidad en términos tradicionales de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Sin embargo, se introduce (art. 15) la figura del avenimiento, que es uno de los puntos más críticos del proyecto: en este punto abre la posibilidad de que el tribunal acepte un avenimiento con el imputado, extinguiéndose de este modo la acción penal, a partir de una propuesta de la víctima mayor de dieciseis años. El perdón o avenimiento refuerza las tendencias que compelen a las mujeres al silencio cuando una mujer logra sobrepasar todos estos obstáculos para denunciar, este artículo abre la brecha para la presión a silenciarla nuevamente.

 

Ley Nacional sobre Violencia Intrafamiliar No. 24.417 (ciudad de Buenos Aires)

 

Esta ley fue dictada en diciembre de 1994 y se refiere a situaciones de violencia sufridas en el ámbito familiar por cualquiera de sus integrantes. Establece la competencia de los tribunales de familia y prevè una serie de medidas cautelares para la protección de las víctimas. Asimismo, contempla la obligación de denunciar hechos de violencia relacionados con menores que lleguen a conocimiento de los servicios asistenciales y educativos públicos o privados, profesionales de la salud y funcionarios publicos. Finalmente, establece una instancia de conciliación y la necesidad de un diagnóstico de interacción familiar.

 

Si bien hay profesionales que señalan que esta ley constituye un avance en relación con el vacio legislativo previo, al intentar dar una respuesta específica, esta ley sobre violencia intrafamiliar presenta una serie de problemas en relación con su adecuación a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:

 

     

  1. Su conceptualización no está basada en la violencia de género. Intenta dar respuestas similares a problemáticas diferentes.
  2.  

  3. No tiene un alcance para todo el país sino para la Ciudad de Buenos Aires. La situación en las demás provincias depende de sus propias leyes provinciales.
  4.  

  5. Solo dispone medidas cautelares y ello en forma insuficiente.
  6.  

  7. No establece sanciones.
  8.  

  9. Incorpora una instancia de mediación absolutamente criticable.
  10.  

  11. Plantea un problema ideológico en relación a los bienes jurídicos en juego que no resuelve: preservación del vínculo familiar/integridad de las mujeres.
  12.  

  13. Falta de evaluación suficiente y seguimiento de la ley.

 

Acoso sexual

 

La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, contempla el hostigamiento sexual en lugares de trabajo, instituciones educativas y de salud, entre otras, como una de las manifestaciones de la violencia contra la mujer. Sin embargo, el desarrollo normativo en este tema ha sido mínimo.

 

Existe un decreto nacional, No. 2385 del 18 de diciembre de 1993 (sólo para el ámbito de la administración pública) que incorpora un segundo párrafo inc. E del artículo 28 de la reglamentación del régimen jurídico básico de la función pública aprobado por el decreto 1292/80. Allí se establece: "Aclárase por coacción de otra naturaleza, entre otros, el acoso sexual, entendiéndose por tal el accionar del funcionario que con motivo o en ejercicio de sus funciones se aprovechare de una relación jerárquica induciendo a otros a acceder a sus requerimientos sexuales, haya o no acceso carnal. Las denuncias o acciones que corresponda ejercer con motivo de la presunta configuración de la conducta antes descripta podrán ejercitarse conforme al procedimiento general vigente o, a opción del agente, ante el responsable del área recursos humanos de la jurisdicción respectiva".

 

Esta definición es sumamente limitada, y a la vez de amplia vaguedad, lo que no favorece una apropiación de este instrumento por parte de las agentes administrativas y la presentación de denuncias. Por otra sólo se refiere a funcionarios y en situaciones de jerarquía. No habla de las situaciones que involucran a agentes de similar jeraquía, que cuentan con la inacción o aquiescencia de los superiores. Tampoco se regula las responsabilidades de los funcionarios que no realizan acciones tendientes a prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual.

 

En relación con las relaciones laborales del sector privado, no existe una legislación específica y solo pueden aplicarse principios generales del derecho laboral, tales como la buena fe que debe regir entre empleador/a y empleado/a.

 

Se han presentado diversos proyectos de ley para regular y castigar las situaciones de acoso sexual en el lugar de trabajo. Uno de ellos, presentado por la diputada Irma Roy fue aprobado por la Cámara de Diputados pero al no ser tratado por la Cámara de Senadores en el período parlamentario correspondiente perdió estado parlamentario.

 

La mayoría de los proyectos sólo atienden la problemática del acoso en el lugar de trabajo.

 

Un proyecto de la diputada Elisa Carrió presentado durante 1998, se aplica también a instituciones educativas públicas y privadas. Por ello, en el proyecto se prohibe, se regula y se sanciona el acoso sexual u hostigamiento como una práctica discriminatoria por razón de sexo que atenta contra los principios constitucionales de la inviolabilidad de la libertad de trabajo, la dignidad y la vida humana, los derechos consagrados por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como contra los principios y convenciones internacionales de la OIT que obligan al Estado a condenar la discriminación por razón de sexo y a establecer políticas para la eliminación de todas las formas de discriminación.

 

El proyecto establece que se comete la conducta de acoso sexual cuando se incurre en cualquier tipo de requerimiento, favor, acercamiento, condición, presión y/o cualquier otra conducta o manifestación ofensiva, no deseada por quien la recibe, ya sea verbal, escrita, simbólica o física, de naturaleza explícita o implícitamente sexual, cuando el aceptar y someterse a dicha conducta se convierta en forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una persona; cuando el rechazo de dicha conducta por parte de la persona hostigada sea utilizado como fundamento de la toma de decisiones en el empleo que afecten a esa persona o a alguien vinculado directamente a ella de alguna manera; cuando la conducta tenga el efecto y/o el propósito de interferir con el desempeño del trabajo, estudios o cualquier otra actividad de la persona hostigada o cuando produzca un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil u ofensivo; o cuando esa conducta provoque efectos perjudiciales en las condiciones de empleo, el cumplimiento laboral o el estado general de bienestar personal de la persona acosada.

 

Dadas las connotaciones negativas que genera en la víctima dicho actuar, se establece que principalmente será la persona acusada quien tendrá la carga de la prueba para desmostrar que no la hostigó y que el resultado de su conducta no fue discriminatoria.

 

Establece como principio que los empleadores tendrán la responsabilidadad de tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual. Ellos, serán responsables por las actuaciones del personal a su cargo contra cualquier trabajador/a, independientemente de si esos actos fueron autorizados o prohibidos, salvo que demuestre que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación. Además, también serán considerados responsables por los actos de acoso sexual por parte de personas que no estuvieren bajo su dependencia, si el acoso se cometiere contra personas que estuvieran a su cargo por parte de personas que no pertenecieran a la planta de personal, si él o sus representantes sabían o debían estar enterados de dicha conducta y no tomaron una acción inmediata y apropiada para corregir la situación.

 

En el distrito de Vicente Lòpez, se aprobó en diciembre de 1998 una ordenanza para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual dentro del ámbito municipal, estableciendo responsabilidades para los funcionarios que no previenen, investigan o sancionan el acoso sexual cometido contra empleadas de la municipalidad.

 

LEYES PROVINCIALES

 

Ante la falta de una legislación nacional con alcance territorial para todo el país, algunas provincias sancionaron sus propias leyes sobre violencia familiar. Algunas de ellas se inspiran en la ley 24.417 y establecen medidas protectorias. Otras, tienen un alcance mayor y establecen programas más amplios de prevención y asistencia. En lo que sigue se hace un breve comentario sobre las leyes de las provincias que han sido incluidas en el Presente Informe.

 

Ley Nro. 4.377, Provincia de Chaco

 

A través de esta ley se crea el Programa Provincial de Prevención y Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia Familiar, que se subdivide en dos programas, uno que trabajará con los casos de violencia familiar no constitutiva de delitos y otro con los casos que constituyen delitos. Estos programas serán ejecutados por la Comisión Permanente de Prevención y Asistencia las Víctimas de Violencia Familiar.

 

Con relación al programa de violencia familiar no constitutiva de delitos (que son todo tipo de agresiones físicas o de acción psicológica o emocional, proveniente de algún miembro del grupo familiar conviviente y que afecte en forma directa o indirecta la salud o altere el equilibrio o la armonía de la familia), la Comisión tendrá funciones de prevención, para lo cual: promoverá políticas y formulará proyectos, programas y acciones relativos a la prevención; coordinará y ejecutará los proyectos, programas y acciones; relevará permanentemente los recursos comunitarios y propenderá a su desarrollo; hará campañas de difusión para concientizar y sensibilizar a la comunidad; promoverá y organizará programas de formación y educación; promoverá la educación legislativa e institucional necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; asegurará la recepción y tratamiento de las denuncias; promoverá cursos de capacitación, etc.

 

También implementará acciones de asistencia a las víctimas de violencia familiar, asistencia psicológica y social a las familiar o integrantes de ella, brindará asesoramiento jurídico y patrocinio letrado y asistencia social. Todas las acciones que llevará a cabo la Comisión será a través de un equipo interdisciplinario especializado en el tema.

 

Con relación a violencia familiar constitutiva de delito, lo que se dará cuando un integrante del grupo familiar sea sujeto pasivo de conductas tipificados en el CP, como atentatorios contra la vida, la integridad física o psíquica, honestidad o libertad. En estos casos, la Comisión, a través de su equipo multidisciplinario, brindará atención integral a la víctima.

Deberá prestar asistencia ante el requerimiento de la víctima o de cualquier de los miembros del grupo familiar, sus representantes legales, organismos o funcionarios competentes, instituciones sociales y ONGs.

 

Toda personas que se considere víctima de violencia familiar que no constituya delito, podrá realizar la denuncia ante el juez de familia, centros asistenciales u otros organismos. Quien se considere víctima de delito, podrá denunciarlo ante la policía, el fiscal o juez de instrucción, las que serán recepcionadas sin demora.

Protección y Asistencia a los Actos de Violencia Familiar. Ley 2.212. Provincia de Neuquén

 

Esta ley tiene por objeto la protección contra toda forma de violación de los derechos de las personas por algunos de los integrantes de su grupo familiar, estableciéndose un marco preventivo y procedimiento judiciales para la atención de los mismos. Adoptando una definición de grupo familiar amplia (unidad doméstica, conviviente o no, basada en lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad, o que cohabiten en forma permanente o temporaria)

 

Se establece que la Subsecretaría de Acción Social será la encargada de la aplicación y la ejecución de la presente ley en todo lo que no competa la P.J. y de coordinar la planificación con organismos públicos y privados de la provincia.

 

Se dispone que toda persona que sufriese maltrato o abuso (incluyendo el sexual) por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos ante el juez competente (civil) o juez de paz, o ante las unidades policiales o cualquier otro organismo que la ley le otorgue esa función. La denuncia podrá hacerse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio letrado. La víctima podrá solicitar que se apliquen medidas cautelares.

 

Los organismos que reciban denuncias por violencia familiar y los que participen en la substanciación del proceso, mantendrán la reserva del denunciante.

 

Será un proceso sumarísimo, en la cual el juez requerirá inmediatamente de conocidos los hechos un diagnóstico psicosocial y fijará una audiencia personal, dentro de las 72 hs.

 

Con relación a las medidas cautelares, se establece que al tomar conocimiento de los hechos el juez podrá: disponer la exclusión del hogar, prohibir el acceso al domicilio o lugares de trabajo del damnificado, prohibir al sindicado como autor la realización de actos de intimidación, ordenar el reintegro al domicilio del damnificado que hubiere tenido que salir por razones de seguridad, o disponer otras medidas.

Una vez producido el informe psicosocial, el juez decidirá si mantiene o no las medidas dispuestas o si adopta otras, si les recomienda tratamiento socioterapéutico, si establece provisoriamente el régimen de alimentos, etc.

 

El juez controlará durante toda su vigencia el cumplimiento de las medidas y si de los hechos surgiere la comisión de un delito perseguible de oficio, remitirá copia de la denuncia al fiscal.

 

Se establece que los tribunales llevarán estadísticas de los casos presentados.

 

Violencia Familiar, Ley Provincial. 11.529, provincia de Santa Fe

 

La presente ley se aplicará a las personas que sufrieren lesiones o malos tratos físicos o psíquicos por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. Quedarán comprendidos dentro de este grupo los vínculos surgidos por matrimonio o uniones de hecho, sean convivientes o no, comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales.

 

La presentaciones podrán hacerse en forma verbal o escrita, ante cualquier juez o ante el Ministerio Público, los que podrán adoptar alguna medidas de las previstas y remitirán las actuaciones al juez competente (juez de familia). Las actuaciones serán reservadas.

 

Se establece la obligatoriedad de la denuncia para los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados, para los profesionales de la salud y todo otro funcionario que en sus funciones acceda al conocimiento de una situación de violencia familiar.

 

Una vez recepcionada la presentación y de considerarlo necesario, el juez requerirá una evaluación del estado de salud del agredido. Medie o no este informe, podrá: ordenar la exclusión del hogar, prohibir el acceso al domicilio o lugares de trabajo del damnificado, ordenar el reintegro al domicilio del damnificado que hubiere tenido que salir por razones de seguridad personal, decretar provisoriamente cuota alimenticia, tenencia y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar, etc., recabar todo tipo de informes.

 

El juez tendrá amplias facultades para disponer medidas con el fin de proteger a la víctima y hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de este tipo de hechos. La duración de las medidas impuestas quedará a criterio del juez teniendo en cuenta las características del caso. Luego de imponer estas medidas de carácter urgente, dará vista al Ministerio Público y oirá al presunto autor para resolver el procedimiento definitivo a seguir.

 

El juez proveerá medidas para que el agresor y/o el grupo familiar reciba asistencia médica – psicológica gratuita (lo que será obligatorio para el agresor). Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley o la reiteración de hechos de violencia, podrá ordenarse la realización de trabajo comunitarios, sin perjuicio de otras medidas.

Se establece un circuito de información de las denuncias que se presenten al juzgado, a fin de que se coordinen los servicios públicos y privados y se aboquen a acciones que eviten las causas que generan violencia dentro del grupo familiar

 

Córdoba Proyecto de Ordenanza

 

A través de este proyecto de ordenanza se intenta crear un Programa de Investigación, prevención y atención para familias que padecen crisis por violencia familiar. Por "familias en crisis" se entiende a toda familia que manifieste a través de uno de sus miembros una situación de crisis personal provocada por violencia doméstica, a través de toda acción u omisión cometida en el seno de una familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o la libertad, que acusa en el seno daño al desarrollo de su personalidad.

 

Se dispone la creación del Centro de Atención familiar, que funcionará en forma interdisciplinaria, y realizará estadísticas e investigación, difundiendo la magnitud y consecuencias del tema, establecerá un servicio de atención a familias, preparará y ejecutará programas de difusión para la toma de conciencia y promoverá el intercambio y la capacitación de profesionales especializados. El servicio de atención a familias contemplará: información legal, atención y tratamiento médico y psicológico.

 

El sistema de justicia

Para comprender la realidad de las prácticas legales, es necesario completar el análisis del sistema normativo con un análisis de la práctica judicial. Tal como lo expresa, Carlos Rozansky, un juez argentino: "La existencia de normas por sí sola no garantiza nada. Si bien es un presupuesto imprescindible, de modo alguno se agota allí. Por el contrario, en muchos casos, la sanción de normas protectoras puede resultar una pantalla para ser exhibida hacia "el afuera" mientras que en el interior del sistema son muy pocas las mujeres que reciben la protección de la citada legislación".

 

La normativa -la Constitución Nacional y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer- constituyen un marco amplio para "asegurar a toda mujer un vida sin violencia". Y en este sentido es posible afirmar con absoluta certeza que aún sin que se modifiquen las leyes, estos instrumentos permitirían que ésta protección legal sea efectiva. Pues si bien es necesario la adecuación de las leyes específicas a la Convención citada, las y los funcionarias/os de justicia tienen la posibilidad de recurrir a estas normas para brindar una protección efectiva a las mujeres que han padecido o están sometidas a relaciones de violencia y recurren a la Justicia. Sin embargo, la mayoría de los jueces/zas no han utilizado el potencial que estos instrumentos aportan. Lo que da cuenta de la falta de sensibilización y conocimiento de la instancia judicial. Además hay sin duda, un sexismo muy arraigado en muchos integrantes de la institución judicial que impregna sus decisiones.

 

La realidad de la práctica judicial actual muestra que:

 

 

Principales Obstáculos en el sistema de justicia

 

Los obstáculos corresponden a diferentes niveles:

     

  1. la dimensión mítica o ideológica (sexismo)
  2.  

  3. obstrucciones intencionadas a la acción de la Justicia
  4.  

  5. los límites de la justicia y su no credibilidad y confiabilidad para las mujeres que podrían recurrir a ella
  6.  

  7. las ideas y actitudes conservadoras, reacias a todas las transformaciones del imaginario social y de las prácticas judiciales

 

La importancia de estos obstáculos no son homogéneos en las diferentes manifestaciones de la violencia de género. En violencia doméstica algunas de las falencias formales han sido superadas, con la sanción de legislación específica. En relación a los delitos "contra la honestidad" (violación, facilitación de la prostitución, abuso deshonesto, etc.) el anacronismo de las leyes (incluso el anacronismo del "bien tutelado") favorece interpretaciones igualmente anacrónicas. Otras manifestaciones de la discriminación y la violencia como lo son las relacionadas con la orientación sexual no son considerados "problemas" con implicancias jurídicas. Justamente el reclamo de las organizaciones gay y de lesbianas exige la equiparación de derechos civiles.

 

Así por ejemplo, la Ley Antidiscriminatoria, Nº 23.592, que establece una vía civil para las acciones discriminatorias y da lugar a reparación del daño moral y material ocasionados por motivos de discriminación, incluye penas cuando las acciones tengan por objeto destruir en todo o en parte un grupo nacional, étnico, racial o religioso y significativamente se ha omitido al sexo como motivo de agravamiento de penas, que podrían aplicarse justamente a casos graves de violencia de género.

 

     

  1. Dimensión mítica o ideológica

 

Hay en todo hecho jurídico, como en otros hechos sociales, mitos o ideologías, que están presente tanto en los fundamentos doctrinarios como en los procedimientos. Y que están profundamente arraigados en un imaginario hegemómico que rige las relaciones entre mujeres y varones y favorece la "discriminación" contra las mujeres.

 

Esta impregnación mítica o ideológica puede ser percibida en el análisis del dispositivo jurídico, cualquiera sea el nivel del mismo.

 

En relación a los delitos en los que está involucrada la sexualidad. Ya la definición del "bien tutelado", como ya se ha dicho en este mismo capítulo, tiene un claro sesgo sexista. En este punto se hará especial hincapié en la práctica judicial, a través de señalamientos sobre la jurisprudencia y la doctrina. Es decir en las interpretaciones de los textos legales. Así por ejemplo en relación a la figura de la violación, esto se hace evidente:

 

 

Muchas de las citas jurisprudenciales que figuran a pie de página son utilizadas en la fundamentación de resoluciones judiciales actuales y son ilustrativas de la ideología de los funcionarios de justicia,.

 

En relación a violencia doméstica: a pesar de la existencia de leyes específicas, las decisiones judiciales están en muchos casos impregnadas de ideología sexista. Una de las formas en que esto se hace presente es en la no "aplicabilidad" o utilización de las medidas legales disponibles, lo que indica, entre otras cosas, una fuerte resistencia a aceptar la intervención judicial, u otras intervenciones profesionales frente a conflictos que involucran a parejas, padres e hijas/os, como si todavía el ámbito doméstico fuera "privado".

 

Hay demora en la toma de decisiones, que redunda en una falta de protección eficaz para las víctimas, que en estos casos es particularmente grave. La "rapidez" con que la Justicia determinar una "exclusión" del hogar depende de quien es la o el funcionaria/o responsable. En estas situaciones más que en otras, la eficacia depende de la rapidez de la decisión. Eficacia en el sentido de evitar o atenuar situaciones de "riesgo" de la persona, de su integridad física, de su salud, etc.-, especialmente teniendo en cuenta la indefensión que significa convivir con el agresor, que se agrava cuando se trata de niñas/os pequeña/os.

 

La valoración de la unidad familiar en los casos de maltrato conyugal, la concepción que la niña o niño incestuado o abusado es nuevamente victimizado en las instituciones tutelares, inhibe la aplicación de estas medidas que en realidad son soluciones provisorias, pero que pueden ser muy útiles y decisivas. A veces se las posterga como dando "una nueva chance" a la pareja, o a un padre abusador, sin valorar y reconocer el duro y largo proceso que ha debido atravesar una mujer para denunciar el maltrato que vive, o para poner limites al abuso que sufren sus hijos. Para cerrar este punto, además de los señalamiento ya realizados, hay agregar que si bien en opinión de los especialistas la existencia de leyes específicas ha contribuido enormemente a dar visibilidad al problema "la ulterior protección y la prevención están actualmente vacíos de contenidos por la inadecuada respuesta de los servicios de salud, cuya modificación escapa al ámbito judicial"

 

 

     

  1. Obstrucciones intencionadas a la acción judicial

 

Se presentarán ejemplos relacionados con las manifestaciones de la violencia que están contempladas en el Derecho Penal (delitos sexuales). En muchos casos en los que los agresores son "niños bien", es decir jóvenes, pertenecientes a familias con poder económico y vinculaciones políticas u otros sectores de poder; o que es un "famoso"; o están vinculados a "mafias", o a sectores delictivos pero vinculados a fuerzas de represión ilegal, se suelen "crear" obstáculos a la acción de la Justicia: desaparición de elementos probatorios, amenazas a testigos, presiones e intentos de soborno a los allegados o testigos, golpizas, asesinatos.

 

En el Caso Pinar, (1987) dos adolescentes en vacaciones en la provincia de San Juan, de la región andina del país, fueron violadas por una "patota" de 14 jóvenes, algunos de ellos hijos de jueces y diputados. En este caso, los "obstáculos" consistieron en presiones a la Justicia, particularmente a un Juez que las aceptó, razón por la cual fue luego sometido a juicio político, pero sirvió para que los responsables que habían sido inicialmente procesados, fueran liberados por "falta de pruebas" y ante un nuevo proceso abierto luego de la anulación del anterior, ninguno de los 14 pudo ser localizado: todos habían cambiado de domicilio.

 

Más recientemente dos adolescentes que estaban haciendo dedo en una ruta, en época de vacaciones, fueron violadas y asesinadas. Un camionero, que fue testigo clave, del hecho y que posibilitó la identificación del presunto culpable (aparentemente ligado a una "mafia"), luego de declarar en la Justicia comenzó a recibir amenazas de muerte, quedó sin trabajo, hasta que pocos meses después fue encontrado colgado de un árbol. Los familiares denuncian que no se trató de un suicidio, como se intento hacer justificar esa muerte, y reclaman "justicia" por homicidio.

 

Un caso de grave violación a los derechos es la violación y homicidio de tres jóvenes en la ciudad de Cipolleti.

 

En el caso María Soledad, el caso de mayor impacto en la opinión pública, en el que se denunció que estuvieron implicados jóvenes ligados a personas del gobierno de la provincia, y que dio lugar a un juicio oral que fuera trasmitido día a día por la televisión de todo el país, dando lugar a un acontecimiento noticioso y político pocas veces visto, permitió registrar diversas tácticas de amenaza, presión e incluso hay denuncias de que algunas muertes "accidentales" fueron homicidios de testigos claves.

 

Otro caso judicial que muestra, entre otras falencias propias de la Justicia, es el Caso del Gitano, de amplia repercusión en los medios de comunicación. Se trata de individuo acusado de "proxenetismo de niños", que implica una figura delictiva grave para el Código Penal Argentino. Esta persona, según información dada a conocer por periodistas y por religiosas de la Congregación de Adoratrices que tienen un Programa para mujeres y niñas en prostitución, obliga a prostituirse a niñas "de la calle", expulsadas a corta edad de sus hogares por la violencia y el abuso. Denunciado justamente por la directora de uno de los hogares de dicha Congregación Religiosa (ante la Justicia), se inicia una causa que culmina con la liberación del acusado (que había estado en prisión preventiva durante varios meses). La razón fue la "falta de pruebas", que tuvo por trasfondo: un homicidio de una niña, varias niñas golpeadas, amenazas a familiares de estas niñas, entre otros procedimientos que constan en el expediente.

 

 

3. Límites de la Justicia y no credibilidad

 

La imposibilidad de resolver muchas de las situaciones por las cuales las personas llegan a la Justicia a radicar una denuncia, (por razones ligadas a los límites que establece la Ley, o por cuestiones relacionadas con las normas procesales, o por razones externas, a la institución judicial, como las mencionadas en el punto anterior, han creado una actitud de desconfianza frente a la acción de la Justicia.

 

Muy frecuentemente se suele decir, que el escaso número de denuncias es producto del desconocimiento de los derechos. Tanto o más que el desconocimiento de los propios derechos, y de los recursos existentes, la población no acude a la Justicia porque sabe que:

 

 

Algunos datos relacionados con agresiones sexuales, son claro índice de la escasa efectividad en la identificación y sanción de los agresores. Las estadísticas criminales dan cuenta que sólo entre el 9 y 13 % de las denuncias por los llamados "delitos contra la honestidad", llegan a un proceso con sentencia condenatoria. Es decir el 90 % de los casos, la Justicia no llega a determinar quien es el culpable o no arriba a tener los elementos de prueba necesarios para hacer efectiva una sanción. Para quienes recurren a la Justicia, esta "falta de pruebas" resulta una respuesta insuficiente e insatisfactoria. Si bien el castigo no es el objetivo más importante en las denuncias, hay una necesidad de que haya un reconocimiento social de lo sucedido. Y tampoco esta necesidad es satisfecha por la institución judicial.

 

En el caso de las mujeres traficadas, prostituidas, testimonios que se han recogido muestran la inmensa desprotección en la que viven, la amenazas y presiones por parte de proxenetas y mafias, en las cuales muchas veces están implicados sectores de las mismas instituciones que deben actuar en la represión o en la sanción del proxenetismo. Los riesgos de denuncia en estas formas de violencia hacia las mujeres y las niñas, son realmente la integridad física y la vida. Es entonces comprensible que casi no existan denuncias.

 

Otras dificultades, vinculadas con la justicia se refieren

 

Todos estos factores incrementan la poca credibilidad que la población tiene en la Justicia.

 

Pese a que este análisis puede parecer desalentador, se perciben cambios positivos en la respuesta judicial en los últimos años. En la medida que el funcionamiento de las instituciones democráticas se está afianzado, que existen nuevos mecanismos de control ciudadano, que se ha creado el Consejo de la Magistratura que establece mecanismos basados en la idoneidad para los nombramientos en la institución judicial, en la medida que hay una mayor "alerta social", y la presencia activa de organizaciones de mujerse y feministas los actos judiciales ostentosamente discriminatorios son denunciados y hay participación crítica de la ciudadanía, jugando en este sentido un rol muy importante la prensa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV

OFERTA DE SERVICIOS PARA LA DETECCIÓN, REFERENCIA Y ATENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y ACCIONES GUBERNAMENTALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

6.1. VIOLENCIA DOMÉSTICA

Antes de describir las características de la oferta de servicios es necesario puntualizar que se incluyen todos los centros y servicios que atienden maltrato conyugal o marital; violencia doméstica; violencia intrafamiliar; violencia masculina en la pareja, entre otras. En este capítulo se incluirán los servicios, no importa bajo que denominación estén inscriptas.

 

Por otra parte en este capítulo, tal como se ha dicho, se van a presentar los datos correspondientes a OG y a ONG. Aunque se lo hará separadamente Peo a fin de mantener una cierta coherencia temática, ésta parece ser la mejor manera de exposición

 

La oferta de servicios, a nivel gubernamental

 

Se describe brevemente algunas de estas modalidades, particularmente las más consolidadas en el presente.

 

En esta descripción quedan agrupadas las distintas regiones del país. Por razones diversas -históricas, institucionales, políticas, coyunturales muchas veces- en algunos casos tiene más preeminencia la red hospitalaria. En otros casos las instancias jurídicas y órganos de gobierno municipal o provincial. En este último caso las inserciones institucionales son heterogéneas: pueden tener el nivel de un Departamento dependiente de una Dirección dentro de un Ministerio (el caso del Departamento de prevención de la Violencia Familiar de Neuquén ); ser dependiente de una Comisión Interministerial de Derechos Humanos (Chaco) o ser un servicio dentro de la estructura hospitalaria (Servicios de Violencia Familiar dependientes de los servicios de psicopatología de los Hospitales Penna y Argerich de la Ciudad de Buenos Aires y del Hospital de Madariaga en Posadas, etc.); o ser una programa de una secretaría del gobierno municipal (Programa de Género y Desarrollo dependiente de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario; Servicio de Violencia Familiar de la Municipalidad de Lomas de Zamora, de Mar del Plata, etc.). Una inserción bastante frecuente aunque se presenta con distintos rangos es la de ser una dirección o un programa o una subsecretaría dependiente de la secretaría de desarrollo o promoción o acción social de alguna instancia gubernametal como ser un ministerio (Programa Red Solidaria del Chaco; Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires). Otro caso es el de las oficinas de atención a las víctimas del delito; la de Buenos Aires (OFAVI) depende del Ministerio Público y en las de Córdoba y Neuquén son ambas dependientes de los respectivos gobiernos provinciales.

Modelos de atención. Características principales

 

En grandes líneas, pueden distinguirse:

 

 

 

 

 

Más allá de esta caracterización general, existen matices diferenciales, pero que no son fáciles de tipificar e incluso presentan aspectos paradójicos. Por ejemplo, se puede hablar de una línea sanitarista en algunos modelos hospitalarios y de una línea jurídica, en las oficinas de atención a las víctimas (por ejemplo en los centros de Córdoba y Neuquén).

 

Si se analiza el enfoque de atención a las víctimas de los servicios de la Policía Federal, donde se podría presumir un énfasis en la denuncia, encontramos que en ellos prevalece un enfoque interdisciplinario con cierta preponderancia de lo psico-social.

Modalidades predominantes de atención (Intervención) a nivel gubernamental en algunas ciudades y regiones del país

 

En la ciudad de Buenos Aires, tienen absoluta preponderancia la instancia municipal, con un modelo de línea de crisis, centros integrales y refugio; la red de hospitales dependientes del gobierno de la ciudad. Existen además los servicios asistenciales dependientes de la Policía Federal Argentina y la recientemente creada Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, dependiente del Ministerio Público.

 

El mapa actual de la oferta de servicios, en las regiones que abarca este Informe es el siguiente:

 

Provincia de Buenos Aires

Existen dentro de la órbita del Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano un Programa de Violencia Familiar; así como también programas dependientes de distintos municipios (por ejemplo, en Vicente López, Lomas de Zamora, Zárate; Mar del Plata, etc.)

 

Provincia de Córdoba

En esta provincia funcionan dos instancias con inserciones diferentes. Una de ellas depende de la Secretaría de Promoción Humana del gobierno provincial y se denomina "Programa de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar" y la otra es el "Centro de Asistencia a la Víctima del Delito" dependiente del Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social de la Provincia.

 

 

Provincia del Chaco

En esta provincia cuentan con el "Programa Red Solidaria" dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social con un enfoque básicamente asistencial. Y con otro tipo de instancia con una inserción novedosa y menos frecuente que se denomina" Comisión Interministerial de Derechos Humanos" que depende del Programa de Derechos Humanos provincial. Este programa cumple funciones de orientación, prevención y capacitación. Si bien no se dedica específicamente a temas de violencia hacia las mujeres, un alto porcentaje de las consultas que recibe son de mujeres víctimas de agresiones físicas, emocionales y sexuales.

 

Provincia de Neuquén

Los servicios relevados son dos:

 

Provincia de Misiones

Ambos servicios están fundamentalmente orientados a prestar asistencia psico social a mujeres maltratadas y víctimas de violencia familiar.

 

Provincia de Santa Fe

Ambos programas brindan asistencia psico-social y jurídica a mujeres y niños en situaciones de maltrato y violencia familiar, realizan actividades de capacitación y comunicación social

Oferta de Servicios de las ONGs. Modelos de atención y características principales

 

La oferta de servicios de las ONGs -en violencia doméstica- es muy similar a la descrita para la OG, con horarios más reducidos y servicios más acotados.

 

Brevemente señalaremos los rasgos que la caracterizan:

 

 

 

Si bien no es posible hacer un mapa completo de la oferta de servicios de ONGs , existen centros y grupos que desarrollan actividades de asistencia, y prevención tanto en las grandes ciudades del país, como en ciudades intermedias e incluso en muchas localidades pequeñas de las provincias. Es de destacar además la multiplicidad de recursos creativos que utilizan: frecuentemente como recurso asistencial el más frecuente es el grupal: ofrecen grupos de autoayuda, de rehabilitación, grupos operativos, etc. Además, realizan acciones de concientización a través de charlas en escuelas, programas de radio (nacionales, locales y comunitarias); actividades de capacitación en instituciones, etc. Por otra parte, las ONGs han tenido intensa participación en la formulación y acción política necesaria para la sanción de leyes provinciales de sanción de la violencia.

 

La cantidad y calidad de su trabajo, puede sorprender si se compara el impacto que han tenido con los escasos recursos con que cuentan. Muchas veces ha sido la acción de una o dos mujeres que a fuerza de perseverancia, han logrado institucionalizar un servicio en una institución pública, o abrir un programa de alcance amplio.

Muchas ONGs no han podido, sin embargo, persistir en brindar servicios por las limitaciones de recursos, y muchas veces estos se amplían o reducen siguiendo las alternativas del financiamiento. Estos financiamientos son mayoritariamente de origen internacional -organismos internacionales (de Naciones Unidas, la Unión Europea), fundaciones públicas europeas, canadienses, estadounidenses, fondos de embajadas, fundaciones privada, extranjeras o nacionales. El apoyo financiero por parte del estado a las ONGs es extremadamente reducido y queda circunscripto a programas o acciones puntuales. Este punto, sin embargo no puede ser desarrollado exhaustivamente, porque la mayoría de organizaciones no proporcionaron los datos pertinentes.

 

No es fácil hacer un mapa de la oferta de las ONGs. En la ciudad de Buenos Aires, y Gran Buenos Aires así como en las distintas ciudades y localidades del interior del país existen algunas que tienen larga trayectoria, otras de más reciente formación, así como múltiples grupos que están en proceso de organización y que siguen el modelo de las ONGs iniciales: se constituyen en espacios de encuentro y reflexión, con mujeres que se han capacitado o ganado experiencia en otras organizaciones, integran profesionales y ofrecen servicios de apoyo y asesoramiento en maltrato, agresiones sexuales y otras situaciones.

 

Como es de imaginar poder dar cuenta de todos los grupos, -formados o incipientes- es tarea que exigiría un relevamiento minucioso: y no ha sido posible hacerlo. Se mencionan algunas ONGs que han han tenido un rol histórico y modélico en cuanto a estrategias en el tema de la violencia doméstica:

 

En ciudad de Buenos Aires:

 

En Gran Buenos Aires

 

En otras regiones del país

Algunas tienen ya varios años de historia:

 

En La Plata

 

En Rosario:

 

En Córdoba:

 

En otras regiones:

 

Objetivos de la intervención (OG y ONGs)

 

En cuanto a los objetivos pueden identificarse dos grandes líneas:

 

a) la que enfatiza el fortalecimiento de las mujeres, el desarrollo de la autoestima y la autonomía y la dimensión social del problema

b) los orientados a la resolución del "conflicto" y a restablecer los vínculos. Esta línea da cabida a terapias familiares o de pareja y a la instancia de la mediación

Ambos objetivos se inscriben en corrientes o perspectivas teórico metodológicas diferentes que confrontan entre sí.

 

Los modelos de abordaje no siempre están diseñados en función de las necesidades y demandas de las mujeres -explícitas u ocultas- sino por la interacción de otros factores, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:

 

 

Estos factores muchas veces coexisten y se superponen; a veces los grupos tienen conciencia de la preeminencia de alguno de ellos y a veces no.

 

La inercia de estos factores unida a la presión del trabajo cotidiano, hacen que muchas veces no se puedan encontrar espacios y ocasiones para escuchar necesidades y demandas no prefiguradas por la oferta, -o el modelo de abordaje- o para detectar los cambios que se van produciendo en las demandas. También es cierto que muchas veces si se escuchan y receptan, y así es que fueron incluidos en algunos servicios, otra temáticas, como lo son la atención de los "testigos de la violencia" (en general los hijos u otros integrantes del núcleo familiar).

 

Otras demandas aunque pueden ser registradas, como por ejemplo, ayuda económica, justicia expeditiva, etc.- no pueden ser, por el momento, satisfechas por los servicios existentes y esto se menciona como falencias importantes.

 

Perfil de la demanda

 

En términos generales, y esto es válido para las OG como para las ONGs, la mayor parte de la población beneficiaria de estos servicios son las mujeres (más del 90 %), de las zonas urbanas (donde están localizados), trabajadoras, empleadas, aunque también desocupadas, (aproximadamente el 90 %); alrededor de un 8 o 9 % de sectores medios y profesionales. Las edades donde se concentran mayormente las consultantes son las edades medias, entre los 30 y 50 años. En su mayoría están en relaciones de pareja, ya sea casadas o convivientes y en general tienen hijos. Hay un incremento en los últimos 5 años de población consultante de sectores medios, atribuido por algunas profesionales a una mayor difusión y conciencia social, y también al hecho de que mujeres de cualquier clase social prefieren estos servicios especializados a una consulta privada. Aunque también el deterioro de la situación económica, lleva a mujeres que antes recurrían a servicios profesionales privados se vuelquen a servicios públicos o gratuitos.

 

REn este tema, es posible también defirnir un Perfil de la mujer que no consulta o al menos que no llega a los servicios públicos o a los servicios comunitarios.

 

El creciente interés por parte de profesionales del área de la salud, como del campo jurídico en los distintos aspectos de la problemática del maltrato, que se evidencia en la demanda de información, en la cantidad de reuniones profesionales, simposios, ateneos, etc. que tienen por tema el maltrato, dan cuenta de que estos profesionales tienen que responder a consultas y necesitan información y formación. Si bien, como es de imaginar, no hemos podido acceder a los ficheros privados de profesionales, o servicios privados psicológicos, legales, etc. hay algunas observaciones de profesionales del campo privado que podemos citar:

 

"Como abogada que trabaja con divorcios y asuntos de familia.... siempre cuento la misma anécdota, ... La primera mujer golpeada que atendí, ... una mujer de 45 años, casada con un profesor de la facultad de ingeniería, ... que inició una demanda de divorcio porque su marido le pegaba.... cuando me lo dijo, se dio cuenta que yo no le creía. En lugar de mandarme al diablo me mostró sus pechos y sus piernas. A partir de entonces siempre les creo a las mujeres que me dicen que las golpean" (...) Llevo muchos años ya ... y en el estudio atiendo a muchas mujeres de sectores medios, profesionales, etc. (abogada, estudio privado)

 

Observaciones de terapeutas que trabajan en consultorios privados dan cuenta del número creciente de consultas por relaciones de violencia.

Características de las personas ofensoras

 

La información disponible no está sistematizada, aunque en la mayoria de las "fichas o registros" que se hacen se pregunta quien es el agresor, la relación con la vícitma, y alguno otros datos. Lo que no queda duda, es que en su mayoría se trata de parejas que llevan muchos años de convivencia, y que en cuanto a edad, hay una dispersión muy alta: es decir, hay agresores de 20 y de 70 años. En algunos servicios han resaltado el alto porcentaje de personal perteneciente a las Fuerzas de Seguridad (militares y policías) en los casos de violencia marital. De todos modos aunque no puede dibujarse un único perfil en términos socio -culturales, ya que pertenecen a distintas clases sociales, tienen distintas profesiones y actividades.

 

 

6.2.VIOLACIONES

Introducción

Tal como se mencionó en la introducción, el tema de las violaciones pese a ser una de las prácticas sancionadas social y legalmente, y a pesar del esfuerzo de algunos de los grupos de mujeres de los 80, siguió relegado al ámbito del delito. Excepto una ONG con sede en la ciudad de Buenos Aires -CECYM y una oficina gubernamental, el recientemente creado OFAVI en la ciudad de Buenos Aires,- que están centralmente dedicados a la problemática, no existen en todo el país otras instituciones especializadas

Antecedentes

Precisamente cuando el gobierno militar estaba negociando su retirada, con la convocatoria a elecciones en octubre de 1983, un mes antes, una joven de 17 años, Mabel Adriana Montoya, se arroja por una ventana desde un cuarto piso al tratar de evitar una violación. Mientras lucha en un hospital por sobrevivir se organiza el primer colectivo de mujeres feministas -el Tribunal de Violencia Contra la Mujer- que intenta crear conciencia acerca ce la violencia sexual y la impunidad de los agresores, convoca a acciones solidarias que alcanzan cierta repercusión en los medios. El 1 de octubre de 1983, el Tribunal hace pública su existencia; pero las diferencias internas provocan su autodisolución poco después, cuando ya Mabel Adriana Montoya había muerto a consecuencia de sus lesiones internas.

 

A partir de esta experiencia y con el advenimiento de la democracia y la vigencia del estado de derecho, se revaloriza la desprestigia institución judicial, que había estado bajo el control del poder militar, en años de la dictadura. En esos momentos la única bibliografía que circulaba era la bibliografía jurídica (texos de criminología, psiquiatría legal, medicina forense) en los que la violación era sólo enfocada como un tema del campo del delito. En 1985 se desarrollaron otras iniciatvias en relación a la violación. Aparecen grupos de reflexión e investigación que desarrollan una perspectiva sociológica feminista, poniendo de relieve la dimensión social y política de la violencia sexual. Cabe mencionar en este sentido las iniciativas de Indeso Mujer, Savias y el Programa Los derechos de las Mujeres, éstos dos últimos en Buenos Aires.

 

 

 

 

Indeso Mujer -Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales de la Mujer- de Rosario

 

Ubicada en Santa Fe y creada en 1984: si bien las violaciones no son la única de las problemáticas encaradas por esta institución, cabe señalar que además de asistir en casos de consultas, en los 80 fue una de las contadas organizaciones que produjo materiales de divulgación y más tarde, una propuesta de reformulación del capítulo pertinente sobre violación del Código Penal.

 

Hacia finales de los 80 y en el ámbito académico, se desarrollaron algunas investigaciones sobre la violación sexual, que sirvieron de fundamento a la formulación de estrategias comunitarias, de asistencia y prevención, aunque discontinuas.

 

Cabe señalar en este sentido, dos experiencias iniciales: Savias, Servicio de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y el Programa "Los Derechos de las Mujeres.Alternativas a las políticas de control social ."

 

Savias: Servicio de Asistencia a Víctimas de Agresión Sexual, (1990-1991).

 

Ciudad de Buenos Aires. La actividad asistencial fue el eje en torno al cual se estableció este programa, aunque su objetivo era desarrollar una técnica de asistencia. En ese año se atendieron alrededor de 20 personas, tanto en los aspectos legales como psicológicos. Savias editó materiales de divulgación y desarrolló acciones de capacitación a profesionales.

 

Programa: Los Derechos de las Mujeres. Alternativas a las políticas de control social (1990-1992).

Ciudad de Buenos Aires. Desarrolló actividades de difusión en distintos ámbitos -profesionales, académicos, comunitarios, medios de comunicación, políticos, etc.- enfatizando un estrategia socio-política que tuvo como objetivos resaltar la responsabilidad institucional y social.

 

Este Programa dio lugar a la formación de una asociación civil -Centro de Encuentros Cultura y Mujer- que desde 1992, nuclea esfuerzos focalizados en la investigación, prevención y tareas comunitarias en torno a la violencia sexual.

 

Posteriormente CECYM queda como la única organización que a nivel no gubernamental, toma como tema central la violación de mujeres adultas, sea en el ámbito privado o público.

 

Otras ONGs incluyen este tema junto a otros temas de la violencia genérica, sobre todo cuando se trata de situaciones que afectan a niñas/os y se dan en vínculos de convivencia. Por otra parte, cada vez son más mujeres que consultan -y esto se repite en los diversos centros- por violaciones en la infancia y adolescentes por embarazos como producto de violaciones e incestos.

No siempre se dispone de datos, pero en los casos que existen es posible apreciar que representan un valor significativo, tanto en las OG como en las ONGs. (Ver Punto 3).

 

Si bien es cierto que comparando con las cifras de demanda de asistencia por violencia marital, los valores son más bajos, en gran medida se debe a que las modalidades y características de las consultas por violación son diferentes, por cuanto las violaciones salvo las incestuosas, son puntuales, mientras que en el maltrato la violencia es una secuencia temporal continua y persistente.

 

Por otra parte son situaciones que se producen en contextos muy diferentes, las violaciones en su mayoría son situaciones únicas, no generalizables (al menos en la población de mujeres adultas). Los motivos de consulta son más heterogéneos. En algunos servicios que derivan los casos, no se registran las consultas iniciales.

Oferta de servicios

1. En Buenos Aires y región del conurbano, está funcionando desde 1995 la Red de Recursos Institucionales para Atención de Mujeres Agredidas Sexualmente, que articula recursos interdisciplinarios -públicos y privados- para dar respuesta a las demandas de asistencia en sus diversos aspectos: médico, jurídico y psico-social.

La atención médica, se enfoca por derivaciones. La red cuenta con material informativo y didáctico así con una capacitación permanente que está a cargo del equipo de CECYM.

 

2. Oficina de Asistencia Integral a la Víctima (OFAVI) (Bs. As). Este centro de reciente creación (agosto de 1998) es un hito importante en desde el ámbito gubernamental para atender las necesidades de la víctima, desde una perspectiva integral.

 

Si bien su reciente creación no permite dar cuenta de su impacto, su inserción institucional; la perspectiva y enfoque de trabajo, la fundamentación de su línea de acción, lo ubica como un recurso que da una respuesta institucional en un nivel que responde a la demanda de muchas mujeres que han sufrido agresiones. Incluye también como "víctimas" a los familiares o personas que tienen una relación inmediata con la víctima directa. En el documento de fundación establece que sus funciones son: asesorar a las víctimas, no sólo en lo jurídico sino también en guiarlas en los mecanismos estatales y no gubernamentales de apoyo; realizar estudios epidemiológicos, desarrollar campañas de comunicación social, y organizar los vínculos administrativos y jurídicos para lograr una adecuada optimización de los servicios que las ONGs prestan.

 

Por otra parte, no sólo resulta un soporte fundamental en la construcción de un dispositivo específico que facilita la denuncia, sino que desarrolla en su perspectiva de trabajo, la necesidad de "reparación", no sólo jurídica y compromete al Estado en la necesidad de dar respuesta a estos aspectos, hasta ahora no siempre contemplados.

En otras regiones del país, los Centros de Atención a Víctimas de delitos, que si bien están organizados para atender todo tipo de casos, reciben también víctimas de violaciones

 

3. Servicio de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales de la Policía Federal, creado en 1996 y dependiente del centro de Atención a la Víctima de la misma institución. Es un servicio integrado por un equipo interdisciplinario que atiende los aspectos psico-sociales y jurídicos. Pese a estar en sede policial, no recepta denuncias.

 

Enfoque de atención

 

Tanto la Red de Recursos institucionales para Atención de Mujeres Agredidas Sexualmente como otros equipos consultados desarrollan un enfoque asistencial que se caracteriza por:

 

 

El tema de violación ha logrado trascender en gran medida el ámbito de lo policial al que estaba confinado, gracias a la acción de las organizaciones y algunso profesionales estudiosos de estas prácticas que han enfocado las violaciones desde la perspectiva de género y a la acción de periodistas con formación en género.

 

Han contribuido también a este cambio la repercusión que tuvieron algunas "violaciones" que sacaron a la luz los aspectos sociales y de género que involucran a las violaciones desvinculándolas de sus causales aducidas tradicionalmente de patologías, amoralidad, marginalidad, delincuencia, etc que las plantean como excepcionales y singulares.

 

Particularmente debe destacarse el llamado Caso María Soledad Morales, una joven estudiante de un colegio religioso, cuya violación producida en 1990 desencadenó marchas de protesta multidudinarias (de hasta 20000 personas) en la ciudad de Catamarca (70000 habitantes) capital de la Provincia del mismo nombre, pero con amplia resonancia nacional, implementadas por un grupo de mujeres al estilo de las Madres de Plaza de Mayo, que determinó la renuncia del gobernador de la provincia, y un largo proceso judicial que finalizó recién en el último año, luego de siete largos años, con la condena de algunos de sus culpables.

 

Si bien el enjuiciamiento fue judicial significó, junto a algunos otros casos de menor repercusión que ocurrieron estos años,- también de violación seguida de homicidio, un enjuiciamiento al contexto social y a todos los estamentos comunitarios responsables de esas violencias hacia las mujeres, fueran niñas, jóvenes o adultas.

 

Fue importantísima la tarea que en la difusión realizaron la mayoría de los medios de comunicación social, nacionales, provinciales y locales, que dierom lugar a la opinión de numerosas especialistas en esta temática (en medios gráficos, televisión, radio, etc.)

 

A consecuencia de estas acciones, si bien las violaciones siguen cometiéndose, han dejado de ser acciones de violencia sin otras consecuencias que las policiales.

 

El último de los casos, aún impune, ocurrió en Cipolletti (Prov de Río Negro) donde masivas marchas de la población local siguen reclamando a más de un año el esclarecimiento de la muerte de tres mujeres violadas y asesinadas.

 

Perfil de la demanda

 

No es posible establecer un perfil de la demanda, ya que las violaciones afectan a todas las mujeres, sin diferencia de edad o condición social. Sin embargo hay algunas tendencias que pueden señalarse:

 

     

  1. es mayor la proporción de mujeres jóvenes que consultan
  2.  

  3. es muy alta la proporción de consulta "indirecta", es decir de las personas cercanas (madres, hermanas, tías, etc.)
  4.  

  5. las consultas muchas veces se hacen pasado un tiempo de la ocurrencia del suceso. Si bien hay una proporción de consultas inmediata, esta parece ser la menor proporción. Y muchas veces se hace una consulta meses y años después
  6.  

  7. es frecuente también que una agresión sexual reciente provoque la consulta centrada en una situación vivida en la infancia o adolescencia, es decir, es una situación reciente la que "actualiza" la necesidad de consulta

 

En los servicios hospitalarios, las consultas son en la mayoría de los casos por situaciones de incesto o violaciones reiteradas, que "aparecen" con un embarazo. Siendo motivo directo de la consulta el embarazo y que en los servicios de obstetricia y ginecología, cuando hay personal especializado en el tema de violencia, y reciben un embarazo adolescente e indagan en la historia descubren la situación de abuso

 

Características de las personas ofensoras

 

No es posible hacer un perfil de abusador. Habitualmente se construye un perfil a partir de los casos denunciados y generalmente difundidos por los medios de comunicación, que son solo una parte de los casos denunciados. Se trata de casos que tienen "interés" para los medios, en virtud de sus características extraordinarias -crueldad, asociación con otros delitos, como homicidios, robos, la minoridad de las víctimas. Son estas situaciones las que construyen un perfil de abusador esterotipado, que deja de lado "otros" perfiles, de agresores, más frecuentes, y anónimos.

 

Accesibilidad. Cobertura e impacto de los servicios

 

Estos temas sólo serán desarrollados en relación a violencia doméstica y sexual, por ser las manifestaciones que tienen mayor inserción institucional. En relación a otras expresiones de la violencia de género hacia las mujeres no existen a nivel institucional ningún tipo de respuestas específicas (excepto para maltrato y abuso sexual infantil, tema que como hemos expresado, no ha sido tomado de modo amplio en este Informe).

 

La accesibilidad, cobertura e impacto de los servicios, tienen características similares para los equipos gubernamentales y no gubernamentales y por tanto puede ser tomadas en conjunto. En los aspectos que se hayan detectadas diferencias, éstas serán señaladas.

 

Por razones históricas y operativas, los equipos y servicios gubernamentales y no gubernamentales funcionan con metodología similares y como una red, con diferentes grados de formalización.

 

La accesibilidad, -aún cuando en algunos casos no puedan dar respuesta a la demanda creciente- de todas maneras se puede evaluar como positiva gracias a los siguientes factores:

 

En cuanto a cobertura, cabe destacar que los distintos equipos atienden a poblaciones no sólo de su área de influencia: muchas veces por la dinámica de redes se producen intercambios y derivaciones entre equipos de diferentes zonas.

 

También debe señalarse que Argentina es uno de los países latinoamericanos que ha producido desarrollo teóricos metodológicos sobre el tema (a cargo de ONG o ámbitos académicos) y que esto ha dado lugar a una destacable transferencia de conocimientos a través de publicaciones, participaciones en congresos, seminarios internacionales, etc.

 

Mecanismos de evaluación, rendición de cuentas y participación de la comunidad.

 

Si bien hay coincidencia entre los integrantes de los distintos equipos en valorar positivamente la evaluación del propio servicio, y del impacto en la comunidad, éstas tareas, salvo excepciones, no son realizadas. Hay mucho contacto informal con la comunidad, pero esto no se traduce en un tarea conjunta de diseño de los servicios, de evaluación y mucho menos de rendición de cuentas

Una consideración aparte merece la constante dinámica de intercambio entre OG, ONGs y comunidad, que se traduce en múltiples espacios de encuentro y discusión; actividades comunes, entre las que pueden desatacarse: jornadas, paneles, y actos públicos en fechas especiales

 

Pero en las relaciones OG y ONGs se alcanza en muchas ocasiones articulaciones que resultan en:

 

En líneas generales en cuanto a cómo ha sido la tendencia que caracteriza la dinámica OG y ONG cabe señalar sin riesgo a equivocarse, que en lo que concierne a las violencias de género, ha sido mucho más importante el flujo de ONGs a OG que la inversa, por lo menos hasta ahora: tanto en términos de desarrollo de metodologías de trabajo, desarrollos teórico-conceptuales, información, diversidad de iniciativas y originalidad de propuestas, e incluso de presencia en medios de comunicación, asesoramiento legislativo, y presencia en espacios públicos en general

 

 

 

 

 

 

 

Otras respuestas de la sociedad civil

 

Además de las ONGs, otras entidades de la sociedad civil se han interesado en dar algunas respuestas a la violencia de sexista

 

 

Se trata en general de iniciativas de pequeña envergadura, pero que cumplen una función importante de acompañamiento y orientación. Pero la dispersión hace muy difícil precisar el impacto que tienen en la comunidad.

 

Sostenibilidad

 

Este es un punto en el que hay que hacer algunas diferencias entre OG y ONGs.

 

En la mayor parte de las ONGs, el problema de la sostenibilidad es crítico. Por un aparte los recursos que provienen de subsidios son escasos e irregulares. Por otra parte la posibilidad el autofinanciamiento es muy limitada debido al tipo de demanda que atienden: mayoritariamente se trata de una población de bajos recursos, sin ninguna otra cobertura posible. Pero ésta no es la única razón. Existe una política de gratuidad de servicios que es un punto esencial de la ideología y la política de esas organizaciones.

 

En el caso de las OG, si bien pueden beneficiarse de su pertenencia a una estructura que supone, por ejemplo, tener asegurados los salarios, los locales y la infraestructura, de todas maneras según lo que se ha podido recoger del relevamiento realizado, los servicios dependientes de organismos estatales -de distintos niveles: nacionales, provinciales o municipales- están muy limitados en su capacidad de acción, porque les reducen los presupuestos, no consideran que esos servicios sean esenciales, no disponen de la autonomía suficiente para desarrollar los programas o acciones; y además están sujetos a los avatares político partidarios y administrativos.

 

 

 

 

 

6.3 VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES LESBIANAS

 

La violencia contra las mujeres lesbianas en Argentina se caracteriza por su invisibilidad, inclusive para las mismas víctimas. Tal vez la más importante de las manifestaciones de esa violencia sea el mensaje hipócrita de la sociedad, que promete protección a cambio de silencio: es decir que si no declarar públicamente su condición de lesbiana: si "nadie se entera", estará a salvo de todo castigo.

 

El esfuerzo por mantener ese silencio, día tras día, en todos los ámbitos dónde la persona actúa -familia, trabajo,estudio, amigas/os heterosexuales, lugares de diversión, iglesia, partido político, sindicato- resulta inevitablemente en "daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres".

 

Las organizaciones de lesbianas, así como las/os profesionales que trabajan con la comunidad, disponen de ejemplos en abundancia de manifestaciones de trastornos psicosomáticos, conflictos en las parejas, cuadros depresivos y otras problemáticas productos de la tensión que demanda el ocultamiento de una parte tan importante de la persona como es la que atañe al sexo/afectividad.

 

Ejemplo:

C. que trabaja en una escuela como preceptora en tres turnos (7 de la mañana hasta 10 de la noche, de lunes a viernes), tuvo que pedir licencia porque presentaba un cuadro depresivo muy agudo. Una de sus principales conflictos era el sentirse "incapaz de comunicarse con sus compañeras/os de trabajo". Atribuía su retraimiento a alguna incapacidad de su carácter. Una de las preguntas que se le hizo, fue si alguien en su trabajo sabía de su lesbianismo. Por supuesto, la respuesta fue no. Claudia nunca había pensado hasta ese momento que ella se mantenía aislada no porque no supiera relacionarse sino porque no podía hacerlo sin hablar de su vida fuera del trabajo. Tomar conciencia de esto la ayudó a superar su depresión, ya que le permitió resignificar su conflicto: no se trataba de una incapacidad personal sino de una adaptación penosa a una realidad impuesta.

 

 

La oferta de protección a cambio de silencio es tramposa por dos motivos:

 

     

  1. porque la violencia que afecta a las lesbianas es estructural y se despliega sin necesidad de que ellas asuman públicamente su condición.
  2.  

  3. porque la sexualidad de las mujeres es cuestión de Estado, policía y familia en

 

Argentina como en el resto del mundo y por lo tanto está sometida a vigilancia, lo que hace que el mantenimiento del secreto sea prácticamente imposible.

 

     

  1. Hay violencia física, sexual y psicológica dentro de la familia

 

 

Informada por autoridades de la escuela secundaria a la que asiste su hija de que ésta tenía conductas "masculinas" (no usar pollera, no mostrar interés en los varones), la madre de Magalí (16 años) revisó el cuarto de su hija en ausencia de ésta y encontró cartas de amor que ella intercambiaba con una compañera de clase, folletos de la organización Lesbianas a la Vista y la traducción de un artículo sobre Lesbianismo. La madre quemó todo lo que había encontrado.

Cuando Magalí llegó a la casa, fue severamente golpeada por sus padres. Con la anuencia de las autoridades escolares, la cambiaron de turno y su hermano fue encargado de vigilar que no se comunicara con la compañera con quien mantenía una relación. Como no "mejoraba", fue internada en una clínica psiquiátrica para jóvenes con problemas de conducta en el barrio de Paternal donde tuvo la suerte de encontrar una profesional comprensiva de la situación por la cual estaba sufriendo violencia, que la ayudó a recuperarse, no de su lesbianismo, sino del maltrato familiar.

 

b) Hay violencia física, sexual y psicológica por parte de la comunidad en

general.

 

 

En algunos casos, la amenaza de despido o de exposición pública de la condición sexual, funciona como "disciplinadora" y lleva a la lesbiana a aceptar reducción de salarios o más horas de trabajo impagas e impide toda participación en reclamos sindicales. Esta situación se hace particularmente grave en ámbitos como la docencia o la salud . Ejemplo:

 

 

 

 

 

M.R. trabajaba como empleada administrativa en un correo privado. Su pareja, de aspecto "masculino" iba a buscarla con frecuencia a la salida del trabajo. Después de un mes, MR recibió un telegrama de despido que se singulariza por su sinceridad en los anales de la discriminación argentina: le informaron que la despedían porque la "exhibición pública de su homosexualidad" dañaba la imagen de la empresa. M.R., patrocinada por los abogados de la Comunidad Homosexual Argentina, ha demandado a la empresa por discriminación. La causa todavía está pendiente.

 

Ejemplo:

 

Mariana médica pediatra en un hospital municipal. Su jefe le comunicó, "para su bien", que se la sospechaba lesbiana (por ser soltera, no maquillarse y no hablar de relaciones con varones) y que le convenía "portarse muy bien" porque la renovación de su contrato "pendía de un hilo". A partir de ese momento, a Mariana le asignaron los peores turnos para guardia y le pidieron reiteradas veces que tomara reemplazos a último momento. A esto se sumaron los comentarios burlones de su jefe y otros médicos mayores sobre las lesbianas, charla cada vez más habitual en los momentos de descanso.

 

 

 

En el último Encuentro Nacional de Mujeres realizado en la provincia del Chaco, una pareja de lesbianas jóvenes (V. y P.) estaban abrazadas en una plaza, rodeadas por decenas de mujeres que esperaban el inicio de los talleres. Se acercó un grupo de hombres y comenzó a hostigarlas verbalmente ("tortas de mierda", "degeneradas"); las jóvenes les dijeron que las dejaran tranquilas, que ellas no molestaban a nadie. "Ah, sí, se hacen las machitas", dijo uno de los hombres y le dio dos trompadas en pleno rostro a V. Luego de esto, los hombres se alejaron. Las mujeres que las rodeaban no sólo no las defendieron sino que les dijeron que la culpa era de ellas, por "exhibirse en público".

 

c) Hay violencia física, sexual y psicológica perpetrada o consentida por el Estado:

 

A diferencia de gays y travestis, las lesbianas son en menor medida objeto de arresto o allanamiento en sus lugares de diversión. La policía emplea con ellas otra modalidad: uno o dos policías se instalan en la puerta de un bar y observan ostentosa y detenidamente a las mujeres que entran. Generalmente lo hacen cuando las dueñas se atrasan en los pagos de la "cuota" semanal que se paga a la policía para que no realice operativos en el bar ($1.000). En varios casos la repetición de esta práctica forzó a los bares a cerrar (esto sucedió en los bares Puerto Pollensa y Giss, de Buenos Aires).

 

 

 

 

 

6.4 VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN PROSTITUCIÓN

 

El carácter clandestino de su trabajo, la reprobación social que soportan las mujeres que están en prostitución, el ocultamiento y la denegación por parte de los "usuarios o consumidores" de sexo pago, y de quienes manejan el negocio o lo protejen, no permiten acercamientos de carácter cuantitativo.

 

Al menos no hay datos "oficiales" aunque muchas cifras "extraoficiales", difundidas a través de periodistas, escritores, y mujeres en prostitución, muchas veces provienen de datos que maneja la institución Policial. Las cifras dan cuenta no sólo de la enorme magnitud que tiene la prostitución de mujeres adultas, adolescentes y niñas, -estas últimas mucho menos reconocidas- sino también de los fenómenos masivos de tráfico de mujeres provenientes de otros países.

 

Si bien se estima que siempre hubo tráfico, especialmente desde los países limítrofes -Brasil, Paraguay, Bolivia- la falta de confirmación de la existencia de redes, impedía hacer afirmaciones acerca del nivel de organización que determinaba la entrada de mujeres desde estos países, permitiendo así pensar en formas de escala mas reducida, de explotación -proxenetas que manejan un número reducido de mujeres- o mujeres en prostitución "independientes", que entraban al país.

En el último año, y esto es objeto de investigaciones actuales, se registra la entrada de cientos de mujeres provenientes de América Central, fundamentalmente de República Dominicana. Hay estimaciones que afirman que en este momento hay aproximadamente 3000 mujeres dominicanas trabajando por cuenta de organizaciones que les retienen los documentos por "haberles adelantado dinero" para el pasaje y otros gastos, y de ese modo las chantajean y las tienen atemorizadas y a su merced.

 

Como prueba de esto la noticia de un procedimiento judicial que involucró a 100 mujeres, aparecida el lunes 21 de diciembre de 1998, en Página 12

 

"Un centenar de mujeres extranjeras que eran obligadas a ejercer la prostitución fueron liberadas por la Policía Bonaerense, en dos procedimientos contra las organizaciones de tratantes de blancas, realizados en Necochea y Tandil, (dos ciudades de Provincia de Bs As) en el que fueron detenidas 9 personas. En los operativos, realizados en la madrugada del sábado en 22 locales nocturnos, se secuestraron además armas de guerra y drogas, según informaron fuentes policiales.

En Necochea,, a 150 km de Mar del Plata, fueron detenidas 3 personas que tenían en su poder 200 gramos de cocaína, otras dos acusadas de facilitación de la prostitución y dos más portación de armas. En los cabarets y whiskerías allanados se detectó la presencia de 60 mujeres dominicanas que se encontraban ilegalmente en la Argentina y que eran obligadas a ejercer la prostitución También se encontraban siete argentinas, tres uruguayas, una brasileña y un travesti chileno.

En forma paralela, se realizó un procedimiento en Tandil, donde fueron detenidos dos hombres que tenían en su poder 250 gramas de marihuana, tres armas de guerra. En uno de los locales fue descubierta una adolescente que trabajaba como mesera, por lo que se inició una causa por corrupción de menores. En este procedimiento también se rescataron 38 mujeres, oriundas de Puerto Rico, Venezuela y Colombia, a las que también se obligaba a ejercer la prostitución. Las mujeres indocumentadas fueron puestas a disposición de Migraciones para devolverlas a su país de origen."

 

Aunque los burdeles, fueron prohibidos en 1935 al comprobarse la explotación de europeas indefensas traídas al pais por la Zvi Migdal, una organización de proxenetas, es notorio que siguieron existiendo en las ciudades del interior, en la cercanía de cuarteles y campamentos de trabajo.

 

Un caso notable es la existencia y reconocimiento de un burdel muy afamado en la ciudad de Catamarca, el cual mereció durante el juicio por el caso de la violación y homicidio de Maria Soledad Morales, múltiples comentarios que lo reconocían como lugar de reunión social de lo más conspicuo de los estamentos de poder político y económico de la ciudad (1990)

 

 

 

"Entre la estación de micros de larga distancia y el barrio de los Ejidos (una zona casi marginal) hay una cadena de prostíbulos de ínfima categoría entre los que sobresale, como el único lujoso y el de mayor prestigio de todo el Noroeste. "El Altillo" de la Tía Yoli, llamada con justa razón la dama del feudo". "Mami" no sólo les brindó al gobernador Saadi, sus diputados, senadores y funcionarios en general, la seguridad de su silencio. El Altillo es ademas garantía de salud. Hasta el momento no se sabe de algún cliente que haya contraído enfermedad venérea,..." "En la puerta un policia de uniforme cuida de que todo sea como debe ser. Cumple el mismo horario que las prostitutas. Con una diferencia no aporta a la Tía el 50% de lo que gana. Le cobra"

 

Otros no tan visibles, también existen:

 

"Ejerce la prostitución protegida. Porque lo hace a través de un suboficial de las Fuerzas Armadas, que tiene ese "servicio" de chicas. La cuidan, les hacen controles médicos y les proveen clientes de adentro de la fuerza, con lo cual aseguran un estilo de cliente". (Entrevista a integrante de un equipo de trabajo de un hogar de niñas embarazadas, que recibió el relato de una joven de 17 años embarazada, que estaba en el hogar, y que estaba en prostitución desde los 15 años)

 

Es sobretodo en las dos más grandes ciudades, Buenos Aires y Rosario en la década del 30, donde desaparecieron vastas y "pintorescas" zonas de concentración de lupanares y cabarets de oferta sexual, que sin embargo fueron reemplazadas por otras modalidades más o menos abiertas y reconocidas.

 

Actualmente la oferta sexual se manifiesta en los siguientes lugares y modalidades:

 

 

Aunque existen mujeres que se autoadministran sin proxenetas, sobre todo las que trabajan con clientes de niveles económicos altos, todas deben pagar una "cuota" a menudo considerable para ejercer su actividad y fuera de esa minoría la gran mayoría lo hace a través de establecer una relación de dependencia con organizaciones de proxenetas o proxenetas individuales, a pesar de que el Código Penal castiga severamente todas estas formas de explotación sexual.

 

Algunos datos correspondientes a la ciudad de Buenos Aires, año 1997

Investigación: Alejandra Dandán, publicada en Página 12, el 17-5-98

 

Un tema que resulta conflictivo gira en torno a la mención de prostitución forzada que aparece en la Convención de Belén Do Pará y que parece enmarcar la noción de violencia hacia las mujeres en prostitución. En efecto, esta idea podría inducir a pensar que la Convención se refiere sólo a los casos en que las mujeres son explotadas de modo despiadado, cruel, manifiesto, y por lo tanto de modo coercitivo y esclavizante.

 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que así como en todos los demás casos de violencia hacia las mujeres que menciona la Convención, ésta no está limitada sólo a los casos en que hay golpes, muertes, y situaciones sin salida para las mujeres, ya que la misma Convensión reconoce formas mucho más sutiles y menos brutales de ejercer violencia hacia las mujeres. De hecho en prostitución el sometimiento es particularmente obsceno cuando se ejerce sobre niñas, edad en la cual muchas prostituidas adultas fueron iniciadas de manera no necesariamente brutal.

 

En la prostitución hay procesos de domesticación y sometimiento psicológico y afectivo que hacen que muchas mujeres se conformen a su suerte, se habitúen a una rutina desgastante y sin futuro, e incluso a veces no se sientan usadas ni sometidas. Aunque frecuentemente los procesos por los cuales se imponen las reglas que rigen ese mundo son claras y directas: golpizas, encierros y castigos de todo tipo.

 

Otro problema que afecta gravemente la seguridad y la salud de las mujeres prostituidas es la vinculación de las organizaciones y proxenetas explotadores con otros tráficos ilegales tales como el juego, la droga, la pornografía, los chantajes a clientes prominentes, etc. Son muchos los casos de mujeres en prostitución que han sido asesinadas en distintos lugares del país ante la indiferencia policial víctimas de bandas de traficantes, a menudo enfrentadas entre sí. En la ciudad de Mar del Plata seis mujeres han muerto en poco tiempo sin que se haya encontrado el o los responsables. Usadas a menudo como correos, obligadas a consumir droga, sus vidas no son valoradas, y por lo tanto discriminadas y por lo que hacen.

 

Finalmente, y en este último sentido, es reveladora de cómo la sociedad reacciona frente al tema, la discusión polémica que se ha desatado a partir del proyecto aprobado por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Bs Aires que derogó los edictos policiales que permitían a la policía detener preventivamente a las mujeres, hombres, que venden sus cuerpos en las calles o locales. La nueva reglamentación cumple con el inciso c. del articulo 4 del capitulo II de la Convención de Belem do Pará que establece para todas las mujeres: el derecho a la libertad y la seguridad personales ya que al no perseguir la prostitución callejera evita la proliferación de prostíbulos donde el control y la explotación es siempre mayor y más directa. Sin embargo, ante esta resolución sectores de la sociedad reaccionaron y mostraron sus mezquinos intereses. Más importante que la seguridad de las personas prostituidas, y la posibilidad que el nuevo código abría de quitar bases de apoyo a las redes de corrupción y proxenetismo porteñas para estos sectores es más importante conservar la imagen de decencia en los barrios residenciales en lo que viven.

 

Actualmente están en discusión nuevos proyectos, algunos de ellos proponen retrotraer la situación a su condición inicial.

 

Recordemos al respecto que los Estados Partes en la convención de Belem do Pará en el Capítulo III de deberes de los Estados en su articulo 7 inciso f. se comprometen a:

 

"Tomar todas las medidas apropiadas , incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer."

Asimismo: en el articulo 6 del Capitulo III se establece en el inciso b:

"El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamientos y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferiroridad o subordinación." .

 

Prostitución de niñas

 

Todos los informes que hemos recogido, en particular de las entrevistas a la mismas mujeres en prostitución señalan una demanda creciente de menores de ambos sexos, que ha determinado un paralelo aumento de la oferta. Hay un alto grado de protección con que cuentan los proxenetas, de lo que dan cuenta muchos funcionarios judiciales que manifiestan su impotencia ante el temor a declarar de los testigos.

 

Distintos observadores dan cuenta de un creciente número de niñas y niños prostituidos.

 

Aunque suele enfatizarse las condiciones de pobreza como uno de los factores decisivos para el ingreso de niñas/os en la prostitución, la expulsión de los hogares, a consecuencia de maltrato, abuso sexual, y desamor, son igualmente decisivos, de modo tal que muchos niñas/os prostituidos pertenecen a clases no carenciadas.

Indudablemente cabe reconocer que la pobreza puede ser un agravante en caso de maltrato y abuso, pero la pobreza sola por sí misma no es causal suficiente de ingreso de niños en los circuitos de prostitución. Por otra parte enfatizar sólo en la pobreza desconoce que para que existan niñas prostituidas tiene que haber adultos que las prostituyen, clienten que las "compran" y organizaciones que protegen este comercio prohibido.

 

Uno de los aspectos que llaman la atención en los niños prostituidos es que a menudo comienzan por establecer con sus explotadores lazos afectivos que no encontraban en sus hogares, y esto es parte de las técnicas de captación que utilizan los explotadores del sexo infantil. Estos lazos por cierto no excluyen relaciones de violencia y de sometimiento coercitivo, pero aparecen a menudo como opciones favorables ante la experiencia que los niños tenían en su propio hogar y por cierto favorecen su captación como objetos para uso sexual.

 

"Lo paradójico de muchas chicas que están siendo prostituidas, no lo reconocen como tal, ellas dicen yo lo hago porque quiero, o porque me gusta, o porque ... (un él) me ayudó, y yo estoy agradecida"(Socióloga, equipo de atención a niñas embrazadas, OG, entrevista 1998)

 

El 40 % se inició siendo niñas: algunas iniciadas por adultos de la propia familiar; otras por necesidad económica, o iniciadas desde chicas, chicas de la calle, o salidas de instituciones. Las edades de iniciación oscilan entre los 14 y 15 años en general. Datos basados en 102 entrevistas a mujeres en prostitución. (Publicados en: Boletín Nº 3, ano, 2, Buenos Aires, 1992, Programa de Promoción de la Niña y la mujer en prostitución, Centro de Información, Santa María Micaela, Buenos Aires)

 

Verdaderamente decepcionante es la intervención estatal para prevenir la prostitución de niñas y niños. Hay ausencia de una voluntad para comprometer los recursos necesarios -no sólo económicos- para resolver la situación de inermidad de los menores. En relación a niñas /os prostituidos tres breves fragmentos de entrevistas a profesionales de OG:

 

"Los adultos se ponen muy mal... No saben como contener a los chicos.... ¿Desde dónde se aborda?...estos chicos tal vez como una forma de llamar la atención, cuentan con lujo de detalles, y una se siente mal.... no sabe como contenerlos" (Directora de Programa, Consejo Nacional del Menor y la Familia, entrevista 1998)

 

"Una idealiza.... Le cueta pensar, verlos en una situación sexual....Cuando des pues de años de trabjo una cae, porque la realidad lo muesra, nos cuesta hablarlo, porque no faltan herramientas" (Asistente social, Centro de Niños de la Calle, entrevista 1998)

 

 

 

"A veces el tema sale, en una entrvista de admisión, o en una entrevista psicológica... pero es un puntoque tenemos que tener cuidado... porque después, ¿quién maneja eso? (Coordinadora Centro de Niños de la Calle, entrevista 1998)

 

El Consejo del Menor y la Familia, puso en marcha un Programa contra la Explotación Sexual Comercial, en los años 1996, y 1997, programa que luego del cambio de autoridades, dejó de existir. Pero en el poco tiempo que existió, se centró en algunas redes de explotación de menores que combinaban prácticas de mendicidad, robo y explotación sexual. No se realizaron avances en la detección y abordaje de la problemática, debido al involucramiento de sectores de poder. El cambio de dirección de la institución hizo que las investigaciones en marcha, no prosiguieran.

 

Es la misma impotencia que manifiestan fiscales, jueces de menores ante la telaraña de protecciones y encubrimientos a las que se enfrentan en los pocos casos en que se logra iniciar procesos judiciales.

 

"Hay múltiples trabas, hay factores que impiden hacer las denuncias, y las denuncias que se hacen no llegan y cuando llegan no prosperan"(Jueza de Menores de los Tribunales de la Ciudad de Bs As, entrevista 1998)

 

"Siempre pasa los mismo: no se puede probar y cuando se puede, es imposible involucrar a los clientes y a los proxenetas" (Fiscal, Tribunales de la ciudad de Bs AS 1998)

 

"Hay una cifra negra muy grande. Se puede presumir que está sucediendo" (Jueza Tribunal de Menores de la Ciudad de Buenos Aires, 1998).

 

Como se sabe la ley es tajante en lo que concierne a penalizar con severidad la explotación de niñas/os, sin embargo la presencia de estos en los circuitos de prostitución está ampliamente corroborada, y sólo rara vez es posible llegar a sentencias condenatorias.

 

La intervención comunitaria no es más efectiva:

 

"Las chicas que vienen prostituidas no hablan...parace enmascarado... es toda una cosa de vergüenza y ocultamiento" (Socióloga, equipo Hogar Madres Embarazadas, Bs As, 1998)

 

"Ls chicas no hablan de prostituirse en ningún momento (...). lo dicen cuando están enojadas... Lo sabemos por el entorno, aquella se acsotó con tres tipos para hacerse unos mangos, está loca... en general es otra u otro quien lo cuenta" (Asistente social, Organización que trabaja con niñas de la calle, 1998)

 

"Al hacer las entrevistas de admisión, estos temas, violación, prostitución, no lo podemos preguntar ¿Cómo se pregunta?" (Directora de un Centro de día de niñas/os de la calle)

 

Hay oferta de sexo por parte de niñas/os en las calles y pero éstos no hablan, al menos con desconocidos por temor a ser recluidos en los institutos.

Pero también hay niñas en algunos de los modernos prostíbulos: por ejemplo los departamentos. Lo que sigue es un fragmento de una entrevista a una joven que trabajó durante mas de 4 años en uno de ellos. Ahora tiene 18 años:

 

"La que se va no vuelve, es un regla. Tampoco nos podemos ver y el teléfono sólo para hablar con los clientes o alguna vez las que tienen familia. No se sale mucho, yo iba a la escuela, al principio cuando cuando le dije a la dueña que quería estudiar me miró mal, pero como le prometí que no le iba a fallar en nada, nada y nunca le fallé, al final me decían la escritora, me cargaban un poco pero bien. Cuando llegúe la señora me miró un poco, preguntó por mis viejos, dijo que no quería problemas, me explicó cómo eran las reglas de la casa y listo! me quedé!

 

¿Esas reglas cómo eran, te acordás?

Bueno, sí eran siempre iguales, no se podía recibir plata, no se podía elegir, algunas elegían, ellos cobraban y te daban tu parte. Había que atender bien, se podía salir pero había que avisar dónde y no se podía tener novio, ni pelearse con las compañeras, ni emborracharse mucho, un poquito sí. (....)

 

Contame cómo era el lugar.

Es una casa con varias piezas y un bar adelante

El bar está abierto a la gente que pasa por la calle?

No, es sólo para los que conocen, hay un portero eléctrico y los tipos pasan al bar, arreglan con la señora, la chica, el precio y todo y toman algo si quieren, nosotras estábamos por ahí arregladas, viste? bien vestidas para no parecer cualquier cosa y después pasábamos a la pieza con el señor y bueno...

 

Tenían una pieza cada una?

No, dormíamos de a varias.

Pero, para trabajar,¿ cómo hacían?

Usábamos la que estaba vacía, que se yo cualquiera...

 

Cuántas chicas había en la casa?,¿ vivían todas allí?

Sí todas, no me acuerdo justo, al principio éramos menos, pero después había 12 por lo menos.

 

Y la edad? Eran todas chicas como vos?

Yo era la menor, después no, había una más chica, a mi me decían nena pero las otras no eran muy grandes tampoco, una sí, estaba desde hace mucho, era una mina muy, muy linda pero mayor, no sabés como se cuidaba y además elegía a los clientes, cuando la señora se enojaba le gritaba que ya no le quedaba mucho para hacerse la importante, siempre se peleaban...

¿eran siempre las mismas chicas o si cambiaban.

Mientras yo estuve en la casa éramos 5 que estamos siempre junta, después algunas se fueron y vinieron más, pero te digo que cada vez eran más, al final estabamos apretadas, a veces había que esperar la pieza y los tipos se ponían pesados, porque le daban algo de tomar para que se entretengan y bueno empezaba el manoseo y no se termina más, se hace muy largo, yo quería hacerla corta, para pasar a otro o descansar.

(Entrevista a L, que trabajó en un departamento desde los 14 a los 18 años, 1998)

 

No existen en la ciudad verdaderas políticas dirigidas a los niños en situación de riesgo salvo mediante algunos hogares sustitutos que son insuficientes y no dan abasto ante la demanda. Por otra parte la condición de prostituidos de los niñas/os ni siquiera es registrada en esas instituciones y su intervención al respecto es inexistente.

 

Por lo que puede saberse a través de diversos informantes, en el interior la situación es aún más grave, dada la corriente de expulsión de menores de las zonas rurales más pobres hacia las zonas urbanas marginales, donde su indefensión es absoluta.

 

El desamparo de los niños en esos parajes es aún más acentuado. Y la explotación aun más despiadada y desesperanzada si puede decirse. Estos niños, en su mayoria niñas terminan ingresando cuando van creciendo en los circuitos de prostitución adulta de los que probablemente no podrán emerger nunca más.

 

Oferta de servicios

 

La oferta de servicios para mujeres en prostitución es muy limitada. En varias instituciones consultadas se menciona que las mujeres prostituidas que consultan lo hacen por violencia familiar u otras problemáticas. La prostitución en sí misma practicamente no aparece, y muy pocas organizaciones se ocupan del tema especificamente.

 

Es de destacar la labor de dos congregaciones religiosas, las " Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad" y las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor " que brindan sostén y acompañamiento a niñas, jóvenes y adultas en prostitución.

 

 

 

6. 5. Embarazos en casos de violación. Un conflicto institucional.

 

En el último año ha habido varios casos que tomaron estado público. Se trata de casos en los cuales el aborto "no es punible", es decir, situaciones en los que como consecuencia de una violación se produce un embarazo: un embarazo que tiene la misma cualidad que el acto que lo produjo, o sea un embarazo forzado. Frente a estos casos se ha producido tres tipos de respuesta por parte de la institución médica y legal:

 

 

Varias opiniones recogidas tanto en servicios gubernamentales como no gubernamentales dan cuenta que reciben un número considerable de situaciones de embarazos de niñas - adolescentes (desde 11 a 14 -15 años) en general producto de relaciones incestuosas y violaciones reiteradas. Frente a las cuales y ante las disímiles interpretaciones del articulado del Código Penal que establece la punibilidad del aborto, acerca del rol de la Justicia y de la posible punibilidad a los médicos que practiquen el aborto, crean situaciones dramáticas y sin salida.

 

Si bien este tema merece un desarrollo mayor, debe estar mencionado como una de las formas de violencia que se ejerce doblemente sobre cientos de niñas.

Lo que sigue es un caso muy reciente, y paradigmático de este conflicto que acabamos de señalar :

"El Sistema Provincial de Salud no autorizará que en el Hospital de Trelew le realicen un aborto a la niña de 13 años que quedó embarazada por una violación. (...)

La junta médica (que denegó el pedido) fue ordenada por el Ministro de Salud y Acción Social de Chubut, después que el juez de instrucción Jorge Pfleger le solicitó protección estatal para la nena que tiene un embarazo de 20 semanas. (...)

Los médicos señalaron que no existe motivo alguno para la realización de un aborto terapéutico.

(...) el juez Pfleger dio a conocer una resolución en la que expresó que la ley permite la realización de la operación. Pero no ordenó la misma. Los médicos del hospital se negaron a realizarla.

Pfleger fundamentó su decisión en el artículo 86 del Código Penal: "Si como predican sus padres la niña fue víctima de una violación y su situación en tanto cabe en los límites del artículo 86, torna legítimo el aborto y para cumplirlo no necesita sutirización si lo realizan las personas especializadas y autorizadas".

El Sistema Provincial de Salud aceptó la decisión del juez. Pero aclaró que sus profesionales "no estaban obligados a realizar el aborto si no existen razones de salud" (Clarín 24/12/98)

 

A modo de síntesis:

 

La experiencia de los últimos años muestra importantes avances en relación a la intervención en los aspectos jurídicos, psicosociales y médicos, pero esto limitado a algunas de las manifestiaciones: específicamente la violencia doméstica, y la sexual.Y estos son enfoques en los cuales se debe perseverar, y profundizar. Pero a veces se corre el riesgo de convertir la eficacia operativa de estas acciones en un "recorte de especialización" que deja de lado otras dimensiones del problema.

 

Si bien muchas de las manifestaciones de la violencia hacia las mujeres producen un efecto sobre la salud, tiene implicancias legales, y consecuencias sociales, además tiene efectos sobre la persona en su integridad, libertad y dignidad. Esta dimensión requeriría redefinir el concepto de daño -daño integral- lo cual llevaría a incluir nuevas estrategias. Un aporte concreto podría ser incorporar a estas temáticas el concepto de "reparación integral" que viene siendo utilizado por las organizaciones de derechos humanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V

PROMOCIÓN DE ALTERNATIVAS A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

 

Concientización-Capacitación

 

En Argentina las estrategias de concientización y capacitación sobre la violencia de género, se realizaron de modo preponderante respecto a dos de ellas -la violencia doméstica /marital/familiar y la violencia sexual.

 

En ambos casos tuvo por principales destinatarios los sectores y áreas de la salud, la justicia; en menor medida los sectores educativo, policial. Una referencia aparte merece todo lo hecho para concientización de la población en general, ya que fue menos sistemática.

 

Es de destacar la acción pionera de muchas organizaciones de mujeres y comunitarias que realizaron múltiples actividades de sensibilización y capacitación -tanto en temas específicos de violencia como en aspectos más amplios de la problemática de género- a integrantes de OG de distintos ámbitos (Derecho, Salud, Policía, Educación y a profesionales, organizaciones comunitarias de mujeres y de base. Ya que a inicios de la década del 80 hubo que abrir verdaderas brechas ante la invisibilidad de las prácticas de violencia hacia las mujeres y la negativa a menudo hasta inocente e ingenua a reconocerlos, incluso por parte de muchas mujeres que las padecían.

 

En la actualidad, prácticamente todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales entrevistadas dan cuenta de múltiples acciones tendientes a proveer de instrumentos teóricos prácticos a profesionales, y lejos de encontrarse con resistencias, salvo de parte de algunos sectores aún renuentes, se encuentran con una demanda cada vez más amplia y se produce la situación paradójica que en ONGs con escasos recursos (o sin recursos) "capacitan" a organismos estatales financiando ellas mismas estas actividades.

 

Muchas ONGs especializadas siguen teniendo un rol fundamental de vanguardia innovadora. Aunque, como es de imaginar, sus acciones son de alcance limitado y muy discontinuas ante la falta de políticas estatales claras y el retaceo de fondos indispensables resultante de los criterios de ajuste severo imperantes, en materia de gasto social.

 

En el nivel comunitario, a través de una amplia gama de acciones de promoción dirigidas a distintos sectores de la comunidad- se ha logrado incluir la temática en las asociaciones vecinales, en centros culturales, Iglesias Ecuménicas, y también en las organizaciones de derechos humanos, sindicales, partidos políticos, asociaciones profesionales, etc.

 

Entre las acciones que se han llevado a cabo, cabe mencionar desde jornadas de educación popular hasta ateneos profesionales y congresos académicos. Damos algunos ejemplos:

 

Especial mención merecen los "talleres de violencia" que se realizaron durante los Encuentros Nacionales de Mujeres que se celebraron año tras año en una ciudad diferente del país y convocaron a miles de mujeres activistas de todo el país y de todos los sectores sociales.

 

En estos encuentros la metodología es de "talleres temáticos" participativos, entre los que figura, la violencia. Los talleres, de este tema, coordinados por activistas e integrantes de ONGs que trabajan en prevención de violencia, reúnen cientos de mujeres y es un espacio amplio de sensibilización y concientización.

 

Por otra parte el desarrollo y las necesidades propias de algunos equipos o instituciones dio lugar a actividades de capacitación internas.

 

En el ámbito de la salud, las acciones de capacitación en Buenos Aires por ejemplo asumen distintas modalidades: formación internas, para el propio equipo, suelen tener un rol fundamental: pueden incluir -para su capacitación- a otros equipos o profesionales de la misma institución; y pueden estar a cargo de la actividad docente el propio equipo, invitar a profesionales de otros equipos y a especialistas de ONGs. Puede abarcar desde seminarios y talleres hasta grupos de reflexión sobre la tarea, etc., actividades que trascienden el ámbito del hospital. Así por ejemplo, muchos Servicios especializados de violencia realizan a través de las áreas programáticas de la institución, actividades en todo el área geográfica de influencia, que incluye varios barrios de la ciudad de Buenos Aires y del gran Buenos Aires. Incluso forman pasantes, provenientes de diversas instituciones, entre ellas, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, etc.

 

Un lugar destacado en la formación de recursos corresponde a la Carrera de Especialización en Violencia Familiar, dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que ha dado lugar a la conformación de un plantel de profesionales de distintas disciplinas que en los últimos dos años, que se están integrando en diferentes instituciones públicas.

Igualmente la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, integrada por muchos de los profesionales que conforman el plantel del Curso de Posgrado que acabamos de mencionar, viene realizando un programa intenso de capacitación de recursos, en distintas regiones del país, tanto de equipos gubernamentales como no gubernamentales (llevan realizados más de 100 talleres en provincias). Cuentan en este momento con manuales de capacitación, folletos y publicaciones (artículos y libros) .

 

En los últimos años se comienza a ver una creciente preocupación por parte de profesionales que trabajan en servicios de violencia, una reflexión acerca del impacto personal que este trabajo tiene. Esto está comenzando a dar lugar a algunas actividades específicas, como los talleres de reflexión sobre el rol profesional y la problemáticas asociadas. Así por ejemplo, la Asociación Argentina de Terapia Familiar, (Departamento de Violencia Familiar), abrió un taller para profesionales, que trabajan en violencia familiar, cuya temática es la "traumatización vicaria".

 

En el ámbito judicial luego de la sanción de la Ley de Protección de la Violencia Familiar, el Ministerio de Justicia organizó seminarios de capacitación para el personal judicial, de asistencia voluntaria.

 

Más recientemente cabe mencionar, en éste ámbito el programa de educación judicial llamado "Hacia una jurisprudencia de igualdad: la mujer, los/as jueces/zas y las normas internacionales de derechos humanos a cargo de la La Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).

 

Este proyecto está dirigido a aportar a los/as jueces/zas el saber y conocimientos prácticos necesarios para resolver, en sus tribunales respectivos, los casos que se presentan relacionados con discriminación y/o violencia contra las mujeres, de conformidad con los principios contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Incluye contenidos relacionados con su aplicabilidad en casos de violencia de género (Ver Anexo Programa)

 

En el sector educativo las acciones se han dirigido principalmente a los docentes en tanto agentes multiplicadores privilegiados en la detección y derivación de casos de maltrato y abuso sexual infantil. Se ha trabajado menos en enfoques de prevención destinados directamente a los niños, aún cuando este tipo de trabajo tendría un doble efecto beneficioso: por un lado detectar las situaciones de riesgo y proteger a las/os niñas/os y por otro realizar una tarea preventiva hacia el futuro.

 

Hay experiencias discontinuas de trabajo con niñas/os, tanto por ejemplo, acciones de la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Mayo, ahora disuelta, o en algunas ciudades del interior. Algunas de las personas entrevistadas han señalado la dificultad de introducir programas de prevención del abuso sexual infantil, por las resistencias que genera, tanto en las autoridades de la escuelas, y por parte de padres que no acuerdan que en las escuelas se toquen temas que puedan tener relación con la sexualidad.

 

La Dirección de Orientación Escolar del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acaba de realizar un relevamiento de todas las escuelas de la ciudad. Estos datos todavía no están disponibles, pero cabe señalar esta investigación, dado que cubre todo el universo de escuelas de una ciudad.

 

 

Campañas nacionales y/o sectoriales

 

Campañas de Organismos gubernamentales

 

No ha habido campañas de alcance nacional en el tema de la violencia hacia las mujeres, ni tampoco campañas locales continuas, y sistemáticas. En algunas oportunidades, algunos de los organismos gubernamentales, -Dirección General de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires, Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales realizaron algunas campañas puntuales. Esta última realizó una serie de actos como parte de las acciones conmemorativas del 25 de noviembre. (Ver capítulo IV)

 

Campañas Internacionales

 

Desde ya hace varios años se vienen realizando campañas internacionales:

 

 

Campañas de ONG con el apoyo de organismos públicos

 

A título ilustrativo cabe destacar algunas de estas campañas:

 

 

Los mensajes buscan:

Otras estrategias de comunicación social se han desarrollado en los últimos años, que tienen las siguientes características:

 

 

A título ilustrativo cabe recordar:

 

 

Estos dos últimos concursos (al igual que el anterior), el primero con el auspicio de la Asociación de Actores de la República Argentina y el segundo con el auspicio del suplemento "Las 12. Miradas de Mujer" del matutino Pagina 12, dan cuenta de estrategias que tratan de comprometer a instituciones que no están en el tema, pero que pueden, por su prestigio y reconocimiento, dar lugar a la participación de sectores creativos, ampliando así el espectro de instituciones que pueden generar acciones antiviolencia. Estas estrategias promueven alternativas frente a la violencia a través de la divulgación de mensajes acordes con la perspectiva de las mujeres y que al mismo tiempo incorporen a sectores de la sociedad de una manera participativa en la elaboración de esos mensajes y en su difusión.

 

Incidencia sobre los medios de comunicación

 

De hecho la idea de incidencia en los medios de comunicación se ha invertido desde los tiempos en que las escasas activistas en violencia hacia la mujer buscaban espacios en los medios de comunicación masiva sin resultado alguno o escaso.

 

Actualmente los medios, diarios, revistas, televisión, han advertido que el tema "vende" o es indispensable para satisfacer la demanda de la opinión pública.

 

Es cierto que para ello hubo largos años de insistencia estéril, y algunas activistas puntualizan el llamado caso "Monzón", el proceso a un ex boxeador que asesina a su ex mujer como un hito que promueve el cambio.

 

Por otra parte los programas tradicionales destinados a la mujer comienzan a cambiar, deja de hablarse sólo de cocina, modas, y actividades específicas de mujeres. Los temas de violencia entre otros que afectan a las mujeres comienzan a interesar al público y no sólo de mujeres. Se generan debates, intervenciones de especialistas profesionales, de mujeres que cuentan sus experiencias hasta entonces no reveladas y se producen en consecuencia cambios, se hacen públicas otras miradas y comienza a aparecer en la escena social las experiencias de las mujeres.

 

También los noticieros y programas radiales de actualidad convocan a especialistas en violencia cada vez que un suceso de violencia hacia las mujeres toma estado público y conmueve a la sociedad.

 

Puede decirse que el efecto de concientización y difusión de conocimientos sobre la violencia de género, aún cuando a menudo de modo sensacionalista, e incluso errado, tiene un impacto indudable al cuestionar las ideologías y las costumbres patriarcales y machistas imperantes.

 

Se han desarrollado distintas modalidades en la relación con los medios de comunicación.

Investigaciones

Existen investigaciones sobre distintos aspectos de la violencia de género: si bien no es una producción muy amplia (en número y temáticas) es sin embargo una producción significativa si se tiene en cuenta en las condiciones que en nuestro país, se realiza la investigación y las dificultades que existen para publicar. Ver Anexos

 

Muchas de las investigaciones se realizan en base al esfuerzo personal de los profesionales e investigadoras/es, que trabajan voluntariamente o con limitados subsidios, -internos e internacionales. La violencia de género no es todavía un tema prioritario al momento de establecerse los programas de investigación de los grandes centros académicos: CONyCET, Universidad de Buenos Aires, Universidades del Interior del país, etc. Sólo muy recientemente aparecen estos temas como proyectos, presentados a los centros académicos, y muchas veces, son descartados por que quienes evalúan su importancia o factibilidad carecen de formación en la temática.

 

De todos modos se comienzan a registrar en los últimos años, incipientes trabajos de investigación, muchas veces ligados a cuestiones pragmáticas. La Carrera de Especialización en Violencia Familiar de la Universidad de Buenos Aires dio lugar a que se formara un grupos de especialistas en el tema, como se ha dicho, que han producido y están produciendo algunos trabajos de investigación. Muchos de estos trabajos pueden verse en la lista de publicaciones de éste capítulo. Existen investigaciones en marcha sobre prostitución: UNICEF Argentina, está realizando una investigación en distintas regiones del país, sobre la magnitud y modalidades de la prostitución infantil. En otros temas, maltrato y abuso infantil, se ha avanzado en la clasificación y análisis de los datos de los servicios. En el tema de violaciones se han publicado varias investigaciones acerca del dispositivo jurídico de la violación, sobre medios de comunicación, etc (Ver Anexos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI

PROPUESTAS Y AGENDA PENDIENTE

 

 

Antes de dar lugar a las propuestas que surgen de la investigación realizada, es necesario hacer algunas puntualizaciones en relación a lo dicho hasta aquí. Como se puede apreciar, el desarrollo desigual de los distintos capítulos que componen este Informe obedece a un desigual desarrollo de las respuestas institucionales a las distintas manifestaciones de la violencia. Hay algunas tendencias que se han ido perfilando, en la última década, como se verá en los párrafos siguientes.

 

Para diseñar una política estatal integral, acorde al espíritu de la Convención de Belén Do Pará, al tiempo que se continúa con los abordajes existentes, deberá darse cabida en toda su real magnitud, a todas las expresiones de la violencia de género, sin excepción.

 

Una primer tendencia es que en nuestro país, cuando se habla de violencia hacia las mujeres muy a menudo y particularmente en los últimos años, se la reduce a la violencia intrafamiliar. Y esto no es una cuestión menor. El modo en que se nombra las cosas tiene una profunda relación con los modos en las que se las piensa y aborda. Nombrar y nombrar de determinada manera tiene un efecto ideológico y político. Pero además un efecto de ningún modo inocente, puesto que contribuye a desplazar de la escena las demás formas de violencia que padecen las mujeres que tal como surge de la Convención, tienen múltiples expresiones y de ningún modo son menos importantes.

 

Esta situación no deja de ser paradójica si se piensa en la resistencia que los saberes y poderes han opuesto largos años a la idea de considerar los conflictos intrafamiliares fuera de la privacidad a la que se los confinaba, ya que por el contrario existe hoy una clara tendencia casi excluyente a exponerlos de modo privilegiado.

 

De todos modos cabe preguntarse aún, si el abordaje intrafamiliar no es un resabio de una ideología que aún hoy se niega a reconocer plenamente los conflictos de género y los conflictos generacionales dentro de la familia. Y de una ideología que se propone resolverlos mediante una suerte de conciliación forzosa sin adentrarse en las raíces de esos conflictos..

 

Una segunda tendencia es ubicar a las mujeres en "víctimas", con el riesgo que esto conlleva de reforzar la supuesta "natural" condición de debilidad, que es considerada emblema de género y de sexo de acuerdo a milenarias e históricas tradiciones. Esta tendencia suele llevar a privilegiar las políticas "asistencialistas" o a limitarse a ellas.

 

Si bien una política estatal integral debe cubrir la asistencia no puede de ningún modo reducirse a ella y dejar de lado "políticas positivas", "políticas de derechos" y de "ampliación de ciudadanía". Y sobre todo de creación de las condiciones materiales, sociales y políticas para el ejercicio de esos derechos.

 

Para resumir, y retomar el primer punto, no se trata de negar lo que es sin duda un logro importante, es decir, que las violencias que tienen lugar dentro de la familia hayan alcanzado la visibilidad que hoy tienen, visibilidad que todavía resulta limitada en relación a la importancia y a la extensión de estas prácticas. Pero es lamentable, que queden marginadas del "interés público", de la asignación de recursos, de los registros, de los debates políticos y públicos, otras violencias hacia las mujeres como la prostitución, el tráfico de mujeres, la violencia médica, policial, judicial, la violencia específica que se ejerce contra las mujeres lesbianas, etc

 

Y en relación al segundo punto, al mismo tiempo, que deben ser ampliadas y desarrolladas políticas de mejoramiento de los servicios que apuntan a la rehabilitación y reparación de los daños que implica la violencia de género, deben diseñarse y ponerse en marcha políticas amplias de equidad de género para restar las bases que generan esa violencia.

 

 

PROPUESTAS

 

En términos amplios, hubo coincidencia en que el Estado tiene que tener un rol activo en relación a la violencia de género, o en otras palabras que la violencia de género es un tema de Estado y por lo tanto debe haber políticas generales y amplias que actúen sobre las condiciones estructurales que generan, que facilitan y promueven las prácticas de violencia, y que sostienen su impunidad al mismo tiempo que es responsabilidad del Estado diseñar y poner en marcha políticas precisas, sectoriales e institucionales que respondan a cada una de las distintas dimensiones de las distintas manifestaciones de la violencia de género: social, sanitaria, jurídica, económica, ética.

 

Del reconocimiento de la dimensión social y política de la violencia, de la profunda articulación entre todas las prácticas de violencia sexista, de acuerdo además a la Convención de Belén Do Pará -que es ley del Estado- se pueden hacer las siguientes puntualizaciones:

 

 

Rol del Estado

 

Las propuestas se articulan sobre dos ejes. El primero y fundamental es la responsabilidad estatal. El segundo eje es de carácter estratégico: se relaciona con la importancia de inscribrir las acciones específicas y puntuales en los grandes lineamientos de la política de no violencia de género. Varias expertas remarcaron, que junto a un marco legal adecuado, era necesario formular, diseñar y poner en marcha dispositivos puntuales y estrategias específicas. Hubo amplio acuerdo en que:

 

La Convención de Belén Do Pará es un marco adecuado para el desarrollo de políticas públicas y una guía práctica para estrategias amplias y puntuales en relación a las violencias de género. Pero ante la inacción del Estado en dar cumplimiento a las obligaciones que surgen de dicha Convención, parece eficaz formular propuestas que tengan condiciones de factibilidad en el contexto social y político de nuestro país.

 

Los compromisos que el Estado han asumido al firmar la convención de Belén do Pará, obligan a definir políticas y ámbitos de aplicación así como asignación de partidas presupuestarias específicas.

 

De la definición de violencia de género establecida en la Convención de Belén Do Pará surge:

 

Una primera condición que debe asumir la política estatal:

Esa política debe resignificar y hacer visible lo que tienen en común las distintas "violencias" que deben afrontar las mujeres, para superar la visión fragmentada de la misma. Una política estatal antiviolencia debe simultáneamente y sin diluir las diferencias, actuar en todos los frentes a la vez sin excluir ninguno.

 

 

Acciones estatales I

Entre las líneas prioritarias se mencionó que

 

a) el Estado debería sancionar las leyes específicas: y en este sentido se remarcó:

1) traducir toda la normativa vigente en términos adecuados a la nueva constitución reformada de 1994, y reconocer jerarquía constitucional a la Convención de Belén Do Pará.

     

  1. Traducir en normas y políticas específicas los contenidos de la normativa constitucional (Art. 75, inc 22 y 23) y la Convención de Belén Do Pará.

 

Ello supondría entre otras acciones:

 

Además se consideró fundamental que para que las normas sean efectivas se creen dispositivos y mecanismos que conviertan los principios generales en recursos accesibles a la población

 

b) Diseñar e implementar estrategias de prevención

 

Este punto se relaciona con un punto crítico de las políticas públicas en nuestro país, debido a la fuerte tendencia asistencialista que han ido tomando las acciones estatales; por otra parte, sometida a los ajustes presupuestarios, que significan recortes y reducciones en los servicios de violencia. Aunque atender las emergencias es responsabilidad esencial del estado, de ninguna manera esta dimensión de las políticas públicas debe desplazar la importancia de las políticas de prevención que apuntan a modificar las condiciones estructurales de la violencia de género, es decir, la inequidad de género. Y en este sentido, se manifestó la inquietud en diversas consultas, y en el trabajo de taller, acerca de la necesidad de que para producir cambios cualitativos en torno a la violencia de género, era necesario diversificar las/los destinatarias/os de estas acciones, tradicionalmente dirigidas a las mujeres, de modo que lleguen a la población en general..

 

Estas son algunos de los grupos "objetivo" o grupos "blanco" mencionados por algunas de las personas entrevistadas

 

Los dos primeros ejes tienen ya una cierta trayectoria en el movimiento antiviolencia. El tercero es más reciente, y en nuestro país estamos teniendo algunos indicios de su eficacia, en la medida que algunos varones asumen como propias la perspectiva de las mujeres.

 

 

 

 

Acciones estatales II

 

Se explicitó que es también responsabilidad del Estado:

 

 

Investigación:

Registros y seguimiento

En todos y cada uno de los casos, proveer de partidas presupuestarias necesarias para poner en marcha, las acciones necesarias.

 

 

 

Acciones estatales III

 

El Estado debería garantizar la atención integral de las víctimas: ya sea las necesidades emergentes materiales inmediatas: los aspectos médicos si los hubiere, el daño emocional si existiera, el daño económico, la reparación jurídica, si correspondiera y la reparación ética y social

 

Se mencionaron varias propuestas de dispositivos y acciones específicas

 

 

Acciones estatales IV

 

Otros temas emergentes en relación al Estado fueron:

 

 

 

Rol de las organizaciones no gubernamentales

 

En relación a este punto hubo un conjunto de propuestas relacionadas con el rol de las organizaciones gubernamentales especializadas y la necesidad del reconocimiento de la real dinámica que existe entre las ONGs y las OG. Lo que supondría profundizar en el estudio y análisis de esta relación a través de investigaciones. La demanda más unánime es la de la necesidad del reconocimiento formal del rol que efectivamente han cumplido y siguen cumpliendo: el aporte a la visibilidad del tema, el desarrollo de metodologías de trabajo, la difusión y concientización, la atención directa, la gestación de redes solidarias, la capacitación de los equipos gubernamentales, el asesoramiento legislativo, el desarrollo y diseño de políticas, la elaboración de mensajes etc. Esto debería traducirse en reconocimientos efectivos y no sólo simbólicos, quienes deberían ser convocadas para el diseño y puesta en marcha de políticas y programas, etc.

 

Hay amplio consenso sobre la importancia crucial de que el Estado asuma sus responsabilidades, pero es igualmente importante que el hoy llamado tercer sector, -organismos de la sociedad civil- sean sostenidos porque representan una voz crítica y cercana a la gente, y pueden contrarrestar algunos de los obstáculos que se manifiestan cuando las políticas se burocratizan. A su vez las agencias internacionales de cooperación tienen un papel insoslayable en la sostenibilidad y continuidad de las ONGs.

 

En distintos momentos de este Informe se ha remarcado el aporte de la ONGs, y en las propuestas se ha señalado la importancia de que el Estado garantice su continuidad, con financiamiento. Pero no se trata solo de un problema de financiamiento, sino de que pueda preservarse la importancia cualitativa de su intervención. Esto fue uno de los consensos más importantes de la Reunión de Trabajo, tanto por las integrantes de ONGs como de OG que participaron. Es indispensable este reconocimiento no sólo por su papel histórico, sino por su indiscutible compromiso con el tema, sus esfuerzos por contribuir a transformar las relaciones de poder intergenéricas y su experiencia acumulada.

Asimismo se enfatizó el valor estratégico de las redes y la necesidad consiguiente de contar con recursos para sostenerlas.

 

 

Propuestas para una mejor articulación entre las ONGs y las OG

 

Se propusieron diversas modalidades de trabajo o encuentro:

 

 

Rol de la Cooperación Internacional

 

Si bien en el Punto 10 (TOR) sobre propuestas y agenda pendiente, no se menciona a los Organismos Internacionales, debido al papel que han tenido y siguen teniendo, algunas puntualizaciones al respecto deben ser realizadas.

 

Desde 1975, Año Internacional de la Mujer hay un número muy importante de iniciativas en este nivel -estudios, reuniones- sobre la problemática específica y una búsqueda por establecer mecanismos efectivos para el fomento y reconocimiento de la función de las mujeres en el desarrollo. Entre ellas cabe destacar como antecedente la reunión de Expertos en violencia realizada en París en 1975 cuyo informe final señalaba: "Algunos expertos mostraron su preocupación respecto de las características particulares de la violencia a la que se ven sometidas las mujeres y la importancia de un examen del papel de las mujeres en su relación con las estructuras de dominación, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y la reunión del Comité de Prevención del Delito y lucha contra la Delincuencia, reunido en 1985 en Italia, que puntualizaba: "La victimización persistente de la mujer como grupo humano se efectúa en el mundo a través de diversos delitos ... y constituye uno de los problemas más ingratos con los que tropieza el esfuerzo por promover la justicia social... Se está modificando la percepción que se tiene de la función y aceptabilidad de la violencia contra las mujeres o de los abusos perpetrados contra ellas y de la explotación de que son objeto"

 

A esta nómina de declaraciones iniciales debe agregarse las Conferencias Mundiales sobre la Mujer- México 1975, Nairobi 1985, incluyendo la Reunión de Copenhague en 1980 y la reunión organizada por el centro de las Naciones Unidas para el desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, División Promoción de la Mujer (Viena, 1981) sobre violencia contra la mujer en la familia, por citar algunos antecedentes de las décadas pasadas.

 

Finalmente, la Reunión Internacional en Viena con el auspicio de la División para el Avance de las Mujeres (1991), la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, que incorpora decididamente la violencia de género como un tema de Derechos Humanos, y la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing, en cuyo marco se realizó un Tribunal en torno a la Fiscalización de los Derechos Humanos de las Mujeres, constituyen hitos significativos en la cadena de eventos internacionales que han destacado la temática de la violencia como una cuestión central que debía ser encarada por los Estados nacionales.

 

La Plataforma de Beijing, aprobada por el Gobierno Nacional, incluye un conjunto de objetivos estratégicos y medidas que deben adoptar los gobiernos para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer (Sección D del capítulo IV de la Plataforma de Acción).

Y sin duda hace falta mucha voluntad política para que sea algo más que retórica. Argentina a nivel formal ha dado pasos importantes que crean las condiciones para que esto suceda.

 

En relación a las propuestas de este capítulo- la cooperación internacional tiene un importante rol: promover aquellas líneas de acción que han sido el acuerdo de la Plataforma de Beijing, traducida a nivel latinoamericano en la Convención de Belén Do Pará, apoyando tanto la acción gubernamental como la de las ONGs, y muy especialmente a éstas últimas, que en muchos casos, como se ha visto, han demostrado un mayor compromiso con estos lineamientos.

 

En términos más concretos, la cooperación internacional debe:

 

 

 

Puntos prioritarios para la agenda de los próximos dos años:

 

Ambos puntos prioritarios están encadenados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII

FUENTES DE INFORMACION

ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS

 

Listado de Organismos Gubernamentales:

 

Centro de Atención a la Víctima del Delito

Técnica del equipo de prevención: Ma de los Angeles Guevara

Villegas 14 1º

(8300) Neuquén

Neuquén

Te: 099-482436

 

Centro de Asistencia a la Víctima

Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social

Lic. Verónica Bouvier

Pje. Santa Catalina 66

(5000) Córdoba

Te: 051- 212057/ 229143

 

Comisión Interministerial de Derechos Humanos

Comisión Permanente del Programa Provincial de Derechos Humanos

Coordinadora: Delia Concepción Pérez

Casa de Gobierno M. T de Alvear 100

(3500) Resistencia

Chaco

Te: 0722-48039

 

Consejo Nacional de la Mujer

Directora de programa: Susana Sanz

Av Roque Saenz Peña 648

(1035) C. de Bs. As.

Te: 345-6402/03

 

Dirección Centro Municipal de la Mujer de Vicente López

Directora: Dra Marcela Rodríguez

Acassuso 1752

(1636) Olivos

Provincia de Buenos Aires

Te: 794-6604

 

 

 

 

 

Departamento de Educación para la Salud

Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación

Lic. María Cristian Bertelli

9 de Julio 1925

(1332) Ciudad de Buenos Aires

Te: 379- 9066

 

Departamento de prevención de la violencia familiar

Subsecretaría de la Mujer y la familia- Ministerio de Bienestar Social, de la Mujer y de la Juventud- Gobierno de Misiones

Directora: Lic. Gloria Bäez

San Lorenzo 2335

(3300) Posadas

Misiones

Te: 29078

 

Departamento de Prevención de la Violencia Familiar

Dirección de Prevención - Subsecretaría de Acción Social - Ministerio de Bienestar Social- Provincia de Neuquén

Jefa: Anahí Evillen

Bahía Blanca 390

(8300) Neuquén

Neuquén

Te: 099-422377

 

Grupo de Trabajo de Violencia Familiar y Maltrato Infantil

Servicio de Violencia Familiar del Hospital Penna

Claudia Chetino, Eva Rearte

 

Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito

Procuración General de la Nación

Director: Dr Eugenio Freixas

Peron 2455 1º

Ciudad de Buenos Aires

Te: 952-9980

 

Programa "Red Solidaria"

Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia del Chaco

Coordinadora: Dra Cristina Biancci

Santiago del Estero 912

(3500) Resistencia

Chaco

Te: 0722- 40510

 

Programa Piloto de Prevención y Asistencia a la Violencia contra la Mujer

Ministerio de Salud y Acción Social

Directora: Estela Garrido

Av 9 de Julio 1925

Buenos Aires

 

Programa de asistencia y prevención de la violencia doméstica

Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Directora: Noemí Aumedes

Carlos Pellegrini 211, piso 7

Te: 323.800 (int 4384)

Buenos Aires

 

Programa de Atención y Asistencia a la Violencia Familiar

Departamento de Promoción y Partcipación de la Mujer - Dirección de Desarrollo Social y Asuntos Institucionales - Subsecretaría de Protección a la niñes y la familia- Secretaría de Promoción Humana

Respnsable: Lic: Ma Antonieta Gonzalez

Av Vélez Sarfieldd 2311 of. 7

(5000) Córdoba

Te: 051- 688542

 

Programa de Violencia Familiar

Area Mujer - Dirección Provincial del Menor, Mujer y Familia - Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria

Responsable del área mujer: Dra. Mendez Lissi

San José 1700

(3000) Santa Fe

Te: 042-591496

 

Programa de Género y Desarrollo

Departamento de la Mujer- Secretaría de Promoción Social - Municipalidad de Rosario

Coordinadora: Roas Acota

Santa Fe 638, 1º

(2000) Rosario

Pcia de Santa fe

Te: (041) 80 244, int 1184

 

 

Servicio de Violencia Familiar

Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear

Coordinadora: Lic. Silvia Gross

Av. Warnes 2630

(1416) Ciudad de Buenos Aires

 

 

Servicio de Violencia Familiar

Servicio de Psicopatología - Hospital de Agudos Dr Cosme Argerich

Coordinadora: Lic Estela Reyes

Alte Brown 250

(1155) Ciudad de Buenos Aires

Te: 362-2509/7651

 

 

 

Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales

Adriana Lavalle

Leandro Alem 150

(1003) Buenso Aires

TE: 343 6081

 

Servicio de Salud Mental

Hospital de Madariaga

Directora: Estela Quiroga

Posadas

 

 

Organizaciones no gubernamentales

 

AADIF

Directora: María Rosa Rivero

25 de Mayo 42

(1870) Avellaneda

Provincia de Bs As

Te: 222-8373

 

Asociación Argentina de Violencia Familiar

Directora: Graciela Ferreira

Rivadavia 3192

(1203) C. de Bs As

Te: 867-2220

 

Acción Educativa

Coordinadora: Mabel Busaniche

San Gerónimo 2830

(3000) Santa Fe

Provincia de Santa Fe

Te: 042- 561151

 

CAMM Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada

Coordinadora: Gloria Gale

Larrea 3291

(7600) Mar del Plata

Provincia de Bs As

Te: 72-0524

 

Casa de la Mujer "Juana Manso"

Coordinadora del área de violencia: Alicia Mira

La Rioja 590 1º oficina 13

(5000) Córdoba

Provincia de Córdoba

Te: 051-25-0430

 

 

 

CECYM Centro de Encuentros Cultura y Mujer

Larrea 1196, 3ª

(1117) Buenos Aires

Tel: 827-3699

 

CAIMM Centro de Asistencia Integral a la Mujer Maltratada

Asesora: Graciela Brizuela

Lima 266

(5000) Córdoba Provincia de Córdoba

Te: 051-21-0251

 

Casa de la Mujer

Directora: Liliana Pauluzzi

Donado y Derqui (Centro de Salud Nº 2)

(2000) Rosario

Provincia de Santa Fe

 

Casa de la Mujer Azucena Villaflor

Calle 24 Nº 3100 Gonnet

(1897) La Plata

Provincia de Bs As

Te: 021-84-1099

 

Centro de Fortalecimiento Familiar

Presidenta: Marta Stella de Gasparini

Salta 2316

(3300) Posadas

Provincia de Misiones

Te: 0752-37916

 

CECOPAL Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal

Responsable del proyecto de género: María Cecilia Re

Av. Colón 1141

(5000) Córdoba

Provincia de Córdoba

Te: 051-22-3528/ 254923

 

Centro de Estudios e Investigaciones para la Mujer (CEIM)

Coordinadora: Meyi Carrazza

Bº Vicoer Moric 3 Casa 13

(2820) Cachú

Provincia de Entre Ríos

Te: 0446-28704

 

Fundación Propuesta

Presidenta: Marisu Devoto

Av. Hipólito Yrigoyen 7837 10º A

(1828) Bandfield

Provincia de Bs As

Te: 242-4050

 

Grupo Ser Mujer

Coordinadora: Blanca Lyonnet

Avenida 2 Nº 855

(7165) Villa Gesell

Provincia de Bs As

 

Instituto de Género, Derecho y Desarrollo

Juan Jose Paso 652

(2000) Rosario

Provincia de Santa Fe

Te: 041-370874

 

INDESO MUJER

Coordinadora: Mabel Gabarra

Balcarce 357

(2000) Rosario

Provincia de Santa Fe

Te: 041- 402369

 

Instituto para la Participación Comunitaria

Presidenta: María Cecilia Boroni

Don Bosco 88 5º oficina 37

(3500) Resistencia

Provincia de Chaco

Te: 0722- 28122

 

Grupo de Mujeres

Coordinadora: Mercédez Fuentes

Dean Funes 951

(5000) Córdoba

Provincia de Córdoba

Te: 051-65-4779

 

Instituto Social y Político de la Mujer

Presidenta: Ma José Lubertino

Av. Callao 741 1º "1"

C. de Bs As

Te: 812-1395

 

Servicio a la Acción Popular

Coordinadora: G. Rotondi

Paso de los Andes 238

(5000) Córdoba

Provincia de Córdoba

Te: 051-21-5635

 

 

 

 

Sociedad Argentina de Violencia Familiar

Coordinadora del Depto de Violencia Familiar: Cristina Vila

Lugar de Mujer

Directora: Lucrecia Oller

Corrientes 2621 8º

(1046) C. de Bs. As.

Te: 961-8081

 

"Trayectoria por una vida sin violencia"

Pta: Ester Siegel

M. T. De Alvear 2202 3º piso oficina 34

C. de Bs. As.

Te: 854-9096/ 431-9892

 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

 

 

Libros

 

BICE, Oficina Internacional Católica de la Infancia; La explotación sexual de los niños; Ediciones Paulinas; Oficina Internacional Católica de la Infancia, 1993

 

Chejter Silvia (comp.) El Sexo Natural del Estado, Silvia Chejter, Editorial Altamira-Nordan, Bs As,1992.

 

Chejter Silvia, La voz tutelada, violación y voyerismo Silvia Chejter Biblioteca de CECYM, segunda edición, Buenos Aires, 1996.

 

Chejter Silvia y Marta Vasallo, "Informes y testimonios de Mujeres, compiladoras, Edición de Página 12, marzo de 1996.

 

Chiaroti, Susana y Verónica Matus, Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas. Manual de Capacitación;, Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, Rosario 1997.

 

Corsi, Jorge, Compilador, Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social, Editorial Paidos, Buenos Aires, 1995.

 

Corsi, Jorge, con la colaboración de Mónica Dhomen, M. Sotés y L. Bonino Ménde, Violencia masculina en la pareja, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1995.

 

Ferreira Graciela, La Mujer Maltratada, Editorial Sudamericana, Bs As, 1989.

 

Ferreira, Graciela, Hombres Violentos y Mujeres Maltratadas, Editorial Sudamericana, Bs As, 1992.

 

Giberti Eva y Ana Maria Fernandez, La Mujer y la Violencia Invisible compiladoras, Ed Sudamericana, Bs As, 1988.

 

Giberti, Eva, y otros, Incesto paterno filial, una visión interdisciplinaria; Giberti, Eva Editorial Universidad; Buenos Aires, 1998-

 

Grosman, C., Adamo, G., Mesterman, S; Violencia en la Familia, Editorial Universidad. Bs As, 1989.

 

Grosman, C., y Mesterman S.: Maltrato al menor. El lado oculto de la escena familiar, Ed. Universidad, 2 ed., Buenos Aires. 1998.

 

Hercovich, Inés, El enigma sexual de la violación, Editorial Biblos, Buenos Aires, 1998.

 

Quarraccino, Matilde y Zita Montes de Oca, La violencias ocultas., CompiladorasEdiciones Paulinas, Bs As

Poi Yacú, Mujer condiciones de trabajo y salud laboral Poí Yacú; Ministerio de salud y Acción Social; Buenos Aires, 1989

 

Ruffa Beatriz, Mujeres Maltratadas. Casas-Refugio y sus alternativas, Editorial Senda, Bs As,1990.

 

Vain, Leonor, La Mujer Golpeada, compiladora, Editorial Besana, Subsecretaría de la Mujer y UNIFEM. Bs As, 1989.

 

Vila de Gerlic, Cristina, Violencia Familiar. Mujeres Golpeadas. Cristina Gerlic, Editorial Carlos Lerner, Córdoba, 1987.

 

Ravazzola María Cristina, Historias infames: los maltratos en las relaciones, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1997.

 

 

 

 

Artículos en libros

 

Aón, Lucas, "Una valoración de la ley de protección contra la violencia familiar"Aón Lucas,en Lamberti, Sánchez, Viar (comps); Violencia familiar y abuso sexual; Editorial Universidad, Buenos Aires,1998.

 

Chejter, Silvia, "Violentar y silenciar: dos caras del sexismo", en La Mujer Golpeada, compilado por Leonor Vain. Editorial Besana, Bs. As 1990.

 

Chejter, Silvia, De Viva Voz. Aportes para una Teoría de la Violencia. Silvia Chejter, en Feminismo: Ciencia, Cultura y Sociedad. Ed. Humanitas- Saga, Bs As, 1992.

 

Chejter, Silvia, "Suicidadas de la Sociedad", en Las mujeres en la imaginación colectiva, comp. Ana Fernández, ed. Paidos, 1993.

 

Chejter, Silvia, "Intervención estatal y movimiento antiviolencia", en De Nairobi a Beijing. Diagnósticos y propuestas, ISIS Internacional, Ediciones de las Mujeres, Nº 21, enero de 1995.

 

Chejter Silvia, "Fuenteovejuna en Catamarca. Las mujeres como vanguardia de los movimientos sociales", Informes y testimonios, Ediciones de Página 12, 1996.

 

Chejter Silvia, "Violencia sexista y políticas públicas", en VVAA Mujeres en los 90, legislación y políticas públicas, Centro Municipal de la Mujer de Vicente López, 1997.

 

Corsi, Jorge, Abuso y victimización de la mujer en el contexto conyugal, Jorge Corsi, en Las mujeres y la imaginación colectiva. Editorial Sudamericana, Bs As, 1992.

 

Giberti, Eva, La Violencia. (selección de artículos) En Tiempos de Mujer, Eva Giberti, Editorial Sudamericana, Bs As, 1990.

 

Giller, Ana y Oascar Taber, Concepción circular de la violencia familiar, Revista de Terapia Fmiliar, Noviembre de 1988, Ed.ACE.

 

Grosman, C, Adamo G y Mesterman S.Violencia, Las relaciones familiares. Prevención y tratamiento institucional, en Agresividad y Violencia, Fernando Lolas, Editorial Losada, Bs As, 1992.

 

Hercovich Inés, De la opción 'sexo o muerte' a la transacción 'sexo por vida' en Las mujeres en la imaginación colectiva . Editorial Sudamericana, Bs As, 1992.

 

Perrone, Reynaldo, Violencia y Familia., en Revista de Terapia Familiar, Noviembre de 1988, Ed ACE.

 

Rodríguez Marcela, "Violencia contra las mujeres y derechos humanos" en VVAA; Mujeres en los ´90, legislación y políticas públicas; Centro Municipal de Vicente López; Vicente López, 1997.

 

Rodríguez Marcela, "Mujeres" ; en CELS. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina Rodríguez, Marcela; Eudeba; Buenos Aires 1998.

 

Vila Cristina, Análisis de la evolución del problema de la violencia familiar y recomendaciones para la prevención, orientación y tratamiento, en Asuntos actuales de familia, Ed. Comisión Nacional de Políticas Familiares, Bs As, 1989.

 

Vila Cristina, Una modalidad de violencia conyugal.: mujer golpeada, Revista de Terapia familiar, Noviembre 1988, Ed. ACE.

 

 

 

Revistas especializadas

 

Revista libro, de la Sociedad de Terapia Familiar, Violencia Familiar. comp. A. Giller, Noviembre 1988.

 

Travesías 1. Enfoques feministas de las políticas antiviolencia. Ediciones de CECYM, 1993

 

Travesías 2. Violencia sexual. Cuerpos y palabras en lucha. Ediciones de CECYM, 1994

 

Travesías 3. Violencia sexista. Control social y resistencia de las mujeres. Ediciones de CECYM, 1995.

 

Travesías 4. Cuando una mujer dice No es No. Violencia y medios de comunicación Ediciones de CECYM,1996.

 

Travesías 7. Palabra y Violencia, Ediciones de CECYM,1998.

 

Programa Familias del Nuevo Siglo, Revista Temas de Maltrato Infantil, 1997, 1998

 

Violencia Familiar, Revista periódica publicada por la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar.

 

 

 

Documentos

 

Gallo, Gustavo; Bösemberg, Cristina "Los abusos sexuales y el incesto una cuestión pendiente, Centro de estudios Critianos, mimeo, 1997.

 

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La mujer y sus derechos, Guía Práctica, Comisión de la Mujer, 1997.

 

Bertelli, Cristina, comp. Revista, Ministerio de Salud, Buenos Aire, 1997

 

CECYM, Agresiones sexuales. Notas para un debate,Dossier CECYM, Buenos Aires, 1998.

 

CECYM, La consulta médica en casos de violación, Dossier especial, Ediciones de

CECYM, 1997.

 

CECYM, Las víctimas de violaciones frente al dispositivo jurídico

 

Chejter Silvia, Discurso jurídico y discurso periodístico: Mabel Adriana Montoya, Informe de investigación 1, Ediciones de CECYM, Bs As 1995.

 

Chejter Silvia, El movimiento antiviolencia en la Argentina. Aspectos históricos, Informe de investigación 4, Ediciones de CECYM, 1995.

 

Chejter Silvia, María Soledad Morales, Informe de investigación 3, Ediciones de CECYM, 1995.

 

Chejter Silvia, Una violación colectiva, el Caso Pinar, Informe de investigación 2 Ediciones de CECYM, 1995.

 

Chejter, Silvia, Violencia y Derechos Humanos. Ponencia presentada en la Jornada de la Asociación de Abogados de Bs AS, 9 de diciembre de 1992. Mimeo

 

Granero de Impallari, "Sintomatología y tratamiento de la mujer violada. María C.Ponencia presentada en las jornadas de sexología uruguayo-rosarinas, 1987.

 

Hercovich Inés, Erotismo, violencia y poder: La violación sexual de mujeres, Lugar de Mujer, Buenos Aires, 1985.

 

Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y Departamento de la Mujer, Municipalidad de Rosario, "Para prevenir la violencia contra las mujeres", Cartilla Nº 1; Rosario, 1997.

 

Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y Departamento de la Mujer, Municipalidad

de Rosario, "Para prevenir la violencia contra las niñas y los niños" Cartilla Nº 2; Rosario, 1997.

 

Instituto Intermaericano de Derechos Humanos; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1997.

 

CECYM, Los instrumentos legales internacionales: ¿Cómo lograr que los nuevos recursos neutralicen los viejos obstáculos?, Dossier especial de CECYM, Buenos Aires, 1998

 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Subsecretaría de la Mujer, El peor golpe es la indiferencia. Testimonios 2, 1991.

 

Municipalidad de la Ciudad de Bs As, El peor golpe es la indiferencia. Tetimonios 1. Subsecretaría de la Mujer, 1990.

 

Rubiolo, Amna y Marta Rackier, Matrimonio- Ruptura; Publicación Nº 19, Lugar de Mujer, Buenos Aires, 1985

 

Ruffa,Beatriz, Violencia Familiar: Los profesionales de la salud frente a las exigencias interdiisciplinarias, mimeo, 1992.

 

Siegel, Esther y otras; "Abuso sexual infantil y victimización adulta"; mimeo. S/F

 

Vila de Gerlic, Cristina, Consideraciones acerca de la asertividad en los procesos de rehabilitación de mujeres golpeadas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Mimeo, 1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de Investigación

 

1987: Estudio acerca de la violación sexual de mujeres Chejter S. y colaboradora, 120 paginas. Mimeo

 

Chejter Silvia, Bibliografía comentada sobre teorías y políticas antiviolencia. Silvia Chejter, inédito, 1991.

 

 

 

 

 

Directorios consultados

 

Subsercretaría de la Mujer, Directorio de Centros de atención a las muejres maltratadas. 1988, Bs As.

 

Senda,Guía de Recursos en Violencia. Schiffrin Adriana, 1990, Senda, Bs As.

 

Guía de Recursos. Violencia sexual. CECYM, 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A

EXPERIENCIAS EXITOSAS

 

Cabe consignar en primer lugar la dificultad de identificar "experiencias exitosas", ya que sería necesario contar con evaluaciones y criterios para describir algunos componentes de ese presunto éxito: eficacia, impacto, ampliación de cobertura, diversificación de actividades y servicios, calidad, etc.

 

Como ya se ha dicho en nuestro país no se han realizado este tipo de evaluaciones. Por lo tanto, solo es posible hacer apreciaciones muy generales, a partir de las experiencias de las personas involucradas en los distintos niveles de la intervención.

 

Por otra parte, en todos los casos que se eligieron, se señalaron avances y logros importantes, pero también, surgieron las limitaciones y obstáculos, los vacíos y falencias. Resulta muy difícil determinar qué es "una experiencia exitosa", porque cuando se habla de éxitos al mismo tiempo surgen las críticas.

Por otra parte, otro aspecto crucial es identificar autorías y protagonistas. En este sentido, resulta, al menos como primer señalamiento, más adecuado analizar la dinámica social que se produjo torno a la problemática, y poner en evidencia el esfuerzo conjunto de grupos con muy diversa inserción institucional, entre los cuales es necesario destacar el rol histórico de los grupos de mujeres.

 

Son justamente las organizaciones del movimiento de mujeres, las que han tenido un papel fundamental en el incremento de la conciencia social sobre la violencia de género, en el diseño de los enfoques de trabajo y en la atención de las mujeres afectadas. Todo esto sostenido en los comienzos y aún en la actualidad, en gran medida con el aporte de recursos humanos voluntarios. Incluso en este momento, en el cual desde el punto de vista cunatitativo, es más relevante la presencia de los equipos gubernamentales, las ONGs siguen realizando una tarea preventiva y asistencial importante y constituyen en muchas localidades un punto de referencia esencial. Es de destacar en este sentido, la optimización de recursos mínimos y soluciones imaginativas para dar respuestas a necesidades básicas de la demanda. En estas condiciones, la sobrevivencia es de por sí una experiencia exitosa.

 

Esto no impide reconocer el aporte sustancial que se produjo cuando el Estado comenzó a incorporar servicios de asistencia especializados. Esta intersección que se produjo entre lo público y lo privado es considerado, por las personas consultadas, como un aspecto claramente exitoso en el abordaje de la problemática; y que debe que ser ampliado y profundizado.

 

Se ha señalado como un éxito el creciente interés por parte de estamentos profesionales, que repensaron sus instrumentos teóricos metodológicos en función de los requerimientos de esta problemática y los aportes de la reflexión crítica a partir de las prácticas profesionales y de la investigación.

 

Con los datos disponibles se puede decir que han sido relativamente exitosas las estrategias de prevención secundaria (detección y abordaje de crisis) y terciarias (recuperación de mujeres y rehabilitación de hombre violentos). Pero es imposible evaluar las estrategias de prevención primaria

 

Existe consenso en considerar como adecuados los modelos de trabajo implementados, más allá que a veces resultan insuficientes sobre todo por la escasez de los recursos: así en el problema de la violación, se considera como una estrategia fructífera la posibilidad de contar con espacios de escucha, contención y reparación de las víctimas. En el problema de la violencia doméstica, se evalúa como positivo el conjunto de estrategias ya descritas, que incluyen enfoque interdisciplinario e interinstitucional, líneas telefónicas, grupos de ayuda mutua y asistencia jurídica.

 

En el tema de la prostitución, un éxito es haber desplazado la discusión de la figura de la prostituta a la figura del cliente y a la del orden sexual jerárquico que legitima la doble moral.

 

Como cuestión más reciente, el logro más sustancial -en un nivel más general- es la ratificación de la Convención de Belen Do Pará, pero como se ha visto, queda mucho por hacer para que esta Convención sea una garantía real y se traduzca en políticas públicas específicas e implementación de programas de prevención, asistencia, investigación de alcance nacional.

 

Sosteniendo lo dicho hasta aquí es posible, sin embargo, presentar algunos ejemplos de "experiencias exitosas que pueden ser agrupadas en tres áreas:

 

 

En relación a los modelos de trabajo asistencial, el criterio de "experiencia exitosa", se relaciona con los siguientes parámetros:

 

 

 

En el segundo caso, o sea las estrategias de concientización el criterio está relacionado con el carácter creativo e innovador dado que aún no existen en Argentina evaluaciones de impacto de campañas y acciones en espacios públicos en este tema.

 

Y en relación a las estrategias de denuncia y movilización públicas, el criterio de éxito se evalúa en relación a su impacto político y sobre la opinión pública.

 

 

     

  • Modelos de asistencia

 

Con respecto a las primeras, y a partir de la información recogida en la investigación, se pueden mencionar varios centros o servicios -gubernamentales y no gubernamentales- a los que puede incluirse como exitosos. Entre todos ellos se ha seleccionado a título ilustrativo el Programa de Asistencia y Prevención de la Violencia Doméstica y Sexual del Centro Municipal de la Mujer de Vicente López, centro que cabe señalar ha recibido el Premio de Naciones Unidas al Municipio destacado como gestor de los derechos humanos de las mujeres, en 1998.

 

Se trata de un programa que apunta a la prevención y atención de la violencia doméstica y sexual desde un abordaje interdisciplinario. Brinda un servicio global que incluye: línea telefónica, asistencia social, grupos de apoyo coordinados por psicólogas sociales, asistencia jurídica y psicológica, acompañamiento y seguimiento de casos. Desarrolla además una amplia gama de acciones, como por ejemplo elaboración, publicación y difusión de material educativo e informativo para promover el uso del sistema jurídico para la defensa de los derechos de las mujeres; desarrolla campañas de sensibilización y divulgación para prevenir todas las formas de la violencia contra las mujeres. El Programa asimismo busca impulsar y fortalecer la articulación y cooperación de distintas organizaciones, a través del desarrollo de una red interinstitucional y actividades de capacitación al personal de instituciones que intervienen en los casos de violencia. En este punto hay que decir que todas las actividades de capacitación, destinadas a diversos públicos, incluyen claramente la perspectiva de género.

 

Entre las destinatarias de las acción de capacitación hay un importante numero de jóvenes universitarias de la carrera de asistencia social, que realizan pasantías en el Centro. Debe por otra parte resaltarse que existe un registro de los casos que llegan al Centro, que permite medir el desarrollo y alcance creciente de sus actividades. Ya que por ejemplo han pasado de 1942 prestaciones en el primer año de trabajo (1994) a 5904, en el primer semestre solamente de 1998). Cabe destacar también que el Centro publica materiales de prevención, libros, afiches. Y sus integrantes participan en acciones a favor de reformas legislativas, movilizaciones por casos de abuso y violencia contra las mujeres, en marchas y actividades por los derechos humanos, entre otras. Y actualmente esta diseñando herramientas de medición de impacto de sus actividades. Por último debe señalarse que además del Programa de prevención y asistencia en violencia doméstica y sexual, el Centro desarrolla programas destinados a la promoción de la salud; a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, de promoción del empleo, de promoción del liderazgo femenino. Desarrolla también programas para mujeres jóvenes y adolescentes, un programa de igualdad de género en la educación y de promoción institucional y comunicación.

 

Esta amplia gama de servicios y acciones lo convierte en un centro modélico de asistencia comunitaria.

 

 

 

A título ilustrativo se va a mencionar ejemplos de estrategias de comunicación social que se encuadran en los criterios mencionados. Pueden diferenciarse dos tipos: a) estrategias involucraron a medios masivos de prensa; b) otras estrategias.

 

Estrategias que involucraron a medios masivos de comunicación

 

La importancia de incluir algunos ejemplos de estrategias relacionadas con medios de comunicación se relaciona con el rol fundamental que éstos tienen en las sociedades contemporáneas. Esto ha sido tema de debate en el movimiento de mujeres, y también lo ha sido para las organizaciones que se ocupan de la violencia hacia las mujeres. La sensibilización de los distintos sectores de la sociedad requiere una política en relación a los medios, si es que se pretende tener un impacto amplio. Esta política debería incidir en los contenidos de los mensajes y en los objetivos de los mismos.

 

Si bien la violencia hacia las mujeres siempre ha sido tema de los medios cabe preguntarse acerca de qué es lo que los medios informan y cómo lo hacen. Desde siempre se han ocupado de informar sobre 'casos'- en su sección policiales y tribunales, en general con criterios sensacionalistas y tienen como principal fuente de información a las instituciones estatales de represión penal, (Policía y Justicia) salvo en unas pocas situaciones especiales en que se entrevistan allegados a los casos (familia, defensores, testigos).

 

En los últimos años fueron incorporadas a la categoría de "informantes" de los medios de comunicación masiva, muchas integrantes de organizaciones de mujeres y profesionales especializadas en la atención y prevención de la violencia de género. Pero, y sin desconocer la importancia de la presencia de estas voces en los medios, es necesario destacar que la dinámica imperante es que estas "especialistas" son solo llamadas ante casos que tienen importancia para la prensa por su gravedad, por su extrema crueldad, por el involucramiento de alguna persona "famosa", o cualquier otra cosa que hace "excepcional" y/o "noticiable" un hecho de violencia. Quedando casi siempre fuera del interés periodístico hechos más cotidianos, frecuentes y rutinarios, como son las lesiones producidas, a menos que culminen con homicidio; las violaciones incestuosas, frecuentes y silenciadas; las violaciones en el marco de las relaciones de pareja u otras violaciones reiteradas por parte de un mismo victimario que sólo son reportadas cuando por la acción de una denuncia ponen al descubierto a un maestro, a un sacerdote, un vecino o un familiar (que luego de muchos años, o luego de muchos abusos, alguien se atreve a denunciar); el proxenetismo y tráfico de mujeres (salvo contadas ocasiones, que por alguna circunstancia se inicia un proceso judicial), etc., etc.

 

Las organizaciones de mujeres, así como las organizaciones que desarrollan programas de prevención y/o asistencia a mujeres violentadas, han insistido en enviar gacetillas, dossier informativos y esclarecedores a los medios de comunicación, así como también han recurrido a producir sus propios medios de comunicación, claro que con alcance más limitado, ya sea para denunciar hechos de violencia, para señalar la necesidad de intervenir, como para introducir la temática en la agenda política.

 

En este marco hay algunas iniciativas, (que no son el ya "clásico" suplemento de mujeres de un medio masivo) sino otras modalidades que han roto la dinámica tradicional, (de ser "informantes claves"). Es cierto que muchas propuestas han sido fallidas, pero otras pocas exitosas y serán descriptas brevemente aquí.

 

1995. Campaña gráfica en un medio masivo, conmemorativa del Día de la No Violencia hacia las Mujeres (Página 12 y Centro de Encuentros Cultura y Mujer) "Cuando una mujer dice No, es No".

 

Esta campaña se inició con una convocatoria a un Concurso de afiche y texto breve, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.

La inclusión en este contexto de un "concurso" es para resaltar la forma en que se implementó. Ya que siendo el objetivo el "lograr un buen afiche" lo más sencillo podría haber sido encargar el mismo a una o un buen/a profesional.

 

Sin embargo, se eligió una estrategia:

 

El otro aspecto a resaltar que muchas veces queda oscurecido, es el relativo a la distribución del afiche ganador. En esta ocasión hubo dos estrategias de distribución:

     

  1. a centros comunitarios y culturales, instituciones educativas, sanitarias, organizaciones políticas, etc.
  2.  

  3. a través de un medio masivo gráfico. El mismo día 25 de noviembre de 1995, el afiche fue regalado con la edición de un diario de circulación nacional, -Página 12- el cual además dio espacio para una explicación de la fecha y el mensaje.

 

 

Otras estrategias

 

1996. Campaña gráfica (un libro) conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (1996) Página 12-Centro de Encuentros Cultura y Mujer.

 

En ocasión del 8 de marzo de 1996, se preparó un libro, con Informes y Testimonios de mujeres de diversos países del mundo, que fue entregado gratuitamente a cada uno de los lectores del diario Página 12, en la edición de ese día. Muchos de los artículos son exponente de la universalidad de la discriminación y la violencia sexista. La tarea de elaboración y preparación del texto estuvo a cargo de la ONG y el diario se hizo cargo de la impresión y de la distribución

 

 

1997. Convocatoria abierta a una muestra teatral "La historia que nunca conté"

 

Se trata de un convocatoria a concurso de creaciones teatrales. El hecho de incluir esta acción se basa al igual que la anterior, no tanto en la acción sino en la modalidad en que esta se concretó. Ya que se trató de una propuesta que intentó, por un lado, motivar e incluir ámbitos institucionales y sectores sociales que habitualmente no están en contacto con esta problemática -como es, en este caso, el ámbito del teatro- y por otra parte, promover la creatividad en torno al tema como una forma de contribuir a su visibilidad social. También en este caso la iniciativa fue tomada por una Ong (CECYM).

 

Cabe destacar aquí la estrategia de comprometer a instituciones reconocida en el ámbito de actividad, como lo es la Asociación Argentina de Actores, de indudable prestigio en el país y la presencia en el jurado de actrices y mujeres de teatro de reconocida trayectoria y compromiso con los intereses de las mujeres.

 

El 25 de noviembre en conmemoración del día internacional de la no violencia hacia las mujeres, se organizó una exhibición pública de las obras premiadas en la sala céntrica de la ciudad de Buenos Aires.

 

 

1998. Campaña de Prevención de la Violencia hacia la mujer, Instituto Social y Político de la Mujer con el auspicio de UNIFEM.

 

Esta campaña logra integrar varias estrategias de comunicación.

 

 

1998. Campaña callejera de afiches. Legislatura de Buenos Aires- CECYM

 

Esta campaña merece ser destacada por:

 

Los contenidos de los mensajes -necesariamente muy sintéticos por tratarse de una campaña dirigida a toda la población tienen una clara perspectiva de género. Los mensajes son los siguientes

 

Estos mensajes responden globalmente a los siguientes objetivos:

Los tres mensajes se plasmaron en tres afiches, de 1 x 1.40 metros, y fueron exhibidos en expositores que pertenecen al gobierno de la ciudad y que están distribuidos en distintos barrios.

 

El apoyo de la legislatura se convirtió en un aporte crucial para concretar una iniciativa que sin dicho apoyo, sería prácticamente inviable para una organización no gubernamental, por su envergadura y sus costos.

 

 

La historia de esta iniciativa incluye la propuesta inicial de CECYM a la comisión de la mujer de le legislatura, quien reconociendo el valor de la misma, redactó un proyecto de resolución que tiene por autoras a legisladoras de distintos partidos políticos. La campaña va a proseguir durante el año 1999, con carácter periódico, con el apoyo de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

 

 

Acciones de denuncia y movilización pública

 

Merecen algunos párrafos especiales, las acciones de denuncia y movilización pública. Los ejemplos seleccionados no tienen la misma envergadura, desarrollo o proyección. Algunas de las se refieren a acciones puntuales y de alcance restringido y otras se refieren a movilizaciones que alcanzaron una importante repercusión política y pública.

 

A partir del llamado Caso María Soledad (ver páginas subsiguientes), y frente a otras violaciones y homicidios de mujeres en distintas localidades del país -tres jóvenes en Cipolleti (1997), dos adolescentes en Bahía Blanca (las Mochileras) (1998), violaciones a varias jóvenes en Villa Gesell, por citar algunos ejemplos, se produjeron reacciones populares solidarias y de reclamos a la Justicia por su "actuación". En algunas de esas situaciones hubo marchas callejeras con una importantísima participación de la población local (Cipolleti), con impacto en medios de comunicación locales y nacionales; en otros casos las reacciones aunque no tuvieron repercusión mediática, fueron efectivas en la localización y procesamiento de los agresores (Caso La Plata -ver más adelante- y Villa Gesell, en esta última ciudad a partir de la denuncia de la población fueron identificados violadores).

 

 

1983. Primer Tribunal contra la Violencia hacia las Mujeres

 

Como antecedente histórico vale la pena recordar este Primer Tribunal. A raíz de la muerte de una adolescente de 18 años, Adriana Mabel Montoya, ocurrida como consecuencia de un intento de violación, y en la que la decisión de los jueces fue no proseguir la causa contra el acusado "por falta de pruebas", mujeres de diversas organizaciones feministas organizaron el Tribunal contra la Violencia hacia las Mujeres.

 

El 1 de noviembre hace pública su existencia a través de una gacetilla e informa que se ocupará de recibir y formular denuncias, y concientizar a la opinión pública sobre la violencia hacia las mujeres. "La violencia hacia la mujer es una cuestión política. Es un proceso de terrorismo sexual que acompaña el ejercicio del poder patriarcal" sostiene la gacetilla. A partir de su constitución y durante dos años realizan un conjunto muy variado de acciones de protesta públicas:

 

Afiches reclamando justicia fueron colgadas en los alrededores de la casa del acusado de la agresión, volantes difundidos en horas pico en lugares céntricos de la ciudad denunciando la impunidad de las violaciones, envío de cartas y denuncias a los medios masivos, ubicación de mesas con mujeres -todas vestidas de negro, en señal de luto- que sostenían pancartas y repartían materiales en la zona de los tribunales, y también una denuncia por mala actuación judicial. Estas acciones, aunque no lograron que se avanzara en el proceso para determinar la culpabilidad de quien fuera acusado del intento de violación, provocó la renuncia del Juez de Instrucción, con lo cual quedo demostrada la incorrecta forma en que se llevó a cabo el proceso. Estas acciones tuvieron amplia repercusión en medios gráficos (diarios y revistas) dando voz por primera vez en el país a mujeres que hablaban de la violación con una clara perspectiva de género.

 

 

1990-1997. Marchas de Silencio, por la violación y asesinato de María Soledad Morales

 

La violación y muerte de María Soledad Morales, una joven de 17 años en la ciudad de Catamarca (septiembre 1990), dio lugar a una modalidad de protesta que fue totalmente novedosa.

 

La protesta masiva, callejera, fue el instrumento de lucha. Las llamadas Marchas de Silencio, es decir, marchar por las calles de la ciudad en absoluto silencio. Sólo algunas pancartas con el reclamo "JUSTICIA". Hubo más de 50 marchas, que en los primeros meses fueron semanales luego más esporádicas. Tuvieron picos de 20.000 y 25.000 personas en una ciudad de sólo 80.000 habitantes y una provincia de 180.000, para dar una idea del poder de convocatoria.

 

Las marchas de resistencia pasiva -el modelo se inspira en las marchas de resistencia a la dictadura militar, de los años 1976 -1981, que iniciaron las Madres de Plaza de Mayo con riesgo de sus vidas, llegaron a ser una institución en la provincia de Catamarca.

 

Como dijo un presbítero "En este tipo de marcha hay que mantener el silencio, eso es lo principal. Es una manifestación que no tiene otro tinte que el reclamar un signo de justicia que invita a los derechos humanos".

 

Las marchas son encabezadas por mujeres, la madre de María Soledad, su abogada, la rectora del colegio, sus compañeras de estudio. El reclamo es de Justicia. Un reclamo que ubica el conflicto en el terreno de la política, porque lo que se denuncia es la corrupción del sistema judicial manejado por una clase política instalada desde muchos años en el poder, casi de carácter feudal. En verdad, no se trata de imponer justicia, sino de mostrar la imposibilidad de hacer justicia en un sistema autoritario nepotista.

 

La movilización popular determinó la progresiva ingobernabilidad de la provincia por parte de la administración existente, ya que un día por semana se paralizaba la provincia, y los medios de comunicación de todo el país, e incluso medios internacionales, concurrían a la ciudad de Catamarca a dar cuenta de los sucesos. Finalmente se hizo necesaria la intervención del poder central. El presidente de la nación, luego de tres meses de marchas, intervino el Poder Judicial provincial y tres meses más tarde nombró un interventor para la provincia, destituyendo al gobernador. Luego de 7 años, dos de los acusados del crimen de María Soledad, uno de ellos ligado al poder político, fueron procesados y condenados.

 

 

1996-1999 Reacciones frente a la prostitución. La Asamblea Raquel Liberman

 

La Asamblea Raquel Liberman se integró en 1996, con mujeres de distintas procedencias: feministas, organismos de derechos humanos, organizaciones religiosas opuestas a la represión y marginación que recae sobre las niñas y mujeres que ejercen la prostitución, y opuestas también al proxenetismo y al rufianismo en todas sus formas. Desarrolla acciones de denuncia, protesta y esclarecimiento sobre el control y explotación de las mujeres y las niñas, por parte de proxenetas, al mismo tiempo que no consideran que la prostitución sea "un trabajo más".

 

El nombre Raquel Liberman es un homenaje a la mujer de origen polaco cuya valerosa denuncia en 1930 contra sus rufianes Jaime Cissinger y Salomon Korn fue el punto de partida para el procesamiento de los miembros de la Zwi Migdal, una de las organizaciones de trata de mujeres, que operaba en la Argentina en la época de la prostitución reglamentada.

 

Habida cuenta de la experiencia histórica argentina como emporio de la prostitución de las primeras décadas del siglo, acogiéndose a la legislación abolicionista teóricamente vigente ene el país y a los tratados internacionales contra la explotación sexual y la discriminación de la mujer subscriptos por el país, la Asamblea Raquel Liberman se opone a todo intento de reglamentar o prohibir el ejercicio de la prostitución, entendiendo que agravan las condiciones de vida de las mujeres prostituidas y promueven el proxenetismo.

 

 

1998. Reacciones frente a una violación. Caso La Plata

 

Frente a la liberación de un violador, por "falta de pruebas", una organización feminista Casa de la Mujer Azucena Villaflor de La Plata, conjuntamente con familiares de la víctima, y organizaciones de derechos humanos iniciaron una serie de acciones (pintadas callejeras, denuncias periodísticas, actos de protesta frente a las Tribunales y otros lugares de mucha circulación de la ciudad, instalación de pasacalles en una calle céntrica, reparto de volantes, instalación de carteles en plazas públicas) para denunciar la ineptitud del juez interviniente que convierte en "impunes" a los violadores y al mismo tiempo con información acerca de la frecuencia con que ocurren este tipo de abusos. La acción tuvo impacto en los medios de comunicación masivas (diarios y radios). Un mes mas tarde el Juzgado a cargo del proceso dicta prisión preventiva al violador.

 

 

Tribunales Éticos

 

Los llamados Tribunales Éticos vienen desarrollándose en otros países desde la década del 70. El primer Tribunal que tomó específicamente la violencia fue el realizado en 1976 en La Haya. En Argentina algunas organizaciones replicaron este tipo de acciones.

 

 

1998- El Tribunal sobre los "Derechos Humanos de las Niñas" (Rosario)

 

Esta propuesta coordinada por el Instituto de Genero, Derecho y Desarrollo de Rosario. Contó con el apoyo de: la Unión Europea y Wide, y Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Santa Fe Departamento de la Mujer de la Municipalidad de Rosario Colaboraron otras tres Instituciones No Gubernamentales de la ciudad de Rosario que trabajan en defensa de los derechos humanos en general y particularmente de las mujeres y las niñas.

 

Ellas son: Asociación Juana Manuela, CEDEIFAM, Instituto Lys

Los Objetivos fueron los siguientes: a) Visibilizar la real situación que están viviendo las niñas, b) Difundir los instrumentos nacionales e internacionales de defensa de losderechos de las niñas, c) Llamar la atención sobre la necesidad de monitorear al gobierno para impulsar la adopción de medidas que aceleren la equidad. Los testimonios presentados se proyectaron en una pantalla gigante para no exponer a las víctimas para que dieran su testimonio en ese mismo momento. Luego de las respuestas se leyó un ACTA DE COMPROMISO que los Miembros del Jurado debían firmar con el propósito de "comprometerlos" de alguna manera.

 

Está previsto para 1999, la realización de un Tribunal en torno a la violencia hacia las mujeres, organizado por el Foro de los Derechos de las Mujeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

PROGRAMA DE LA "REUNIÓN DE TRABAJO" (16-12-98)

Y FORMULARIO DE ENCUESTA

 

 

"Reunión de trabajo"

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Protección, Reparación, Prevención

16 de diciembre de 1998

 

PROGRAMA:

 

14.45 horas

Apertura: Marta Carlevarino, Punto Focal de Género, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.(PNUD)

Objetivos y presentación: Silvia Chejter, consultora PNUD. Directora de CECYM

Estrategias legales: Marcela Rodríguez, Directora del Centro Municipal de la Mujer de Vicente López

Violencia y Estado: Cristina Zuccardi, Instituto de Formación, Investigación y Participación de la Mujer, de Mendoza.

El rol de las ONGs: Gloria Galé, CAMM, Centro de la Mujer Maltratada de Mar del Plata.

Propuestas legislativas María Elena Naddeo, legisladora, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

 

15.45 horas

Presentación del taller: Paula Flores, consultora PNUD.

Taller de producción colectiva: protección, reparación, prevención. Prioridades de acción, articulación entre la acción no gubernamental y la acción gubernamental, desafíos actuales y nudos críticos.

 

17.30 Conclusiones y Recomendaciones

 

 

FORMULARIO PARA LA ENCUESTA

 

VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Reunión de Trabajo

Encuesta

 

Nombre:.....................................................................................................................................

Institución .................................................................................................................................

Dirección................................................................ CP ......................

Tel ..............................

E- mail...................................................................

 

     

  1. Indicar prioridades de acción (enunciar las prioridades de acción, sean profundización de iniciativas ya en marcha y/o indicando temas innovadores: dos o tres en cada item)

 

     

  1. Sugerencias para optimizar la articulación entre el ámbito gubernamental y no gubernamental.
  2. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………

     

     

  3. Describa una acción, programa, que considere innovadora realizada ya será por su propia organización u otra organización.

..............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………

 

 

Agradecemos presentar este formulario completado al inicio de la Reunión de Trabajo.

 

 

 

ANEXO C: ANEXO ESTADISTICO

Indicadores Socio-Económicos

 

Tasa de Desocupac. en los Aglomerados Urbanos (%)3

Tasa de Mortlidad Infantil (por mil nacidos vivos)4

Tasa de Analfabetis.5

(%)

1995

Población6

Indice de Desarrollo Humano7

     

Chaco

33,2

4.540

12,5

34,3

11,7

907.389

0,758

Missiones

30,0

5.829

9,7

29,8

8,6

906.092

0,840

Neuquén

19,1

9.732

16,7

16,2

5,7

481.819

0,878

Santa Fe

14,0

7.811

20,9

19,8

3,7

297.902

0,894

Córdoba

12,8

8.046

S/D

20,8

3,3

2.962.371

0,896

Buenos Aires

14,7

8.268

22,6

22,3

2,4

13.544.764

0,888

C. A. Bs. As.

7,0

21.332

14,3

14,6

0,7

3.032.875

0,923

TOTAL PAIS

16,5

8.498

18,6

22,9

3,8

35.219.612

0,887

 

Honorable Senado de la Nación, Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1995, Buenos Aires 1995.

2 Honorable Senado de la Nación, Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1998, Buenos Aires 1998.

3 Idem 1

4 Idem 1

5 Idem 2

6 Naciones Unidas, Perfil de País Argentina 1996, Buenos Aires 1997

7 Idem 2

 

 

 

 

 

 

Indice de Disparidad de Género (IDG)*

 

 

Ranking del Indice de Desarrollo relacionado a Género

Expectativa de vida (1995)

Tasa de Alfabetización de Adultos (%) (1995)

Tasa bruta combinada de matricula de nivel primario, secundario y tercario (%) (1995)

Proporcion de Ingreso (%) (1995)

Valor de

IDG

Ranking del IDH menos ranking de PIB

(IDG)

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

 

 

 

Argentina

48

76,2

69,1

96,2

96,2

80,6

68,7

22,1

77,9

0,777

-13

 

* PNUD, Informe de Desarrollo Humano 1998, Nueva York 1998, p.131.

 

 

Indice de Disparidad de Género (IDG) *

 

 

 

 

Esperanza de vida al nacer (años)

1995

Mujeres Varones

Alfabetismo (%)

1995

 

Mujeres Varones

Tasa bruta de matriculación combinada (%) 1995

Mujeres Varones

Participación en el ingreso (%)

1995

Mujeres Varones

Chaco

73,1 66,3

93,2 93,0

71,4 59,9

17,8 82,2

Missiones

73,2 67,1

94,6 94,6

69,4 60,3

19,7 80,3

Neuquén

75,3 69,0

95,9 96,2

78,6 66,9

24,3 75,7

Santa Fe

76,9 69,2

97,1 96,9

81,9 69,6

21,3 78,7

Córdoba

77,2 69,8

97,3 97,2

85,0 72,3

18,9 81,1

Buenos Aires

76,4 69,2

97,4 98,0

78,8 67,1

18,8 81,2

C. A. Bs. As.

77,1 69,8

98,6 98,5

94,1 83,1

34,5 65,5

TOTAL PAIS

76,2 69,1

96,2 96,2

80,6 68,7

22,1 77,9

 

 

 

 

 

Participación en la población económicamente activa (%)

1995

Mujeres Varones

Indice de Esperanza de Vida igualmente distribuido

Indice de Nivel Educacional igualmente distribuido

Indice de Nivel de Vida igualmente distribuido

Indice de Desarrollo relativo al Género

N°

De

Orden

IDG

Diferencia

Respecto al

N° de Orden

IDH

Chaco

36,3 63,7

0,745

0,839

0,418

0,667

22°

0

Missiones

37,9 62,0

0,753

0,846

0,557

0,719

18°

-1

Neuquén

41,3 58,8

0,785

0,882

0,694

0,787

2°

8

Santa Fe

38,1 61,9

0,800

0,898

0,621

0,773

4°

0

Córdoba

37,9 62,0

0,808

0,909

0,574

0,764

5°

-3

Buenos Aires

37,3 62,7

0,796

0,894

0,590

0,760

8°

-2

C. A. Bs. As.

43,5 56,6

0,809

0,952

0,834

0,865

1°

0

TOTAL PAIS

36,1 59,7

0,794

0,889

0,642

0,775

   

 

* Honorable Senado de la Nación, Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1998, Buenos Aires 1998.

(Elaboración del PNUD en base a datos del INDEC y del Ministerio del Interior.)

 

 

 

¿Participa Ud. en… (%)

 

 

TOTAL

Masculino

Femenino

Asociación cooperadora

13,6

12,2

14,7

Partido político

10,8

12,6

9,2

Centro barrial

7,7

7,8

7,6

ONG

6,6

6,6

6,7

Comisión interna

5,7

6,1

5,3

Sociedad de fomento

5,5

6,6

4,6

Sindicato

5,2

6,2

4,4

 

* Honorable Senado de la Nación, Informe Argentino sobre Desarrollo Humano 1998, Buenos Aires 1998, p. 146.

 


 

Delitos contra la Honestidad 1976-1997. Sentencias condenatorias para el total del país.

 

Año

Violación

Estupro

Corrupción

Corrupción o prostitución de menores

Corrupción o prostitución de mayores

Abuso deshonesto

Explotación de ganancias provenientes de la prostitución

Publicaciones obscenas

Exhibiciones obscenas

Rapto

Total de delitos a la honestidad

1976

305

53

85

0

0

127

0

4

19

10

603

1977

348

85

126

0

0

155

2

3

20

12

751

1978

402

85

123

0

0

190

6

6

25

16

853

1979

417

96

0

137

12

219

15

1

36

12

945

1980

338

85

0

125

8

219

10

3

48

14

850

1981

350

103

0

130

9

241

13

5

43

22

916

1982

283

77

0

100

10

197

17

3

36

9

732

1983

288

88

0

91

6

198

17

3

39

5

735

1984

296

68

0

84

3

172

7

2

45

16

693

1985

196

56

0

44

4

149

0

2

26

4

481

1986

216

50

0

46

0

141

1

0

11

5

470

1987

242

51

0

51

3

158

0

6

18

9

538

1988

185

27

0

31

3

114

0

2

17

12

391

1989

197

36

0

36

3

109

0

3

19

6

409

1990

249

42

0

33

4

106

2

0

14

6

456

1991

253

47

0

41

0

145

1

2

12

7

508

1992

240

51

0

54

4

135

0

0

9

5

498

1993

270

48

0

53

2

179

0

0

12

7

571

1994

277

30

0

45

0

153

1

1

9

12

528

1995

303

54

0

51

5

233

3

0

13

9

671

1996

264

57

0

53

4

177

0

0

14

6

575

1997

295

60

0

51

2

217

0

0

11

10

646

Fuente: Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminales de la República Argentina

 

 

Total de denuncias policiales de delitos contra la honestidad para el total del país, 1971 - 1997

 

Año

Total del país

1971

6138

1972

5255

1973

6161

1974

6622

1975

5096

1976

5292

1977

5352

1978

5359

1979

5192

1980

5769

1981

6283

1982

6265

1983

6154

1984

5978

1985

5694

1986

5885

1987

5585

1988

5846

1989

5713

1990

6040

1991

5925

1992

6097

1993

6530

1994

7712

1995

7412

1996

7639

1997

7529

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: ANEXO LEGAL

 

Articulado completo del Código Penal Argentino

TITULO III. DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD.

 

VIOLACION Y ESTUPRO

 

119. Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:

1ro. - Cuando la víctima fuere menor de doce años;

2do. - Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistir;

3ro. - Cuando se usare de fuerza o intimidación.

 

120. Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

 

121. Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal.

 

122. La reclusión o prisión será de ocho a veinte años cuando en los casos del art. 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, ascendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guardia de aquella o con el concurso de dos o más personas.

 

123. Se impondrá reclusión o prisión de seis a diez años, cuando, en el caso del art. 120, mediare algunas de las circunstancias expresadas en el anterior.

 

124. Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años, cuando en los casos de los art. 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

 

 

CORRUPCION Y ULTRAJES AL PUDOR

 

125. El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado:

1ro. - Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera menor de doce años;

2do. - Con reclusión o prisión de tres a diez años si la víctima fuera mayor de doce años y menor de dieciocho;

3ro. - Con prisión de dos a seis años, si la víctima fuera mayor de dieciocho años y menor de veintiuno.

Cualesquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión, desde diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guardia o que hiciera con ella vida marital.

 

126. Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción.

 

127. Se impondrá prisión de uno a diez años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del art. 119, sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el art. 122, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

127 Bis. El que se hiciere mantener, aunque sea parcialmente, por una persona que ejerce la prostitución explotando las ganancias provenientes de esa actividad, será reprimido con reclusión o prisión de tres a cinco años y multa de veinte mil a quinientos mil pesos.

127 ter. El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de una menor de edad para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.

La pena se elevará a ocho años si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el último párrafo del art. 125.

 

Art. 128. Será reprimido con prisión de dos meses a dos años el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, con el propósito de difundirlos o de exponerlos al público y el que los expusiere, distribuyere o hiciere circular la misma pena se aplicará al que diere espectáculos obscenos de teatro, cinematógrafos o televisión o efectuare transmisiones radiales de ese género.

La misma pena se impondrá al que exhiba, venda o entregue a un menos de dieciséis años, libros, escritos imágenes u objetos que aun no siendo obscenos puedan afectar gravemente el pudor de aquel, o excitar o pervertir su instinto sexual.

 

129. Será reprimido con prisión de dos meses a dos años, el que en sitio publico o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar por otro actos obscenos.

La misma pena se impondrá al que ejecutare actos de ese carácter en lugar privado, con el propósito de que sean vistos involuntariamente por un tercero.

 

RAPTO

 

130. Sufrirá prisión de uno a cuatro años el que con miras deshonestas substrajere o retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude.

La prisión será de dos a seis años, si la robada fuere una mujer casada.

131. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de dos a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.

 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES

 

132. En los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, presentando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

 

133. Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualesquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza cooperen a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

 

 

 

LEY 24.417 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

 

Normas

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley:

 

Art.1.- Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.

 

Art.2.- Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos, discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.

 

Art. 3.- El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:

a) ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar;

b)prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio;

c)ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad persona,, excluyendo al autor;

d) decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.

El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.

 

Art. 5. El juez dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de mediación instando a las mismas y a su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del art. 3.

 

Art. 6. La reglamentación de esta ley preverá las medidas conducentes a fin de brindar al imputado y a su grupo familiar asistencia médica psicológica gratuita.

 

Art. 7. De las denuncias que se presente dará participación al Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia.

Para el mismo efecto podrán ser convocados por el juez los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia a las víctimas.

 

Art. 8. Incorpórase como parr. 2 del art. 310 del Código Procesal Penal de la Nación (l 23.984) el siguiente:

En los procesos por alguno de los delitos previstos en el tipo segundo tits. I, II, III, V, VI tit. V cap 1 del Código Penal cometidos dentro del grupo familiar conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho y las circunstancias del caso hicieran presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del procesado. Si el procesado tuviera deberes de asistencia familiar y la exclusión hiciera peligrar la subsistencia de los alimentados, se dará intervención al asesor de menores para que se promuevan las acciones que correspondan.

 

Art. 9 Invítase a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente.

 

Art. 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

 

 

Comentarios en torno a la ley nacional sobre violencia intrafamiliar

 

     

  1. Su conceptualización no está basada en la violencia de género. Intenta dar respuestas similares a problemáticas diferentes.
  2.  

    Tener en cuenta que la violencia de que es objeto la mujer es una violencia de género, implica considerar a las relaciones históricas asimétricas de distribución de poder que existen en nuestra sociedad entre hombres y mujeres como una características crucial en la definición, magnitud y gravedad de la violencia dentro del ámbito familiar y de relaciones interpersonales. Asimismo, implica un reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres y del hecho de que el factor de riesgo esta dado por su pertenencia al género femenino.

     

    La ley nacional no ha recogido la evolución consagrada en la Convención de Belem do Para en relación a esta conceptualización de la violencia hacia la mujer. Ello se traduce en un marco limitado para la comprensión de causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como en los modelos de intervención y las políticas adecuadas para su prevención, sanción y erradicación. Tiene implicancias en el tratamiento como conflicto intrafamiliar o delito, así como para la consideración de los bienes jurídicos en juego, las sanciones que se aplican, etc.

    La ley 24.417 se refiere a situaciones de violencia sufridas en el marco familiar por cualquiera de sus integrantes, mujeres o varones, adultas/os o menores/, ancianos/as, con discapacidades o sin ellas. Homologar todas estas manifestaciones de violencia, cada una de ellas con notas definitorias, características, causas y consecuencias tan diversas y pretender darles una misma respuesta le quita eficacia y una adecuada correlación a las distintas problemáticas y su respuesta legislativa.

     

     

  3. No tiene un alcance para todo el país sino para la Ciudad de Buenos Aires. La situación en las demás provincias depende de sus propias leyes provinciales.
  4.  

    Dado que la ley 24.417 fue concebida como una ley que establece medidas cautelares, es decir como una ley relacionda con el procedimiento, tiene un alcance territorial limitado. NO se pensó en una ley de fondo de protección de los derechos humanos de las mujeres con un alcance para todo el país.

    La propia ley limita su alcance, obstaculizando otro tipo de interpretaciones más amplias toda vez que ella misma invita a las provincias a adherirse.

     

     

  5. Solo dispone medidas cautelares y ello en forma insuficiente.
  6.  

    La ley se centra en la aplicación de medidas cautelares o precautorias para la protección de las personas que son objeto de la violencia.

     

    Abre la posibilidad de realizar la denuncia ante los juzgados de familia a toda persona que sufriese lesiones o maltrato producido por alguno de los integrantes de su grupo familiar, ya se trate de un vínculo matrimonial o de uniones de hecho.

     

    Si bien uno de los avances es que la denuncia no requiere asistencia letrada, y puede realizarse por escrito u oralmente ante el Juez, este avance se debilita absolutamente en las etapas posteriores porque el decreto reglamentario 235/96 exige la asistencia jurídica para las mismas y los servicios de asistencia legal gratuita son insuficientes y de dudosa calidad.

     

    Por otro lado el propio alcance que se propone la ley es sumamente limitado, concentrándose en las medidas cautelares que ella misma dispone: la exclusión del autor de la vivienda, la prohibición de su acceso al domicilio o a los lugares de trabajo del damnificado/a, la orden de reintegro al hogar de quien por razones de seguridad debió abandonarlo, la estipulación alimentos, tenencia y comunicación con los hijos. Aún con este alcance limitado a las medidas precautorias, las previstas resultan insuficientes. Podría pensarse en muchísimas otras como prohibición de cualquier contacto telefónico, por fax, e-mail, etc, la prohibición de seguirla, de ir al colegio de los hijos, de acercarse a casas de familiares, etc.

     

    Por otra parte, la ley prevé un diagnóstico de interacción familiar a través de una formulación inadecuada y confusa. Ello suele ocasionar una demora en la decisión judicial dado que los hospitales públicos pueden llegar a demorar uno o dos meses en la elaboración del informe. Algunos jueces interpretaron que no podian dictar las medidas cautelares antes de contar con dicho informe. Asimismo, muchos jueces consideran que deben escuchar al agresor antes de dictar las medidas protectorias en lugar de hacerlo in audita parte, mediando una intervención rápida y ágil de la evaluación de los factores de riesgo.

     

    El decreto 235/96 reglamentario de la ley pretende subsanar el error y aclara que se trata de un diagnóstico preliminar que deberá ser remitido en el plazo de 24 hs a los fines de que el juez/a pueda evaluar la situación de riesgo y facilitar la decisión sobre las medidas cautelares, así como también aclara que el diagnóstico no será requerido cuando el juez no lo considere necesario por haber sido acompañada la denuncia por un diagnóstico producido por profesionales o instituciones públicas o privadas idóneas en violencia familiar o por informes concordantes del programa del Consejo del Menor y la Familiar.

     

    Sin embargo, tampoco ésta es la solución correcta. Los jueces/zas deben tener la facultad amplia de dictar las medidas protectorias en el momento en que lo evaluen necesario sin tener que depender de otras instancias, que pueden de todas maneras acompañar en proceso en las etapas siguientes o para confirmar si las medidas adoptadas son las más adecuadas.

     

     

     

  7. No establece sanciones.
  8.  

    La Ley de Protección contra la Violencia Familiar no prevé sanciones ni medida alguna para los casos de incumplimiento.

     

    En efecto, una grave deficiencia de la ley es que no preve sanciones para el caso en que el agresor no cumpla con las medidas cautelares y recurrir al fuero penal en estos casos es complejo e ineficaz.

     

    No preve tampoco sanciones para aquellos casos en los cuales el agresor no concurra a los tratamientos indicados, programas educativos, regrese al hogar, etc. Esto agrava la situación dada la percepción de las mujeres de que el ámbito legal es de escasa ayuda para superar el problema. Así, se agrava la sensación de vulnerabilidad de las mujeres y de impunidad de los agresores, lo que obstaculiza la presentación de nuevas denuncias y fomenta la deserción del proceso.

     

    Asimismo, si bien la ley establece la obligación de informar a los servicios asistenciales y educativos públicos y privados, los profesionales de la salud, los funcionarios públicos de los hechos de violencia relacionados con los menores tampoco establece sanciones específicas para este incumplimiento y lo deja librado al marco general de denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionarios publicos y el reclamo si correspondiera de daños y perjuicios.

     

    Pero a la vez, obliga a denunciar y no protege a quienes deben realizar la denuncia bajo esta obligación. Así, profesionales que trabajan en la temática de maltrato se han visto expuestos a procesos judiciales impulsados por agresores que fueron sobreseidos o absueltos en la denuncia. Si bien los jueces/zas pudieron desestimar este tipo de denuncias no lo han hecho. Por lo tanto, hubiera sido adecuado preservar a quienes realicen denuncias de buena fe, independientemente del resultado final de las mismas.

     

     

     

  9. Incorpora una instancia de mediación absolutamente criticable.
  10.  

    Recientemente, se han introducido reformas procesales que incorporan métodos alternativos de resolución de conflictos como la mediación, en nombre de mayor rápidez, economía y eficiencia sistémica. En particular, es preocupante la implementación de la mediación obligatoria en las cuestiones patrimoniales derivadas del derecho de familia y muy fundamentalmente en cuestiones relacionadas con la violencia doméstica. Estas nociones formalisticas de la eficiencia oscurecen los efectos acumulativos y los valores subyacentes a estas reformas. Por otra parte, la mayor eficiencia no garantiza que el proceso será más justo o que los intereses de todos/as los/as litigantes serán considerados en igualdad de condiciones.

     

    De hecho, en los países en los que se han implementado estos métodos han surgido serios problemas. Se ha indicado que, sutil pero mensurablemente, han desalentado el acceso judicial de aquellos/as que están más desfavorecidos/as cultural y políticamente, particularmente de quienes desafían los principios legales y las normas sociales vigentes. Estos métodos facilitan un sistema procesal a quienes tienen conflictos que involucran estos principios legales, pero obstaculizan a quienes elevan demandas que requieren el reordenamiento de las condiciones políticas, económicos y sociales.

     

    Se ha estudiado que el informalismo inherente en la estructura de estos métodos eleva el peligro de un tratamiento injusto de las minorías, pues abandona una estructura procedimental formal que puede protegerlas de los prejuicios de quienes toman las decisiones y de los abusos de otros participantes. El informalismo de estos métodos también elimina o severamente deteriora el descubrimiento de los hechos o demanda un soporte más costoso en la búsqueda de estos hechos. Los oponentes que tienen algo para ocultar tienen más posibilidades para hacerlo. Las demandas nuevas, difíciles o más complejas pueden verse frustradas por la falta de acceso a información existente, que en el proceso actual puede ser ordenada por los/as jueces/zas.

     

    Por otra parte, los/as mediadores/as contarán con un significativo poder pero poca visibilidad y pocas reglas para guiarlos y hacerlos/as responsables por su actuación. Los/as mediadores/as pueden jugar un rol crucial en moldear el proceso e influenciar resultados. Sin embargo, las limitaciones que circunscriben la autoridad judicial están ausentes, no existen los mismos registros, ni la obligación de proveer opiniones escritas y razonadas. La perspectiva del mediador/a quedará aún más oculta que la que criticábamos en los/as jueces/zas.

    La implementación de modos alternativos de resolución de conflictos no contribuye a mayores controles dado que usualmente llevan la toma de decisiones fuera del escrutinio público. Cierra el campo del debate público. La litigación pública es una parte importante dentro de la discusión y desarrollo de los valores sociales. En este sentido, el procedimiento del litigio no está diseñado meramente para resolver controversias individuales. Los valores educativos se desarrollan a través de la litigación pública, así como por el debate sobre diversas concepciones de justicia. La pérdida del foro público puede ser crítica para la prevención y la educación sobre los valores públicos y los derechos.

     

    Se podrá alegar que son las partes quienes acceden a un acuerdo. Sin embargo, la presunción de que todos los resultados son igualmente buenos, en tanto las partes acuerden con ellos, no es válida. No podemos asumir que la convalidación de los/as interesados/as siempre sea suficiente.

    El consentimiento es visto como el ejercicio de la libertad de decisión y elección. Pero ésto no toma en cuenta las condiciones subyacentes de desigualdad y disparidad que las partes enfrentan. La libertad de elección requiere precondiciones sociales fundamentales para su ejercicio. Un sentido significativo o genuino de consentimiento requiere que quienes consienten estén razonablemente concientes de la consecuencias de sus actos y que ellos tengan la posibilidad de negarse a consentir. Esta idea del consentimiento reside en una teoría voluntarista amplia que presupone individuos libres e iguales, y con capacidades igualmente desarrolladas para asumir un compromiso.

     

    Esta noción ignora la realidad del poder y la desigualdad. La adopción de una concepción abstracta y formalística de igualdad deja al sistema incapaz de identificar y proveer respuestas a las necesidades de los/as más desfavorecidos/as. Esta situación se agrava alarmantemente cuando se trata de una mujer que sufre violencia doméstica. La mujer que padece violencia doméstica ha atravesado un proceso de desvalorización, pérdida de su autoestima, culpabilización, sensación de desprotección -muchas veces profundizada por la victimización secundaria a la que la someten las instituciones a las que recurre (hospitales, policía, tribunales, etc.), desconocimiento de sus derechos o incapacidad de ejercerlos, dependencia económica y/o emocional con su agresor. EL miedo a la repetición de la violencia, la vivencia de encontrarse inmersa en la situación o pronta a padecerla provoca una desorganización, despersonalización y desrealización de la mujer, una percepción de inseguridad y de versa expuesta ante el agresor. La violencia doméstica ocurre en un contexto de una relación abusiva, donde el maltrato se utiliza para castigar y hacerse obedecer, para imponer el poder, estableciendo un modelo de conducta, un reinado de poder y terror.

     

    Ante esta situación, pretender utilizar la mediación no solo provoca injusticias pues es imposible arribar a un acuerdo entre las partes genuinamente consentido, sino que puede resultar peligroso y someter a la mujer a nuevas situaciones de violencia. La mujer, debido al miedo a nuevas represalias puede terminar accediendo a cualquier arreglo, por desventajoso que le resulte.

     

    Además, es inconcebible que un agresor se preste a una instancia de acuerdo respecto de algo que considera injusto para él. No tendrá interés en cooperar salvo para aquello que considere conveniente para él. Más inconcebible aún es pensar que aceptará y cumplirá dicho acuerdo, aún cuando para evitar las sanciones acceda a ciertas medidas como la terapia. Básicamente, la lectura que hacen los agresores de este tipo de arreglos es cercana a la impunidad, lo que pone en mayor riesgo aún a las víctimas.

     

    Asimismo, este desbalance de poder está presente en otras situaciones que no están visibilizadas como violencia doméstica. En muchos casos, las mujeres que quieren el divorcio no dicen que han sufrido violencia por parte de sus maridos porque consideran que un divorcio contencioso es más complejo y costoso que un divorcio por mutuo consentimiento. Pero si realemente sufrieron maltrato por parte de sus maridos, los problems descriptos se reflejarán en cualquier otro arreglo patrimonial, tenencia, visitas, etc., que sea llevado a métodos de resolución alternativa de disputas.

     

    Finalmente, es imprescindible que el Estado y el poder judicial asuman su función de ser garante de los derechos individuales y intervengan activamente ante el avasallamiento de estos derechos, en lugar de convertirlos en un foro de negociación privada. Tal como lo afirma la "Convención de Belem do Para", la violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer, el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Por lo tanto, corresponde que el Estado adopte todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y no remitirse a sentarla en una mesa de negociaciones con el agresor.

     

    Los métodos alternativos de resolución de disputas invisibilizan la cuestión de la violencia doméstica como un problema social, como un problema de salud pública y fundamentalmente como una violación de derechos humanos de las mujeres.

     

     

  11. Problema ideológico en relación a los bienes jurídicos en juego: preservación del vínculo familiar/integridad de las mujeres.
  12.  

    En estrecha relación con la falta de una conceptualización de la violencia de género se suele plantear un conflicto entre los intereses o bienes jurídicos en juego. De esta manera suele considerarse que hay una colisión entre los derechos de la persona con la protección de la institución familiar, la que suele ser concebida como la célula básica de la sociedad.

     

    Esta contradicción ha mostrado su expresión más clara en el abordaje que los se realiza en esta problemática, tanto desde los tribunales como en relación a las políticas públicas a implementar, bien considerando a la violencia como un atentado contra los derechos humanos de las personas o bien considerando que el objetivo último de toda intervención debe apuntar a la preservación de la unión familiar.

     

     

  13. Falta de evaluación suficiente y seguimiento de la ley.

 

Se ha reconocido como uno de los resultados positivos de la sanción de leyes específicas sobre violencia el aumento de denuncias, lo que permite vislumbrar la dimensión social del problema. Sin embargo, ello no permite saber demasiado sobre la efectividad de la respuesta del sistema para asegurar la protección a la víctima, hacer cesar la violencia y sancionar a los agresores.

 

La ley 24.417 no ha atravesado por un proceso de evaluación y seguimiento y el Estado no ha destinado suficientes recursos para realizar una evaluación y seguimiento de la aplicación de la ley, de modo de evidenciar sus dificultades y poder especificar los recursos necesarios para su implementación. Esta evaluación es necesaria para analizar medidas orientadas a facilitar el procedimiento, tanto la denuncia como las citaciones, la aplicación de las medidas precautorias y la afectividad de las respuestas implementadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: ANEXO DE PROYECTOS

 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO III DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL: DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

 

Artículo.1

     

  1. Sustituyese la rúbrica del Título III del Libro Segundo del Código Penal "Delitos contra la Honestidad" por el de "Delitos contra la Integridad sexual".
  2.  

  3. 2. Sustituyese el artículo 119 del Código Penal por el siguiente texto:

"Será reprimido con reclusión o prisión de seis a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, eta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si:

     

  1. Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
  2.  

  3. El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;
  4.  

  5. El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;
  6.  

  7. El hecho fuere cometido por dos o más personas; o con armas
  8.  

  9. El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones;
  10.  

  11. El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), e) o f).

 

Artículo 3. Sustituyese el artículo 120 del Código Penal, por el siguiente texto:

"Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119, con una persona menor de dieciséis años, aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado.

 

La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), e) o f) del cuarto párrafo del artículo 119.

 

 

Artículo 4. Derógase los artículos 121, 122 y 123 del Código Penal.

 

Artículo 5. Sustituyese el artículo 125 del Código Penal por el siguiente texto:

"El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de trece años.

 

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda".

 

Articulo 7. Sustituyese el artículo 126 del Código Penal, por el siguiente texto:

Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de 18 años de edad mediante engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia amenaza, o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

 

Articulo 8. Sustitúyese el artículo 127 del Código Penal, por el siguiente texto:

"Será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediante engaño, abuso coactivo, o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder violencia, amenaza, o cualquier medio de intimidación o coerción"

 

Artículo 9. Sustituyese el artículo 128 del Código Penal, por el siguiente texto:

"Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes pornográficas que se exhibieran menores de dieciocho años, al igual que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.

 

En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hiciera manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.

Será reprimido con prisión de un mes a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.

 

Artículo 10. Sustitúyese el artículo 129 del Código Penal, por el siguiente texto:

"Será reprimido con multa de mil a quince pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.

Si bien los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años".

 

 

Artículo 11. Sustitúyese el artículo 130 del Código Penal, por el siguiente texto:

"Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.

La pena será de seis meses a dos años, si se tratare de una persona menor de dieciséis años, con su consentimiento.

La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de trece años, con el mismo fin."

 

Artículo 12. Derógase el artículo 131 del Código Penal

 

Artículo 13. Sustitúyese el artículo 133 del Código Penal por el siguiente texto:

"Los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores, y cualesquiera persona que, con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperaran a la perpetración de los delitos comprendidos en este título serán reprimidos con la pena de los autores".

 

Artículo 14. Sustitúyese el artículo 72 del Código Penal por el siguiente texto:

"Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:

1º) Los previstos en los artículos 19, 120 y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.

2º) Lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público.

3º) Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres convivientes.

 

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor o guardador o representantes legales, Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

 

Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resulte más conveniente para el interés superior de aquél.

 

Artículo 15. Sustitúyese el artículo 132 del Código Penal por el siguiente texto:
"En los delitos previstos en los artículos 119, 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado.

 

El Tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a ala especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quater del Código Penal.

 

Artículo 16, Sustitúyese el artículo 127 por el siguiente:

Articulo 127 bis. El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de trece años. Cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena será de prisión o reclusión de 10 a 15 años cuando mediare engañó, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda.

 

 

Algunos puntos a destacar de este proyecto:

 

Este proyecto propone una reformulación integral de los delitos encuadrados en el Título III del Código Penal -Delitos contra la honestidad.

 

1. En primer lugar, se propone suprimir ese título y denominarlo "Delitos contra la integridad sexual de las personas". El nuevo encuadramiento que se propone pretende conceptualizar estos delitos teniendo como base que el bien jurídico tutelado es la integridad y la dignidad de las personas, independientemente de cualquier otra consideración. Por tal motivo, se han suprimido todas las referencias o connotaciones relativas a la honestidad de la víctima y se reconceptualiza el conflicto de acuerdo con el nuevo bien jurídico a tutelar: la integridad.

 

2. Se incorpora un tipo penal más amplio. La víctima o el autor pueden ser, según la nueva definición, de uno u otro sexo, dado que la gravedad de la ofensa no debe ser ligada al género de la víctima. Asimismo, la concepción de la acción es más amplia que en el Código actual, ya que permite incriminar como violación a todo tipo de penetración, incluyendo casos como la "fellatio in ore" y la penetración anal.

Asimismo, se contempla como una figura de abuso sexual calificado, situaciones de ultraje grave que no lleguen a la penetración, como el "cunnin lingus" y la utilización de otros instrumentos que no sean el órgano sexual masculino.

 

Esta ampliación tiene su justificación en la comprobación de que los efectos psicológicos y físicos, emocionales y sexuales sobre la víctima son los mismos en estos casos que en los que mencionaba la figura tradicional. La violación era definida por la ley como una ofensa heterosexual caracterizada por la copula genital. Sin embargo, los ataques sexuales no se limitan a la cópula genital forzada, ni es exclusivamente una ofensa de los varones contra las mujeres.

 

3. Asimismo, se revisan los conceptos de fuerza, intimidación o resistencia para dar lugar predominante al libre consentimiento y otros factores que pueden anularlo. Al revisar el acto para determinar si el crimen fue cometido, el concepto de consentimiento que se debate en la doctrina y la jurisprudencia se basa en si la víctima ofreció suficiente resistencia al ataque, si su voluntad fue realmente superada por el uso de la fuerza o la amenaza de daño físico.

 

El consenso no había sido definido en función del acuerdo, de la aceptación, sino en virtud de la ausencia de datos que confirmen el desacuerdo y de una serie de indicios acerca de un presunto acuerdo; exigiendo, por otra parte, que la resistencia haya sido constante.

 

Por ello, se amplían los factores que anulan el libre consentimiento más allá de la fuerza y la intimidación, incluyendo los supuestos de coacción, engaño, abuso de una relación de poder, autoridad o confianza, aún cuando fuera en el marco de relaciones conyugales o de concubinato e incorporando otras relaciones de autoridad y jerarquía que fuercen el consentimiento.

 

4. Se mantiene la figura del abuso sexual y se incorpora la figura del abuso sexual calificado, que es severamente penado, cuando el hecho implicase un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima ya sea por la dimensión o por las circunstancias o cualquier otra situación equivalente.

 

5. En cuanto a los agravantes establecidos, que aplican igual pena (de 8 a 20 años) a los casos de violación o de sometimiento sexual gravemente ultrajante, se amplían los supuestos incluyendo los casos en los que resultare un daño grave a la salud mental dado que no existe justificación alguna para limitarse a los daños físicos, cuando los perjuicios psicológicos pueden ser mucho más devastadores. Asimismo, dentro de los agravantes se contempla el supuesto en el cual el hecho hubiere sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

 

6. Otro criterio reflejado por la modificación propuesta es que la ley debe reflejar más allá de los daños objetivos es la manera en la cual el asalto fue cometido. Así como la ley distingue entre un ataque contra la propiedad cometido con armas del cometido sin armas, así debe distinguirse entre una violación cometida con armas, en la cual la amenaza contra la vida de la víctima es evidente y manifiesta, a la cometida sin armas. De la misma manera se establece como agravante el hecho de que el delito hubiera sido cometido por personal de la fuerzas policiales o de seguridad. Finalmente, se incluye entre las agravantes, el hecho de que le autor sea portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y tuviere conocimiento de ello.

 

7. En el caso de estupro, se elimina el requisito de mujer honesta y se construye el tipo de modo tal que incrimina aquellas situaciones en las cuales existe un aprovechamiento de la inmadurez sexual, en razón de la mayor edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, teniendo en cuenta que lo que se encuentra comprometida es la capacidad para asumir libre y plenamente el consentimiento. Asimismo, se extiende a personas de uno u otro sexo.

 

8. Se incorpora la figura de rufianismo, castigando al que explotare el ejercicio de la prostitución de una persona, percibiendo ganancias que ella obtuviere por tal actividad, mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

 

9. Asimismo, se castiga severamente la utilización de menores para la producción de imágenes pornográficas.

 

10. Se elimina las referencias a la honestidad y estado civil de la víctima en la figura del rapto, reprimiendo al que sustrajere o retuviese a una persona mediando engaño, violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder o cualquier otro medio de intimidación o coerción, con la intención de menoscabar su integridad sexual.

 

11. Se elimina la eximente de pena por matrimonio de la víctima, sólo justificable en el marco conceptual en el cual el bien jurídico protegido era la honestidad en términos tradicionales de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Uno de los puntos más críticos del proyecto, sin embargo, es su reemplazo por la posibilidad de que el tribunal acepte un avenimiento con el imputado, extinguiéndose de este modo la acción penal, a partir de una propuesta de la víctima mayor de dieciseis años. El perdón o avenimiento refuerza las tendencias que compelen a las mujeres al silencio cuando una mujer logra sobrepasar todos estos obstáculos para denunciar, este artículo abre la brecha para la presión a silenciarla nuevamente.

 

 

PROYECTO DE LEY SOBRE ACOSO SEXUAL

EN RELACIONES LABORALES Y DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

 

 

Artículo 1: Disposiciones Generales.

La presente ley prohibe, regula y sanciona el acoso sexual como una práctica discriminatoria por razón de sexo que atenta contra los principios constitucionales de la inviolabilidad de la libertad de trabajo, la dignidad y la vida humana, los derechos consagrados por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, así como contra los principios y convenciones internacionales de la OIT que obligan al Estado a condenar la discriminación por razón de sexo y a establecer políticas para la eliminación de todas las formas de discriminación.

 

Artículo 2: Ámbito de aplicación.

La presente ley se aplicará tanto a hombres como mujeres que sean objeto de la conducta descripta por la presente ley, alcanzará a funcionarios y agentes que integren las plantas de personal permanente o temporaria en la administración pública, centralizada o descentralizada y todo otro organismo del Estado nacional, provincial y municipal; así como a todas las relaciones laborales que se entablen dentro del sector privado y a las relaciones de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas públicas y privadas.

 

Artículo 3: Definición de acoso sexual.

A los efectos de la presente ley se considerará que existe acoso sexual cuando se incurra en cualquier tipo de requerimiento, favor, acercamiento, condición, presión y/o cualquier otra conducta o manifestación ofensiva, no deseada por quien la recibe, ya sea verbal, escrita, simbólica o física, de naturaleza explícita o implícitamente sexual, cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias:

 

a) Cuando el aceptar y someterse a dicha conducta se convierta en forma implícita o explícita en un término o condición del empleo de una persona;

b) Cuando el rechazo de dicha conducta por parte de la persona acosada sea utilizado como fundamento de la toma de decisiones en el empleo o en las condiciones de enseñanza-aprendizaje que afecten a esa persona o a alguien vinculado directamente a ella de alguna manera;

c) Cuando la conducta tenga el efecto y/o el propósito de interferir con el desempeño del trabajo, estudios o cualquier otra actividad de la persona acosada o cuando produzca un ambiente de trabajo o estudio intimidatorio, hostil u ofensivo.

d) Cuando esa conducta provoque efectos perjudiciales en las condiciones de empleo, el cumplimiento laboral o el estado general de bienestar personal de la persona acosada.

e) Cuando la conducta provoque efectos perjudiciales en las condiciones de docencia y aprendizaje, en el desempeño y cumplimiento educativo o en el estado general de bienestar de la persona acosada.

 

 

Artículo 4: Definición de Conceptos

A los efectos de la presente ley se denominará empleador, a todas aquellas personas que ocupen cargos de funcionarios y/o de agentes dentro de la administración pública, así como a aquellos que contraten personal dentro del sector privado.

Se considerará autoridad educativa a quienes ejerzan funciones de dirección en instituciones educativas públicas o privadas.

 

Artículo 5: Responsabilidad. Principio General.

Todo empleador o autoridad educativa será responsable personalmente por sus actuaciones si incurriese en acoso sexual.

Todo empleador o autoridad educativa deberá tomar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo este riesgo. Tendrá el deber de mantener el ámbito de trabajo o estudio libre de conductas que signifiquen acoso sexual mediante la implementación de políticas internas que prevengan, desalienten, eviten, investiguen y sancionen estas conductas.

 

Todo empleador o autoridad educativa será responsable por las actuaciones del personal a su cargo contra cualquier trabajador/a, o estudiante en los términos de la presente ley, independientemente de si esos actos fueron autorizados o no, salvo que demuestre que tomó una acción inmediata y apropiada para corregir la situación.

 

Asimismo, serán responsables por los actos de acoso sexual por parte de personas que no estuvieren bajo su dependencia, si el acoso se cometiere contra personas que estuvieran a su cargo, o fuere cometido contra este personal en ocasión de sus funciones por parte de personas que no pertenecieran a la planta de personal, si él o sus representantes sabían o debían estar enterados de dicha conducta y no tomaron una acción inmediata y apropiada para corregir la situación.

 

Artículo 6.- Alcance de la protección.

Cualquier persona que reporte actos de acoso sexual será protegida por esta ley. Todo empleador o autoridad educativa será responsable bajo las disposiciones de esta ley cuando realice cualquier acto que afecte las oportunidades y condiciones de empleo de cualquier trabajador/a o las oportunidades y condiciones de estudio de cualquier estudiante que se haya opuesto a prácticas de acoso sexual, que haya denunciado, testificado, colaborado o de cualquier forma participado en una investigación o procedimiento relacionado con el acoso sexual, o cuando omita tomar las medidas necesarias para brindarle adecuada protección.

 

Artículo 7: Difusión y asesoramiento.

Cada organismo de la administración pública, las empresas del sector privado y las instituciones educativas deberán encargarse de la difusión de los alcances de la presente ley, para lo cual deberá organizar planes y programas de información, servicio y orientación profesional.

Asimismo, deberán facilitarle al personal información acerca del procedimiento a seguir, los medios de prevención, los mecanismos de denuncia y los organismos especializados en la material que podrán brindarle apoyo.

 

Artículo 8: Procedimiento. Principio general.

La persona que sufriera acoso sexual deberá comunicarlo a su superior jerárquico o autoridad educativa. En caso de que quien cometiera la conducta de acoso sexual fuera este superior jerárquico o autoridad educativa o que informado del acoso sexual éste no actuará diligentemente para prevenirlo, investigarlo y sancionarlo, la persona afectada deberá comunicarlo al inmediato superior.

 

Sin embargo, también podrá darse por despedida, según las características del caso. La determinación de la existencia de justa causa será objeto de prueba en el juicio que se realice al respecto.

La carga de la prueba caerá principalmente sobre la persona acusada de cometer el acoso sexual o su empleador cuando la víctima establezca indicios serios y consistentes de que ha sido víctima de acoso.

 

Artículo 9: Causal de despido con justa causa.

No incurre en responsabilidad patronal, de acuerdo a lo que establece la ley laboral, el empleador que despida a un trabajador(a) que haya incurrido en acoso sexual.

 

Artículo 10.- Competencia

Serán competentes para conocer de las demandas por acoso sexual en el lugar de trabajo los jueces con competencia en lo laboral, y conocerán de las demandas por acoso sexual en instituciones educativas los jueces con competencia en lo civil.

 

Artículo 11: Implementación de Consejeros en el ámbito de los Ministerios de Trabajo y de Educación.

Se creará en los Ministerios de Trabajo y de Educación la figura profesional del Consejero/a para casos de acoso sexual, el que informará, orientará, asesorará y prestará servicios y asistencia profesional en forma gratuita, a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de acoso sexual y así lo soliciten.

 

Artículo 12.- Legitimación activa.

Las partes podrán acudir ante los Tribunales personalmente o mediante representación de los Consejeros, sin necesidad de patrocinio legal, sin perjuicio de la obligación del Estado de proveer a las personas ofendidas por acoso sexual de asesoría y defensa legal al momento de interponer la demanda.

 

Artículo 13: Embargo preventivo.

Con la presentación de la demanda, la parte actora podrá solicitar el embargo de los bienes de la parte demandada a efecto de garantizarse el pago de sus derechos.

 

Artículo 14.: Disposiciones supletorias.

En todo lo no contemplado en la presente ley, se aplicarán supletoriamente en cuanto no hubiese incompatibilidad con el texto, las normas del Código de Trabajo y demás leyes laborales conexas.

 

Artículo 15: Sanciones

El acoso sexual debidamente acreditado será castigado con una indemnización a cargo del que acosare, y cuando correspondiere del empleador en forma solidaria, que consistirá en una suma equivalente de tres a quince veces la remuneración normal y habitual percibida por la persona damnificada, según la gravedad de los hechos, la que será determinada por la autoridad judicial competente.

 

Además, la parte que resulte responsable de acoso sexual y el empleador en forma solidaria, deberá cubrir además de las prestaciones laborales, los salarios caídos, los daños y perjuicios patrimoniales y morales, y las costas que deriven de la tramitación de la litis.

Asimismo, el juez podrá ordenar la reinstalación en el trabajo y demás beneficios laborales de la persona ofendida si esta así lo solicitase.

 

En el caso de acoso sexual en instituciones educativas, el juez competente fijará el monto indemnizatorio correspondiente que deberá ser abonado por el acosador y la institución educativa en forma solidaria.

 

Si la persona responsable fuese un profesional, el Colegio respectivo deberá además suspenderle la licencia para el ejercicio de dicha profesión según a la gravedad del caso.

 

Artículo 16: Comuníquese.

Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

 

 

PROYECTO DE IGUALDAD REAL DE OPORTUNIDADES

Y DE TRATO DE LAS MUJERES

 

La diputada Elisa Carriò ha presentado un proyecto integral de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato de las mujeres, en cumplimiento del artìculo 75 inc. 23 de la Constituciòn Nacional. Este proyecto aborda en 170 artículos cuestiones tales como derechos humanos, violencia contra las mujeres, educación, salud, empleo y relaciones laborales, medios de comunicación, promoción social, grupos vulnerables y administración pública. Asimismo, crea mecanismos institucionales adecuados a los fines de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres tales como el Consejo Nacional de Políticas Públicas de las Mujeres, la Defensoría de las Mujeres y la Comisión Bicameral de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato de las Mujeres.

 

Entre las medidas propuestas se destacan, en relación con violencia de género y derechos humanos las siguientes:

 

- Los poderes e instituciones del Estado adoptarán todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

 

- Los poderes e instituciones del Estado implementarán un programa amplio de educación sobre derechos humanos con objeto de aumentar la conciencia de las mujeres acerca de sus derechos humanos y mecanismos de protección y aumentar la conciencia de otras personas acerca de los derechos humanos de las mujeres.

 

- Los poderes e instituciones del Estado incluirán los aspectos relacionados con el género en la presentación de informes con arreglo a todas las convenciones e instrumentos de derechos humanos, con el objeto de que se analicen y examinen los derechos humanos de la mujer.

 

- Los poderes e instituciones del Estado impartirán enseñanza y capacitación sobre derechos humanos que tenga en cuenta los aspectos relacionados con el género a los/as funcionarios/as públicos/as, incluidos/as, entre otros/as, los/as funcionarios/as y personal judicial, el personal policial y militar, los/as funcionarios/as penitenciarios, el personal médico y de salud.

 

- Los poderes e instituciones del Estado promoverán la educación sobre los derechos humanos de las mujeres en los planes de estudio escolares en todos los niveles y emprenderán campañas públicas acerca de la igualdad de mujeres y varones en la vida pública y privada, incluidos sus derechos dentro de la familia y los instrumentos de derechos humanos pertinentes.

 

- Los poderes e instituciones del Estado capacitarán el personal policial en la dimensión de género, incluyendo la particular situación de las mujeres víctimas de distintos tipos de agresiones a su integridad y facilitarán la debida asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en los departamentos policiales.

 

- Los poderes e instituciones del Estado adoptarán todas las medidas necesarias e integradas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los responsables; garantizando la protección de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación de los agresores.

 

- Los poderes e instituciones del Estado promoverán la integración activa y visible de la dimensión de género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra las mujeres; alentarán vigorosamente, respaldarán y aplicarán las medidas y los programas destinados a desarrollar los conocimientos y propiciar la comprensión de las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra las mujeres entre los responsables de la aplicación de esas políticas, como los/as funcionarios/as encargados/as del cumplimiento de la ley, los/as miembros de la policía y los/as asistentes sociales, el personal médico y el personal judicial; y establecerán estrategias para impedir que las mujeres víctimas de la violencia vuelvan a sufrirla por la prescindencia de las leyes o las prácticas de aplicación de la ley o los procedimientos judiciales.

 

- Los poderes e instituciones del Estado garantizarán a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales y a soluciones justas y eficaces para reparar el daño de que han sido objeto, y les informarán acerca de su derecho a obtener compensación a través de esos mecanismos.

 

- Los poderes e instituciones del Estado adoptarán todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de las mujeres y los varones, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres.

 

- Los poderes e instituciones del Estado crearán mecanismos institucionales, o reforzarán los existentes, a fin de que las mujeres y las niñas puedan dar parte de los actos de violencia cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias.

 

- Los poderes e instituciones del Estado asignarán recursos suficientes para implementar el programa de actividades relacionadas con la erradicación de la violencia contra las mujeres y la aplicación de planes de acción en todos los niveles apropiados.

 

- Los poderes e instituciones del Estado establecerán centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes.

 

- Los poderes e instituciones del Estado organizarán, apoyarán y financiarán campañas de educación y capacitación de la comunidad encaminadas a despertar la conciencia de que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos.

 

- Los poderes e instituciones del Estado organizarán y financiarán campañas de información y programas de educación y capacitación a fin de sensibilizar a las niñas y los niños, a los varones y a las mujeres acerca de los efectos personales y sociales negativos de la violencia en la familia, la comunidad y la sociedad; a enseñarles a comunicarse sin violencia; y fomentarán la instrucción de las víctimas y de las víctimas potenciales de modo que puedan protegerse y proteger a otros/as de esas formas de violencia.

 

- Los poderes e instituciones del Estado difundirán información sobre la asistencia de que disponen las mujeres y las familias que son víctimas de la violencia.

 

- Los poderes e instituciones del Estado proporcionarán, financiarán y promoverán servicios de asesoramiento y rehabilitación para los autores de actos de violencia.

 

- Los poderes e instituciones del Estado implementarán programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para niñas, adolescentes y jóvenes que hayan sido o sean objeto de relaciones abusivas.

 

- Los poderes e instituciones del Estado implementarán programas y procedimientos tendientes a prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual y otras formas de violencia contra la mujer de todas las instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos.

 

- Los poderes e instituciones del Estado adoptarán las medidas necesarias para despertar la conciencia acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación de promover imágenes no estereotipadas de mujeres y varones y de eliminar los patrones de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan; alentarán a los/as responsables del contenido del material que se difunde a que establezcan directrices y códigos de conducta profesionales; despertarán la conciencia sobre la importante función de los medios de comunicación en la información y educación de la población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres; y estimularán el debate público sobre el tema.

 

- Los poderes e instituciones del Estado promoverán la investigación, recogerán datos y elaborarán estadísticas, especialmente en lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra las mujeres; fomentarán las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos; y difundirán ampliamente los resultados de los estudios e investigaciones.

 

- Los poderes e instituciones del Estado adoptarán las medidas necesarias para eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de mujeres; intensificarán la cooperación y las medidas concertadas de todas las autoridades e instituciones pertinentes con miras a desmantelar las redes nacionales, regionales e internacionales de traficantes; y asignarán recursos suficientes a la implementación de programas amplios encaminados a rehabilitar a las víctimas de la trata de mujeres, entre ellos los de formación profesional, asistencia letrada y atención de salud confidencial.