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Argentina
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DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD- articulado completo del Código Penal TITULO III

VIOLACION Y ESTUPRO

119. Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:

1ro. - Cuando la víctima fuere menor de doce años;

2do. - Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistir;

3ro. - Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Noción de acceso carnal: Esta definición (constitutiva de la violación) no se adecúa a la experiencia de las mujeres. La penetración fálica vaginal no es el exponente único de una acción vejatoria y no debe aceptarse que se restrinja la calificación de violación mediante esta noción, que excluye el fellatio, el uso de objetos, etc.

Noción de fuerza o intimidación: Así como esta redactado el artiulo 119, permite que se relativice los usos violatorios, en función de investigaciones sobre la vida privada, la "honestidad", de la persona vejada o del grado de "resistencia", ofrecido, es decir "la víctima debe probar que fue forzada" sin tener en cuenta el grado de fuerza o intimidación ejercido por el violador.

  1. Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años cuando la víctima fuere mujer honesta mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

En su actual redacción permite que cualquier relación sexual libremente consentida entre novios, amigos ocasionales, con una menor de 12 a 15 años, autorice la condena por violación del varón. Aunque esta figura no se usa casi nunca en tales circunstancias, es incorrecta y permite abusos potenciales.

121. Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal.

122. La reclusión o prisión será de ocho a veinte años cuando en los casos del art. 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, ascendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guardia de aquella o con el concurso de dos o más personas.

123. Se impondrá reclusión o prisión de seis a diez años, cuando, en el caso del art. 120, mediare algunas de las circunstancias expresadas en el anterior.

124. Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años, cuando en los casos de los art. 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

CORRUPCION Y ULTRAJES AL PUDOR

125. El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado:

1ro. - Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuera menor de doce años;

2do. - Con reclusión o prisión de tres a diez años si la víctima fuera mayor de doce años y menor de dieciocho;

3ro. - Con prisión de dos a seis años, si la víctima fuera mayor de dieciocho años y menor de veintiuno.

Cualesquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión, desde diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guardia o que hiciera con ella vida marital.

126. Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción.

127. Se impondrá prisión de uno a diez años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del art. 119, sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el art. 122, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

127 Bis. El que se hiciere mantener, aunque sea parcialmente, por una persona que ejerce la prostitución explotando las ganancias provenientes de esa actividad, será reprimido con reclusión o prisión de tres a cinco años y multa de veinte mil a quinientos mil pesos.

127 ter. El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una mujer o de una menor de edad para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años.

La pena se elevará a ocho años si mediare alguna de las circunstancias enumeradas en el último párrafo del art. 125.

Art. 128. Será reprimido con prisión de dos meses a dos años el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, con el propósito de difundirlos o de exponerlos al público y el que los expusiere, distribuyere o hiciere circular la misma pena se aplicará al que diere espectáculos obscenos de teatro, cinematógrafos o televisión o efectuare transmisiones radiales de ese género.

La misma pena se impondrá al que exhiba, venda o entregue a un menos de dieciséis años, libros, escritos imágenes u objetos que aun no siendo obscenos puedan afectar gravemente el pudor de aquel, o excitar o pervertir su instinto sexual.

129. Será reprimido con prisión de dos meses a dos años, el que en sitio publico o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciere ejecutar por otro actos obscenos.

La misma pena se impondrá al que ejecutare actos de ese carácter en lugar privado, con el propósito de que sean vistos involuntariamente por un tercero.

RAPTO

130. Sufrirá prisión de uno a cuatro años el que con miras deshonestas substrajere o retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude.

La prisión será de dos a seis años, si la robada fuere una mujer casada.

131. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de dos a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS ANTERIORES

  1. En los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, presentando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

Consagra el casamiento del violador con su víctima como una forma de reparación. Además de que responde a una concepción anacrónica de la restitución del honor de la familia de la ofendida, ha probado ser una simple estrategia de los abogados de los violadores para evitarles la prisión, imponiendole a la joven ultrajada un casamiento consensuado formalmente, pero no libremente.

133. Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualesquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza cooperen a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

 

LEY 24.417 - PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Normas

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley:

Art.1.- Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.

2.- Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos, discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o Ministerio Público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.

Art. 3.- El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:

a) ordenar la exclusión del autor, de la vivienda donde habita el grupo familiar;

b)prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio;

c)ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad persona,, excluyendo al autor;

d) decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.

El juez establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.

Art. 5. El juez dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas precautorias, convocará a las partes y al Ministerio Público a una audiencia de mediación instando a las mismas y a su grupo familiar a asistir a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta el informe del art. 3.

Art. 6. La reglamentación de esta ley preverá las medidas conducentes a fin de brindar al imputado y a su grupo familiar asistencia médica psicológica gratuita.

Art. 7. De las denuncias que se presente dará participación al Consejo Nacional del Menor y la Familia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y todo tipo de violencia dentro de la familia.

Para el mismo efecto podrán ser convocados por el juez los organismos públicos y entidades no gubernamentales dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia a las víctimas.

Art. 8. Incorpórase como parr. 2 del art. 310 del Código Procesal Penal de la Nación (l 23.984) el siguiente:

En los procesos por alguno de los delitos previstos en el tipo segundo tits. I, II, III, V, VI tit. V cap 1 del Código Penal cometidos dentro del grupo familiar conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho y las circunstancias del caso hicieran presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez podrá disponer como medida cautelar la exclusión del hogar del procesado. Si el procesado tuviera deberes de asistencia familiar y la exclusión hiciera peligrar la subsistencia de los alimentados, se dará intervención al asesor de menores para que se promuevan las acciones que correspondan.

Art. 9 Invítase a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente.

Art. 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

 Esta ley fue dictada en diciembre de 1994 y se refiere a situaciones de violencia sufridas en el ámbito familiar por cualquiera de sus integrantes. Establece la competencia de los tribunales de familia y prevè una serie de medidas cautelares para la protección de las víctimas. Asimismo, contempla la obligación de denunciar hechos de violencia relacionados con menores que lleguen a conocimiento de los servicios asistenciales y educativos públicos o privados, profesionales de la salud y funcionarios publicos. Finalmente, establece una instancia de conciliación y la necesidad de un diagnóstico de interacción familiar.

Si bien hay profesionales que señalan que esta ley constituye un avance en relación con el vacio legislativo previo, al intentar dar una respuesta específica, esta ley sobre violencia intrafamiliar presenta una serie de problemas en relación con su adecuación a la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer:

  1. Su conceptualización no está basada en la violencia de género. Intenta dar respuestas similares a problemáticas diferentes.
  2. No tiene un alcance para todo el país sino para la Ciudad de Buenos Aires. La situación en las demás provincias depende de sus propias leyes provinciales.
  3. Solo dispone medidas cautelares y ello en forma insuficiente.
  4. No establece sanciones.
  5. Incorpora una instancia de mediación absolutamente criticable.
  6. Plantea un problema ideológico en relación a los bienes jurídicos en juego que no resuelve: preservación del vínculo familiar/integridad de las mujeres.
  7. Falta de evaluación suficiente y seguimiento de la ley.

 LEYES PROVINCIALES

Ante la falta de una legislación nacional con alcance territorial para todo el país, algunas provincias sancionaron sus propias leyes sobre violencia familiar. Algunas de ellas se inspiran en la ley 24.417 y establecen medidas protectorias. Otras, tienen un alcance mayor y establecen programas más amplios de prevención y asistencia. En lo que sigue se hace un breve comentario sobre las leyes de las provincias que han sido incluidas en el Presente Informe.

Ley Nro. 4.377, Provincia de Chaco

A través de esta ley se crea el Programa Provincial de Prevención y Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia Familiar, que se subdivide en dos programas, uno que trabajará con los casos de violencia familiar no constitutiva de delitos y otro con los casos que constituyen delitos. Estos programas serán ejecutados por la Comisión Permanente de Prevención y Asistencia las Víctimas de Violencia Familiar.

Con relación al programa de violencia familiar no constitutiva de delitos (que son todo tipo de agresiones físicas o de acción psicológica o emocional, proveniente de algún miembro del grupo familiar conviviente y que afecte en forma directa o indirecta la salud o altere el equilibrio o la armonía de la familia), la Comisión tendrá funciones de prevención, para lo cual: promoverá políticas y formulará proyectos, programas y acciones relativos a la prevención; coordinará y ejecutará los proyectos, programas y acciones; relevará permanentemente los recursos comunitarios y propenderá a su desarrollo; hará campañas de difusión para concientizar y sensibilizar a la comunidad; promoverá y organizará programas de formación y educación; promoverá la educación legislativa e institucional necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley; asegurará la recepción y tratamiento de las denuncias; promoverá cursos de capacitación, etc.

También implementará acciones de asistencia a las víctimas de violencia familiar, asistencia psicológica y social a las familiar o integrantes de ella, brindará asesoramiento jurídico y patrocinio letrado y asistencia social. Todas las acciones que llevará a cabo la Comisión será a través de un equipo interdisciplinario especializado en el tema.

Con relación a violencia familiar constitutiva de delito, lo que se dará cuando un integrante del grupo familiar sea sujeto pasivo de conductas tipificados en el CP, como atentatorios contra la vida, la integridad física o psíquica, honestidad o libertad. En estos casos, la Comisión, a través de su equipo multidisciplinario, brindará atención integral a la víctima.

Deberá prestar asistencia ante el requerimiento de la víctima o de cualquier de los miembros del grupo familiar, sus representantes legales, organismos o funcionarios competentes, instituciones sociales y ONGs.

Toda personas que se considere víctima de violencia familiar que no constituya delito, podrá realizar la denuncia ante el juez de familia, centros asistenciales u otros organismos. Quien se considere víctima de delito, podrá denunciarlo ante la policía, el fiscal o juez de instrucción, las que serán recepcionadas sin demora.

Protección y Asistencia a los Actos de Violencia Familiar. Ley 2.212. Provincia de Neuquén

Esta ley tiene por objeto la protección contra toda forma de violación de los derechos de las personas por algunos de los integrantes de su grupo familiar, estableciéndose un marco preventivo y procedimiento judiciales para la atención de los mismos. Adoptando una definición de grupo familiar amplia (unidad doméstica, conviviente o no, basada en lazos de parentesco por consanguinidad o afinidad, o que cohabiten en forma permanente o temporaria)

Se establece que la Subsecretaría de Acción Social será la encargada de la aplicación y la ejecución de la presente ley en todo lo que no competa la P.J. y de coordinar la planificación con organismos públicos y privados de la provincia.

Se dispone que toda persona que sufriese maltrato o abuso (incluyendo el sexual) por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos ante el juez competente (civil) o juez de paz, o ante las unidades policiales o cualquier otro organismo que la ley le otorgue esa función. La denuncia podrá hacerse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio letrado. La víctima podrá solicitar que se apliquen medidas cautelares.

Los organismos que reciban denuncias por violencia familiar y los que participen en la substanciación del proceso, mantendrán la reserva del denunciante.

Será un proceso sumarísimo, en la cual el juez requerirá inmediatamente de conocidos los hechos un diagnóstico psicosocial y fijará una audiencia personal, dentro de las 72 hs.

Con relación a las medidas cautelares, se establece que al tomar conocimiento de los hechos el juez podrá: disponer la exclusión del hogar, prohibir el acceso al domicilio o lugares de trabajo del damnificado, prohibir al sindicado como autor la realización de actos de intimidación, ordenar el reintegro al domicilio del damnificado que hubiere tenido que salir por razones de seguridad, o disponer otras medidas.

Una vez producido el informe psicosocial, el juez decidirá si mantiene o no las medidas dispuestas o si adopta otras, si les recomienda tratamiento socioterapéutico, si establece provisoriamente el régimen de alimentos, etc.

El juez controlará durante toda su vigencia el cumplimiento de las medidas y si de los hechos surgiere la comisión de un delito perseguible de oficio, remitirá copia de la denuncia al fiscal.

Se establece que los tribunales llevarán estadísticas de los casos presentados.

Violencia Familiar, Ley Provincial. 11.529, provincia de Santa Fe

La presente ley se aplicará a las personas que sufrieren lesiones o malos tratos físicos o psíquicos por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar. Quedarán comprendidos dentro de este grupo los vínculos surgidos por matrimonio o uniones de hecho, sean convivientes o no, comprendiendo ascendientes, descendientes y colaterales.

La presentaciones podrán hacerse en forma verbal o escrita, ante cualquier juez o ante el Ministerio Público, los que podrán adoptar alguna medidas de las previstas y remitirán las actuaciones al juez competente (juez de familia). Las actuaciones serán reservadas.

Se establece la obligatoriedad de la denuncia para los servicios asistenciales, sociales y educativos, públicos o privados, para los profesionales de la salud y todo otro funcionario que en sus funciones acceda al conocimiento de una situación de violencia familiar.

Una vez recepcionada la presentación y de considerarlo necesario, el juez requerirá una evaluación del estado de salud del agredido. Medie o no este informe, podrá: ordenar la exclusión del hogar, prohibir el acceso al domicilio o lugares de trabajo del damnificado, ordenar el reintegro al domicilio del damnificado que hubiere tenido que salir por razones de seguridad personal, decretar provisoriamente cuota alimenticia, tenencia y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar, etc., recabar todo tipo de informes.

El juez tendrá amplias facultades para disponer medidas con el fin de proteger a la víctima y hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de este tipo de hechos. La duración de las medidas impuestas quedará a criterio del juez teniendo en cuenta las características del caso. Luego de imponer estas medidas de carácter urgente, dará vista al Ministerio Público y oirá al presunto autor para resolver el procedimiento definitivo a seguir.

El juez proveerá medidas para que el agresor y/o el grupo familiar reciba asistencia médica – psicológica gratuita (lo que será obligatorio para el agresor). Ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta ley o la reiteración de hechos de violencia, podrá ordenarse la realización de trabajo comunitarios, sin perjuicio de otras medidas.

Se establece un circuito de información de las denuncias que se presenten al juzgado, a fin de que se coordinen los servicios públicos y privados y se aboquen a acciones que eviten las causas que generan violencia dentro del grupo familiar

Córdoba Proyecto de Ordenanza

A través de este proyecto de ordenanza se intenta crear un Programa de Investigación, prevención y atención para familias que padecen crisis por violencia familiar. Por "familias en crisis" se entiende a toda familia que manifieste a través de uno de sus miembros una situación de crisis personal provocada por violencia doméstica, a través de toda acción u omisión cometida en el seno de una familia por uno de sus miembros que menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o la libertad, que acusa en el seno daño al desarrollo de su personalidad.

Se dispone la creación del Centro de Atención familiar, que funcionará en forma interdisciplinaria, y realizará estadísticas e investigación, difundiendo la magnitud y consecuencias del tema, establecerá un servicio de atención a familias, preparará y ejecutará programas de difusión para la toma de conciencia y promoverá el intercambio y la capacitación de profesionales especializados. El servicio de atención a familias contemplará: información legal, atención y tratamiento médico y psicológico.

 

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Para mayor información, sírvase contactar a  Aparna Mehrotra, Punto Focal para la Mujer, Tel: (212) 963-6828 Fax: (212) 963-9545, e-mail:  mehrotra@un.org  

Dirección y Gerencia: Aparna Mehrotra
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